Su rol es cuestionado por Contraloría y en el mercado apuntan a conflictos de interés
Esquiador olímpico, piloto amateur y economista. Asesor de Álvaro Clarke (DC) en la SVS. A partir de ahí, armó una serie de millonarios negocios y asesorías que lo convirtieron en pocos años en una de las voces más influyentes en temas de gobiernos corporativos, justo cuando la materia se tomaba la agenda. Esa carrera lo llevó al directorio de SQM de la mano del propio Julio Ponce. Desconocido a nivel masivo, el economista saltó a la palestra por su rol en la llegada del SuperTanker cuando los incendios eran tema de portada. Vinculado desde años con el lobbista Darío Calderón, realizó asesorías a empresas de Álvaro Saieh en la fusión de CorpBanca e Itaú, y a sociedades Cascadas que controla Ponce. Desde el círculo del economista discuten los cuestionamientos, a la vez que afirman que su objetivo ha sido mejorar las prácticas del sistema financiero y que sus asesorías dan valor agregado a las empresas (ACTUALIZADA).
“La paz siempre es bienvenida. Pero la paz Ponce no es paz, sino agresión”.
La rimbombante frase pertenece a Hans Dieter Linneberg y fue suscrita en una columna del 30 de diciembre de 2013 aparecida en La Tercera, en respuesta a otra publicada en el mismo medio por César Barros, el ex presidente de La Polar, quien criticaba el exceso de acidez mediática generada contra SQM y su controlador indirecto –a través de las sociedades Cascada–, Julio Ponce Lerou.
Linneberg refutaba duramente a Barros, recordándole que presidió una firma que no tenía accionista controlador y donde los minoritarios habían sido afectados por el devenir de la compañía, tras el escándalo de las repactaciones unilaterales destapado en 2011 y que aún mantiene a la multitienda de capa caída.
Pese a la diatriba anti-Ponce, Linneberg no puso los pies donde fijó el corazón. Fue elegido director de SQM menos de un año y medio después –abril de 2015– con los votos del mismo Ponce, a través de la Cascada Pampa Calichera. La llegada de Dieter, en ese caso, coincidió con la salida de Ponce de la presidencia, aunque mantuvo momentáneamente a Juan Antonio Guzmán al frente.
Por su rol desde entonces en SQM, donde además preside el Comité de Directores e integra los comités de auditoría y de gobierno corporativo, Linneberg recibió $ 53 millones en 2015.
Aunque es presentado como un hombre independiente de Ponce, lo cierto es que el ahora ex director ejecutivo del Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile no es ajeno a los poderosos y menos al “hombre fuerte” de SQM.
En efecto, Linneberg ha sido visto en varias ocasiones en las oficinas de Darío Calderón, un histórico abogado y lobbista. Si bien sus cercanos dicen que jamás ha usado esas oficinas para trabajar, lo cierto es que Calderón y Linneberg se conocen desde hace ya dos décadas.
El que sí ha utilizado dichas oficinas es Hugo Caneo, quien dirigió el área de cumplimiento de mercado de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en 2013, cuando la entidad imputó administrativamente a Julio Ponce y su círculo cercano por el denominado esquema de operaciones con acciones de la cadena de control de SQM, las llamadas sociedades Cascada.
El vínculo de Linneberg, Caneo y Calderón no es trivial. Calderón –al que el fallecido Eduardo Bonvallet bautizó como ‘Conde Negro’ durante su paso por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP)– ha sido asesor muy cercano de Ponce Lerou, así como de Álvaro Saieh, el ex controlador de CorpBanca, representando sus intereses en los pasillos públicos y privados del poder.
En esa línea, el economista presenta en los últimos años diversas actuaciones que han sido cuestionadas en la industria financiera y al interior de la Universidad de Chile, al representar a una entidad alojada en una universidad pública y, al mismo tiempo, dar asesoría a distintas empresas, generando choques de intereses.
Quienes conocen a Linneberg discuten esa visión y afirman que él y su equipo siempre han apuntado a dar valor agregado a las empresas, al tiempo que consideran que han sido un aporte en mejorar las prácticas y transparencias de la industria financiera.
El vínculo de Linneberg con el aún controlador indirecto de SQM no es casual. El 8 de noviembre de 2016, se conoció la noticia del forzoso aterrizaje de una avioneta en Pirque. Sus pasajeros eran: Luis Eugenio Ponce Lerou, hermano del carismático Julio, y el piloto, Dieter Linneberg.
Había pasado poco más de un año desde que Dieter había asumido el “desafío” de ser director independiente en SQM, con votos del controlador de la minera no metálica. El economista Alejandro Ferreiro, ex superintendente de Valores y Seguros, siendo Linneberg su asesor, le prestó apoyo.
En octubre de 2015, afirmó –cuando recién la SVS había sancionado al directorio de SQM por no entregar información del financiamiento a la política– que Ponce ya no tenía el control directo de la minera no metálica y aseguraba que era impensable que Linneberg “responda a los intereses del señor Ponce”, a la vez que señalaba que “acá hay directores que han sido formalmente nombrados con votos de Julio Ponce, pero que claramente no responden a Julio Ponce”.
La anécdota aérea cobra más relevancia al advertirse que en mayo de 2016 –cinco meses antes del accidente– Luis Eugenio Ponce había asumido la presidencia de SQM, en reemplazo de Juan Antonio Guzmán, quien, a su vez, había sucedido a Ponce meses antes en la presidencia de la polémica firma. Es decir, Luis Eugenio Ponce Lerou era presidente de la minera desde mayo de 2016 y cuatro meses después figuraba viajando en avión con el director independiente. El mismo que ha sido visto frecuentando las oficinas de Calderón, íntimo de Julio Ponce, junto a Caneo, el ex asesor de la SVS clave en el caso Cascada.
Cabe mencionar que Linneberg no tiene avión propio, sino que los arrienda cuando desea pilotear.
Y es que Linneberg sabe de pasillos del poder. A comienzos de la década del 2000 ingresó como asesor a la SVS, cuando la lideraba otro de sus cercanos, el DC Álvaro Clarke, y luego continuó en el cargo cuando asumió Ferreiro en 2003. Dieter, en ese momento militante PS y nada ajeno al poder, había sido al inicio del lustro candidato a conducir la Digeder –el máximo organismo del deporte de ese momento–, incentivado por su pasado como deportista de elite, habiendo representado a Chile en la disciplina de esquí en los Juegos Olímpicos de 1984 y 1988.
Pero conocía a Calderón desde antes. Se vinculó con él cuando recién se prospectaba la posibilidad de crear sociedades anónimas deportivas para la organización del fútbol profesional chileno. Calderón había sido a comienzos de los 90 figura clave en el balompié y aspiraba a proyectar su rol corrigiendo la institucionalidad que por años había visto a clubes zozobrar económicamente.
Pero desde que llega a la SVS, Dieter se enfoca en el sistema financiero. En la Superintendencia trabaja codo a codo con Clarke y les toca enfrentar juntos el caso Chispas –con millonarias sanciones a ejecutivos de Enersis por la venta de acciones controladoras a Endesa España– y posteriormente la elaboración de una nueva regulación, que buscaba comenzar a proteger a accionistas minoritarios a través de la Ley de Opas.
Clarke saldría abruptamente en 2003 por el impacto del caso Inverlink. El Estado perdía más de 100 millones de dólares a manos del ‘bicicleteo’ financiero que conducía Eduardo Monasterio –controlador del grupo Inverlink, fallecido hace poco–, en un caso que generó escándalo por la participación de figuras de la entonces Concertación en sus directorios, entre ellos, el ex ministro de Economía, Álvaro García (PPD).
La relación de Linneberg y Álvaro Clarke es cercana. En distintas instancias donde Clarke llegó, figuraba el ahora ex director del Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile.
Así, Clarke fue parte del directorio del centro que dirigía Dieter en la Universidad de Chile, y ambos participaron en el Consejo Consultivo del Mercado de Capitales creado al alero del Ministerio de Hacienda. El tercer integrante del directorio del centro era Pedro Hidalgo, jefe del Departamento de Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de dicha casa de estudios.
Y no solo de negocios conversan Linneberg y Clarke. Aunque Linneberg no acostumbra intervenir en política pública, lo hace cuando se vuelve necesario. En medio de las críticas del empresariado a las reformas del actual Gobierno, un grupo de militantes y simpatizantes de la DC, el partido más díscolo frente a la actual administración, firmó un documento en marzo de 2016 –Progresismo sin Progreso–, donde cuestionaban el rumbo del país.
Dicha carta, encabezada por la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, la suscribían varios ex personeros gubernamentales, varios de ellos ex reguladores del sector financiero. Clarke y Linneberg estaban en el listado, al igual que Mario Jerez, quien fuera subdirector de Cenabast en el periodo en que se asignó una asesoría de gobiernos corporativos al centro que dirige Linneberg.
Dieter Linneberg es especialista en gobiernos corporativos, la entelequia importada de países desarrollados que alude a la forma en que las empresas conducen sus negocios, incluyendo administración y directiva. Por ello, su nombre y el de los tecnócratas que se mueven en ese ámbito figuran en el debate público como voces autorizadas frente a escándalos de corrupción o mala gestión de las compañías.
Así, no sorprendió que en 2014 el Centro de Gobiernos Corporativos (CGC) a cargo de Linneberg y Clarke fuera contratado por CorpBanca para dilucidar la disputa pública que tenía el controlador del banco, Álvaro Saieh, con uno de sus accionistas minoritarios, el fondo estadounidense Cartica, a propósito del acuerdo firmado por Saieh con el brasileño Itaú Unibanco para fusionar ambas entidades.
La operación, anunciada en enero de 2014 y respecto de la cual Linneberg dio opiniones positivas desde el principio, fue cuestionada por Cartica, acusando a Saieh de obtener privilegios por sobre el resto de los accionistas, incluyendo el reclamo de que era necesario que Itaú hiciera una OPA por el cien por ciento de la compañía.
En ese contexto, el trabajo preparado por un grupo de economistas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, coordinado por Linneberg, descartó perjuicios a los minoritarios y privilegios a Saieh, aunque sin analizar el ‘préstamo’ a este de los brasileños, como parte del acuerdo de fusión.
El estudio de Linneberg y el equipo de la Universidad de Chile fue presentado a fines de agosto de 2014 y su publicación respondió a una cuidadosa puesta en escena. El informe lo pidió CorpBanca, siendo elaborado por Linneberg y los economistas que él coordinó. Además, el día que se hizo público, los asesores comunicacionales de CorpBanca, liderados por la agencia Simplicity, efectuaron las gestiones para que los medios dieran a conocer solo la información que interesaba a su cliente.
En una entrevista concedida al diario de propiedad precisamente de Saieh, La Tercera, Linneberg descartó conflictos de interés por el hecho de que Saieh fuera decano de dicha facultad en los 80, junto con rechazar que hubiera realizado aportes económicos a la misma casa de estudios.
Linneberg afirmó todas las pruebas de blancura posibles. “El centro que yo dirijo nunca ha recibido alguna donación o aporte de CorpBanca, CorpGroup o alguna persona relacionada con este estudio”, aseguró, aludiendo a la independencia que tendría el Centro de Gobiernos Corporativos.
Sin embargo, no contó toda la historia. El 29 de octubre de 2015, la Contraloría General de la República emitió un informe final de auditoría a la Facultad de Economía de la Chile. En él hacía varios cuestionamientos administrativos a la entidad, incluyendo contrataciones directas de la universidad con sociedades comerciales (EIRL) vinculadas a funcionarios de planta. Uno de ellos era Dieter Linneberg.
En el Anexo 3 de dicho informe, figuran cuatro servicios contratados por la señalada facultad con la sociedad Hans Dieter Linneberg Arancibia EIRL. Al mismo tiempo, Dieter figuraba como funcionario de planta a media jornada de la casa de estudios superiores.
Cuatro eran los servicios cuestionados. El primero del 20 de octubre de 2014, en que Linneberg recibe $ 6,15 millones por ser “responsable de las propuestas para la Corporación Administrativa del Poder Judicial”. También figura un contrato por $ 6,6 millones, del 1 de diciembre de 2014, por ser “coordinador académico en tesis de diplomado de gestión tributaria para la auditora KPMG”, así como otro por $ 10,8 millones, por ser coordinador general del proyecto de estudios de costos de isapre Colmena, de propiedad de Bethia.
El último contrato cuestionado era por $ 9 millones y la factura está fechada el 15 de diciembre de 2014, también con la sociedad de Linneberg. El servicio prestado por esa sociedad es de “coordinador en asesoría CorpBanca”.
Según el detalle de las labores que Dieter tiene a cargo por estar contratado a media jornada en dicha casa de estudios, coordina la relación entre la FEN y la Cámara Chileno Británica, además de “atraer a empresas a formar parte del Steering Commitee” y desarrollar estudios.
Es decir, de acuerdo a lo indicado en el informe, para “coordinar” el peritaje pedido y pagado por el banco controlado por Saieh y que terminó favoreciéndole en su negociación con Itaú, Linneberg recibió de la facultad a la que pertenecen los economistas que hicieron el estudio un relevante pago en dinero. Su explicación sobre la total independencia del centro que él dirigía respecto de la Universidad de Chile entra en duda, dado que él registró un contrato directo con dicha casa de estudios.
Los contratos de Linneberg con la FEN fueron parte de los actos cuestionados por Contraloría y que todavía no eran plenamente subsanados por la entidad que dirige Manuel Agosín cuando se dio a conocer el informe de seguimiento, publicado el 26 de marzo de 2016. A dicha fecha, Linneberg ya no se desempeñaba en ese cargo.
En efecto, en tal documento el ente contralor señala que está estudiando antecedentes para dar inicio al sumario administrativo, con el objeto de “establecer responsabilidades administrativas que eventualmente pudieran derivarse de los hechos descritos”.
Dieter Linneberg dejó silenciosamente su cargo en el Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile. Los medios que lo han aludido consignan que ocurrió a fines de 2016. Pero la realidad es que Linneberg abandonó su cargo mucho antes, en 2015. Eso sí, según los registros de la Universidad de Chile, su último sueldo en el nivel de ‘directivo’ lo recibió en junio de 2016. La cifra es inferior a la que recibía en años anteriores. Siendo el mismo cargo de siempre, se le pagó $ 2,83 millones brutos, cifra representada casi en su totalidad por “Asignaciones Especiales”.
El ‘austríaco’, como era conocido en el mundo del esquí por su vínculo con el país europeo y su desempeño deportivo, tiene una relación más antigua con el grupo Saieh. Se desempeñó como gerente técnico de VidaCorp, la compañía de seguros de Saieh (que vendió en 2013), entre marzo de 2006 y octubre de 2007.
Las cifras llaman la atención, pues su participación en dicha firma podría datar de más tiempo. Un informe de clasificación de ICR –clasificadora que ayudó a formar con Álvaro Clarke–, de octubre de 2005, registra a Linneberg en un cargo ejecutivo de la compañía de seguros, es decir, casi seis meses antes de la fecha indicada por él en su historial.
La situación se torna más compleja al considerar que, mientras en octubre de 2005 el economista figuraba como gerente técnico de la compañía de seguros de Saieh (fiscalizada y regulada por la SVS), los últimos días de septiembre de ese año actúa como panelista, en representación de la superintendencia, en un evento sobre gobiernos corporativos de la Comisión Nacional de Valores de Panamá.
Su jefe en ese momento era Alejandro Ferreiro, quien llegó en 2003 a la SVS y la dejó en marzo de 2006. En 2009, luego de ejercer como ministro de Economía de Michelle Bachelet en su primer Gobierno, Ferreiro asumiría en el directorio de CorpVida y como asesor de CorpBanca, ambas entidades controladas en ese momento por Álvaro Saieh.
Cabe mencionar que un porcentaje del pago de CorpBanca a la universidad, por el estudio que coordinó Linneberg, quedó en la facultad y otro en el centro. Según reconocen las fuentes, casi un tercio de los ingresos provenientes de privados van a la facultad y al CGC. Es decir, Saieh, a través de CorpBanca, sí pagó –en realidad– al centro por el rol de coordinador de Linneberg, pese a que este negó cualquier ingreso para la institución que conducía.
No solo Dieter trabajó para CorpBanca en la fusión. La propia KPMG, por medio de un peritaje de su socio Alejandro Cerda, emitiría un año después un informe que respaldaría la posición de Saieh en la negociación con Itaú por el control de CorpBanca, afirmando que la sede local de los brasileños había perdido US$ 1.000 millones de valor por su mal desempeño en 2014. Eso sí, la auditora fue elegida como perito independiente por ambas partes y luego de su trabajo se presentaron otros con similares posturas.
KPMG era una de las empresas que financiaba el centro y además, por varios años, organizó un seminario de gobiernos corporativos en el Hotel Ritz.
Además de estas labores, desde el centro hicieron asesorías a fiscalizadores y fiscalizados. Entre diciembre de 2009 y enero de 2010, Linneberg facturó $3,4 millones por dos asesorías en gobiernos corporativos a la Caja de Compensación 18. Y entre abril y junio de 2010 recibió $ 5,2 millones por una asesoría sobre igual ámbito a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
A fines de 2009, recibió también otros $ 2 millones por una asesoría a la Central de Abastecimiento (Cenabast), labor que abarcó desde el 23 de septiembre al 31 de diciembre del 2009, por ser el jefe de dicho proyecto, aprobado por el director del servicio Mario Jerez Espina, el mismo que figuraba junto a Dieter y Clarke firmando, en 2016, la carta de los militantes y simpatizantes DC en que se criticaban las reformas del Gobierno actual.
El vínculo de Dieter Linneberg con Darío Calderón también hace ruido por su relación con Julio Ponce. Y no solo por el incidente del avión, donde volaba junto a su hermano Luis Eugenio.
En septiembre de 2013, la SVS anunció la formulación de cargos contra Julio Ponce Lerou, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica, entre otros, por su rol en el “esquema” de operaciones bursátiles que habría perjudicado a las sociedades Cascada, controladoras indirectas de SQM. Ulteriormente, a fines de enero de 2014, surgió la segunda parte de las acusaciones, esta vez sobre los que ejecutaron las operaciones, en especial, la corredora de Banco de Chile y el principal ejecutor de las transacciones, la corredora LarraínVial, incluyendo a su socio principal, Leonidas Vial.
Ante la SVS y en los años siguientes ante tribunales (en las causas civiles que se iniciaron como consecuencia del intento de impugnar las sanciones), se multiplicaron los informes económicos y en derecho en favor de acusados y acusadores. Y Linneberg –hoy director independiente en SQM, elegido con votos de Ponce Lerou, como se señaló– junto a Clarke y el Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile, no han estado ajenos.
Álvaro Clarke, ex titular de la SVS, preparó un informe económico para LarranVial, la corredora que ejecutaba las órdenes de Ponce Lerou en la Bolsa y que, según la SVS, fue un actor instrumental en el esquema. Clarke era presidente del CGC en ese momento, al tiempo que el centro recibía aportes del estudio de abogados Cariola y Cía., el mismo que defendía a la corredora de Leonidas Vial en el mencionado caso Cascadas.
El informe de Clarke fue determinante en un fallo de primera instancia que dejó sin efecto las multas a la corredora y a Leonidas Vial, donde la jueza le asigna un valor especial a su opinión como “experto”, pese a que la propia clasificadora de Clarke, ICR, tenía en ese momento como clientes a distintos fondos administrados por LarrainVial.
La posición de la Universidad de Chile y los vínculos de Dieter Linneberg y Clarke con LarrainVial presentan un escenario complejo. En el mismo caso Cascadas, la corredora encargó un informe a dos académicos de dicha casa de estudios y luego Moneda Asset Management, la administradora de fondos que gatilló el caso, apuntando directamente a Julio Ponce, pidió otro a la misma universidad.
El primero –elaborado por el economista José Olivares– confirmó la defensa de la corredora, mientras el segundo –que preliminarmente se suponía que habría detectado operaciones “anormales”– finalmente nunca se conoció públicamente. En el mercado siempre existió el rumor de que en realidad no favorecía a Moneda y que por eso nunca fue presentado como prueba. A los vínculos del CGC y la universidad con LarrainVial, a través del estudio de abogados Cariola, se suma la antigua amistad que une a Linneberg con Pablo Echeverría, presidente de Moneda Asset. Juntos han compartido el gusto por el esquí y se conocen desde la juventud.
Pese a todo, en abril de 2015, Linneberg asumió sin cuestionamiento alguno como director independiente de SQM, y asimismo en el Comité de Directores y el de Gobierno Corporativo.
Álvaro Clarke, en tanto, dejó la SVS en 2003. Desde enero de 2005 lanzó la clasificadora de riesgo, ICR, y a partir de enero de 2007 integró el directorio del Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile, mientras Linneberg asumía como director ejecutivo. Clarke, además, presidió el Consejo Técnico de Inversiones de la Superintendencia de Pensiones entre 2008 y 2013, encargado de asesorar al regulador en lo que se refiere a modificaciones al régimen de inversiones de las AFP, accionistas permanentes en las grandes empresas que son clasificadas por ICR y su competencia.
Su vínculo con Dieter es palpable y ha generado buenas alianzas. El 21 de abril de 2008, el propio CGC de la Universidad de Chile celebraba la realización de un seminario sobre gobiernos corporativos en empresas públicas en conjunto con la auditora KPMG.
Según relataba la institución misma que conducía Linneberg, el evento formaba parte de una alianza suscrita entre la Facultad de Negocios de la citada universidad, KPMG y “un grupo de empresarios entre los cuales podemos nombrar al señor Álvaro Saieh, Jorge Awad, Álvaro Clarke y Cristián Bastián”. Aunque dicho acuerdo –cuentan cercanos a Linneberg–nunca fructificó, sí hizo posibles los primeros acercamientos para comenzar a generar ingresos para el centro de la Chile.
Clarke pasaría a presidir la entidad que dirigía Linneberg, en tanto Bastián era socio principal de KPMG desde 2007. Cabe mencionar que la auditora tenía vínculos con el centro desde que se formó en 2006.
El problema con el centro es que que nunca se institucionalizó jurídicamente, pero Dieter logró vincularlo con distintas empresas a las que después les terminaron haciendo asesorías y cursos ligados a gobiernos corporativos y mercado de capitales.
KPMG, el banco Santander y el estudio de Cariola fueron algunas de las empresas y entidades que hicieron en los años siguientes aportes permanentes al centro. El objetivo era dar viabilidad a la generación de estudios y trabajos que allí se hacían.
Dichos aportes hoy ya no existen. Se terminaron en 2015, casi al mismo tiempo que Linneberg y Clarke dejaron sus cargos al frente del centro.
Cabe mencionar que este medio trató en varias ocasiones de obtener la versión de Clarke, pero sin éxito.
Si acaso una de las situaciones más complejas que ponen en cuestión a Linneberg, es el rol que jugó a su alero el ex jefe de cumplimiento de mercado de la SVS, Hugo Caneo Ormazábal. Figura clave en el caso Cascadas, elaboró la parte central de la resolución que acusó a Julio Ponce y su círculo cercano, LarrainVial y sus ejecutivos, así como a otros actores fundamentales del caso. Caneo concretó su salida de la SVS en marzo de 2014, cuando recién asumía la Presidenta Bachelet y se esperaba al reemplazante de Fernando Coloma.
En ese momento el abogado ya tenía acordado con Linneberg sumarse al CGC. Y aún más. Pocas semanas después de llegar, CorpBanca le encomendaba a Linneberg los estudios que buscaban confirmar o descartar privilegios para su controlador, Álvaro Saieh.
En agosto de 2014, el centro publicó su informe y una parte del mismo no se hizo público. Se trataba del capítulo destinado a gobiernos corporativos y la discusión sobre si era necesaria la OPA de Itaú sobre CorpBanca. Su autor era Caneo y los resultados favorecían a Saieh.
Su participación no es baladí. Caneo provenía de la SVS, entidad que hasta ese momento aún no confirmaba si tendría que determinar si era necesaria la OPA para la fusión, decisión, esta última, que estaba a cargo de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) que dirigía Eric Parrado.
Pero además Caneo dejaba la SVS para unirse a Linneberg, quien mantenía fuertes vínculos con uno de los principales asesores de Saieh, Darío Calderón.
No solo eso. Caneo está casado con Soledad Huerta, quien es, desde 2012, jefa de la Unidad de Bancos de la Sbif, la entidad que debía aprobar o rechazar la fusión de CorpBanca con Itaú.
Caneo abandonó la SVS en marzo de 2014, pero –según Transparencia–su contrato expiraba en mayo de ese año. Sin embargo, datos públicos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile muestran que Caneo recibe su primer sueldo ya ese mismo mes.
Aparentemente, Caneo disponía de días de vacaciones pendientes en su paso por la SVS y eso explica que pudiera empezar su nuevo trabajo en mayo.
Por otro lado, Cartica, el fondo norteamericano que cuestionaba a Saieh y la operación, había pedido el 10 de abril a la SVS pronunciarse sobre la fusión y, días después, tal organismo derivaba la consulta a la Sbif, institución que –según la SVS– era la encargada de verla. En noviembre de ese año se conocería un intercambio de oficios entre la Sbif y la SVS, donde la primera pedía a la entidad liderada por Carlos Pavez que se pronunciara sobre si se requería OPA para la fusión, ante lo cual Pavez respondía que no y la Sbif confirmaba que tenía la misma opinión. Hasta ese momento, ni la SVS había dicho algo así en público –aún más, se sabe, negaba tener un rol–, ni la Sbif había dado luces al respecto, silencio que mantuvo hasta que confirmó la fusión en septiembre de 2015.
Caneo no elude las consultas. Afirma que no tenía rol alguno en la SVS vinculado a la fusión de CorpBanca e Itaú; tenía claridad de que además dicha institución no intervendría en el caso, pues CorpBanca no estaba regulada ni fiscalizada por dicha institución y asegura que su informe no fue más que “mi mejor opinión como abogado conocedor de temas de gobiernos corporativos y legislación sobre OPA”.
Acerca del rol de su mujer, Caneo señala que no le corresponde opinar, toda vez que él trabajaba en la SVS y no en la Sbif y porque a quien le correspondía inhabilitarse por una situación así sería a ella, lo que en la práctica efectivamente habría ocurrido. Además, de acuerdo a cercanos a ambas superintendencias, la Unidad de Bancos está por debajo del rol de la fiscalía de la Sbif y, finalmente, quien decide es el superintendente. Por ello, apunta Caneo, no existe –a su juicio– conflicto de interés y, en lo que pudiera haberlo, fue zanjado correctamente.
Efectivamente, CorpBanca no está bajo el paraguas regulatorio ni fiscalizador de la SVS. Pero hasta el 17 de marzo de 2014, en los días en que Caneo dejaba dicha institución, Corp Group Banking, el holding a través del cual Saieh controlaba CorpBanca, seguía inscrito en la SVS y, por ende, fiscalizado por esta. Ese 17 de marzo, Carlos Pavez, recién asumido, firma la resolución que cancela la inscripción de CGB de sus registros, la que había sido solicitada por Saieh en noviembre de 2013, en los días previos a que se anunciaran las conversaciones de CorpBanca con distintos bancos para fusionarse.
Entre el 22 de abril y el 30 de junio de 2014, figura la prestación de servicios profesionales de Caneo con el CGC, por dos pagos de dos millones de pesos. De acuerdo a lo que informó el CGC, Caneo recibió esta cifra por ser “responsable de informes de reformas orgánicas procesales y de la evolución para la corporación administrativa del poder judicial. La labor está incorporada en el departamento de administración».
Con posterioridad, figura el pago de 14,4 millones en 6 cuotas para el periodo del 1 de julio al 30 de diciembre de 2014, por su labor ya como “coordinador general del área de estudio del área de gobiernos corporativos y mercados de capitales”, y el que visa es el Departamento de Administración a cargo de Pedro Hidalgo, quien al mismo tiempo integraba el equipo de Dieter en el CGC. Para muchos esa relación representaba un conflicto de interés relevante y algunos en la facultad lo hicieron saber a las autoridades.
En 2015, Caneo recibió otros 19,2 millones de pesos, registrándose su trabajo como “organizador de estudios de área de gobiernos corporativos”, en particular la difusión del centro de estudios y comunicaciones sobre la actualidad local y mundial con los gobiernos corporativos y mercado de capitales, además de análisis de nuevas normativas y propuestas de reformas a los mercados de capitales y diseñar cursos en el área legal y en gobiernos corporativos.
Entre junio y julio 2015, el antes aludido recibe 2,5 millones por participar en la asesoría sobre Colmena, y en 2016 recibió 11,2 millones por su rol como coordinador general de estudio del área de gobiernos corporativos y mercado de capitales.
Según altas fuentes ligadas al CGC de la Universidad de Chile, la orgánica ha cambiado y la contratación de asesorías también. Se reconoce que mientras lo condujo Linneberg hubo labores que no se veían bien por conflictos de interés. Afirman que ahora son más cuidadosos. Si llega una propuesta de asesoría se evalúa si corresponde aceptar y finalmente es Pedro Hidalgo quien lo define.
Aunque Linneberg nunca hizo pública su salida, desde la Universidad de Chile advierten que ella ocurrió poco después de ser elegido director independiente, con votos de Julio Ponce, en abril de 2015. Desde entonces, afirman, Caneo lo relevó en su puesto, aunque hasta hoy el ex jefe de Cumplimiento de Mercado de la SVS sigue boleteando para la universidad y ejerciendo su labor de abogado privado.
Las fuentes comentan que los ingresos del centro ya no dependen de aportes de privados, sino que provienen fundamentalmente de cursos.
Dieter es un hombre del aire. Apasionado del pilotaje de aviones, fue figura central en la pasada emergencia generada por los incendios en la zona centro sur del país.
Y nuevamente su credibilidad estuvo en duda. Apareció en todos los medios durante días, presentándose como representante de Global SuperTanker en Chile, la firma que trajo el avión que fue clave en las labores para detener el fuego.
Linneberg hizo un fuerte lobby ante el Gobierno, ofreciendo los servicios de la empresa estadounidense, incluyendo tarifas y periodo de servicio. De su rol nació el interés de los medios por dar a conocer su pasado. Y como acostumbran los medios, el foco estuvo en su pasado más frugal, como deportista olímpico representando a Chile en los Juegos Olímpicos de 1984 y 1988 en la disciplina de esquí.
Sin embargo, la sorpresa vino cuando ya el SuperTanker no regaba agua en los bosques incendiados. Y llegó de boca del máximo ejecutivo de la compañía, su CEO (presidente ejecutivo) James Wheeler, quien en entrevista con El Mercurio señaló, el 5 de marzo pasado, que no existía un representante legal de la empresa en el país y acotaba el rol de Linneberg –a quien dijo no conocer antes de llegar a Chile– a algunas gestiones para la instalación y operación del avión.
En esas lides Linneberg es conocedor. Su sociedad DEF Consultores figura como proveedora del Ejército.
Sin embargo, la ausencia de transparencia respecto de su rol en el tema no trepó tras los dichos de Wheeler, pese a que el CEO de Global SuperTanker afirmó no saber por qué Linneberg y su socio Frugone ofrecieron el servicio de la empresa en el país. La empresa asegura representarse a sí misma en todo el mundo. De hecho, no le pagaron comisión sino solo una tarifa por sus servicios.
Cercanos a Linneberg advierten que él indicó en una entrevista que no era representante y aseguran que no recibió ingresos por las gestiones sino que lo pagado por la compañía fue para cubrir los gastos por las labores de apoyo en que él y su socio incurrieron.
(N.d.R. – El acuerdo que crea el Centro de Gobiernos Corporativos de la U. de Chile es de 2006 y de ahí nace el vínculo con KPMG. Linneberg llegó después. Cristián Bastian asume como socio principal de la firma en febrero de 2007. Versión original daba la impresión que fue en 2008.
