Propuesta original de Comisión Engel fijaba en un año el “período de enfriamiento” e incluyó a ministros y subsecretarios.
La expresión «puerta giratoria» se refiere a cuando un alto cargo público se va a trabajar a una empresa privada, con el potencial de obtener beneficios de su anterior ocupación pública y produciendo conflictos de interés.
Transparencia Internacional advierte el peligro de que “funcionarios públicos pueden incluso favorecer a ciertas compañías o sectores en sus decisiones mientras están en el gobierno con la esperanza de obtener un trabajo en el mundo corporativo una vez que dejen la administración pública”.
Y son precisamente esos argumentos los que han dejado expuesta a la ex subsecretaria de Economía, Katia Trusich.
Trusich renunció al ministerio en enero de este año y la semana pasada se supo que el 1 de junio asumirá como gerente de asuntos corporativos de la Compañía General de Electricidad (CGE). Y aunque la ley para los ministros y subsecretarios establece una prohibición de tres meses para trabajar en cualquier empresa fiscalizada después de dejar el cargo, su llegada a CGE a cinco meses de su salida del ministerio ha generado malestar entre algunos de sus ex colegas, aseguran fuentes de Economía.
Apuntan que, aunque en la práctica el trabajo de regular a la industria lo hace el Ministerio de Energía y la CNE, formalmente CGE es supervisada por el Ministerio de Economía y el rol de gerente de asuntos corporativos incluye responsabilidades de hacer lobby.
El sitio corporativo de CGE deja claro el rol de Economía: “En conformidad a lo dispuesto en la Ley Eléctrica vigente en Chile, las tarifas de distribución para los clientes finales son fijadas cada cuatro años por el Ministerio de Economía. Esta fijación se realiza en base a estudios encargados a consultores expertos, tanto por las empresas como por la Comisión Nacional de Energía (CNE), que es el organismo regulador del sector energético chileno. Las formulas tarifarias quedan establecidas a través de un Decreto del Ministerio de Economía, en el cual se incluyen las diversas modalidades de tarifas reguladas a las que pueden optar libremente los clientes”.
De acuerdo a sitios oficiales, el Ministerio de Economía, “en el sector eléctrico es el encargado de fijar las tarifas de distribución eléctrica, fijar los precios de nudo, resolver los conflictos entre los miembros de los CDEC y otorgar las concesiones definitivas previo informe de la SEC”.
Actualmente la restricción para puerta giratoria va desde tres a seis meses.
Pero el Consejo Asesor Presidencial Contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción, presidido por el economista Eduardo Engel, fijó en un año el “período de enfriamiento” e incluyó a ministros y subsecretarios, prohibiendo además que en esa etapa pudiesen contactar a funcionarios de la entidad en que trabajaron u otros organismos del Estado en relación con materias en las que se tuvo responsabilidad.
Sin embargo, el proyecto de ley enviado el 17 de junio del año pasado fue más suave y la restricción se mantendría en seis meses.
Trusich, abogada de la Universidad de Chile, es esposa del senador Felipe Harboe (PPD), ex subsecretario del Interior del primer Gobierno de Bachelet y cercano al mundo de la policía uniformada. Además es miembro de los militantes del PPD que pertenecen al círculo de confianza de la Mandataria.
Trusich fue gerente general de Genzyme –un laboratorio francés– para Chile, Perú y Ecuador antes de llegar al Ministerio de Economía. Sus contactos en el mundo privado son extensos y sus talentos valorados. Antes de su entrada al mundo empresarial, la abogada pasó por el prestigioso estudio de Carey, el más grande de Chile.
El año pasado, en paralelo con su rol de subsecretaria, tomó el curso para poder ser directora de AFP.
En su momento dijo que aceptar la subsecretaría significaba acceder a que sus ingresos caerían a la mitad.
