Opinión
«Se hace necesario avanzar en la discusión del sistema económico que necesita Chile, que se haga cargo de la necesidad de diversificar la matriz productiva. En lo particular, me parece que avanzar desde un Estado Subsidiario a un Estado Social de Derecho que entregue derechos mínimos garantizados a los ciudadanos, y permita al Estado actuar en materia económica, tal como lo han consagrado en sus Constituciones países como Brasil o Colombia, constituiría una avance sustancial».
Dentro del debate de la nueva Constitución, una de las críticas que se han deslizado de manera permanente por parte de sectores de la derecha y del empresariado está relacionada con la incertidumbre que esta discusión genera en el mercado y en las inversiones.
Al respecto me parece que hay que ser un poco más serios en la discusión, pues lejos de la incertidumbre la experiencia comparada nos muestra que en aquellos países donde se ha generado un proceso constituyente y cambiado la Constitucion, se observan mayores tasas de crecimiento, los tres años premodificación y los cinco años posteriores al cambio Constitucional, así lo ha documentado en un informe el Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales (UDP), que analizó el impacto de los procesos constituyentes en la inversión y el producto en 11 países de la región desde 1988 a la fecha.
Dicho lo anterior, me parece necesario abrir el debate en torno a los aspectos económicos que debería contener nuestra nueva Carta Fundamental. En ese sentido, hay que expresar que resulta de gran importancia mantener la institucionalidad y autonomía del Banco Central, entidad que ha permitido que nuestro país no haya tenido ninguna crisis bancaria, ni de balanza de pagos desde el retorno a la democracia, y además, ha tenido la responsabilidad de controlar la inflación y la estabilidad de pagos internos y externos, lo que permitió que la inflación disminuyera desde niveles cercanos al 30% en los inicios del retorno a la democracia a un 4,5% en la actualidad.
Si bien sobre este punto algunas voces comienzan a instalar la idea de incluir alguna disposición para que el Banco Central no solo tenga como misión fundamental mantener estable el valor de la moneda (léase, controlar la inflación), sino que también incorpore el objetivo de velar por el crecimiento económico, me parece que estas facultades se escapan a lo meramente técnico y puede no resultar prudente.
Impulsar y velar por el crecimiento económico es una tarea política que deben afrontar los Gobiernos de turno, apoyándose por cierto en el trabajo técnico que realizan organismos como el Banco Central Autónomo, cuyo fin es velar por la estabilidad monetaria, mantener la tasa de inflación baja y estable, la promoción de la estabilidad y eficacia del sistema financiero, y garantizar el funcionamiento de los pagos internos y externos, objetivos que permiten crear un entorno adecuado para la toma de decisiones de la autoridad política, y entre otros, permiten sentar las bases para un crecimiento sostenido de la economía del país.
En cuanto a nuevos aspectos económicos que debieran incluirse, lo fundamental en esta materia es superar el actual modelo económico, el cual evidentemente se encuentra agotado. Una nueva Constitución es necesaria, pero debe traernos un Nuevo Modelo Económico para garantizar que el desarrollo llegue a todos los chilenos y no solo a unos pocos como hasta hoy.
Para esto, se hace necesario avanzar en la discusión del sistema económico que necesita Chile, que se haga cargo de la necesidad de diversificar la matriz productiva. En lo particular, me parece que avanzar desde un Estado Subsidiario a un Estado Social de Derecho que entregue derechos mínimos garantizados a los ciudadanos, y permita al Estado actuar en materia económica, tal como lo han consagrado en sus Constituciones países como Brasil o Colombia, constituiría una avance sustancial.
En ese mismo contexto, resulta relevante que la nueva Constitución reconozca el dominio público pleno de los recursos mineros, del espectro radioeléctrico y de los recursos hídricos. En este sentido, hay que ser explícitos en manifestar que el agua no puede seguir tratándose como un derecho de propiedad individual, con el cual algunos especulan, sino que debe reivindicarse en el texto constitucional como un bien nacional de uso público y un derecho humano garantizado.
Abrir el debate Constitucional hacia el modelo económico que pretendamos darnos parece fundamental, pues sin duda este resulta clave para dibujar el modelo de sociedad que como país queramos construir, y lejos de generar incertidumbre, como han señalado algunos sectores del empresariado y de la derecha, este debate se hace necesario para dar una estabilidad política duradera al país, lo que a su vez es la mayor garantía de certidumbre para el mercado y las inversiones.
Daniel Ibáñez
Presidente de la Fundación Participa
