Opinión
Como científico, uno se pregunta: ¿por qué este proyecto hoy? Ocurre que el conocimiento, tradicionalmente concebido como saber, ha pasado a ser en el sistema que vivimos, una mercancía, y de las más valiosas para la economía. Este modelo requiere entonces normar su producción. Sin embargo, parece olvidarse que no por tener más “papers” per cápita o más “máquinas” lograremos la ciencia y la tecnología que requiere nuestro país.
Sin duda el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología enviado hace unos meses por la Presidenta al Senado es un gran avance. Sin embargo dicho proyecto no contiene definiciones sobre qué entenderá el país cuando hable de Ciencia y Tecnología (CYT). Se trata solo de un esquema orgánico que reagrupa la dispersa institucionalidad existente, dejando los mecanismos de decisión y los recursos en unos pocos nominados.
En los hechos, este esquema no considera la experiencia histórica de desarrollo de la CYT en Chile y de la comunidad que la ha venido desarrollando.
El proyecto no presenta ninguna noción de lo que entiende por «ciencia», «tecnología» e «innovación», a pesar de que se habla de ellas en diferentes partes y con diferentes significados. Nos preocupa que esta falta de definiciones sea parte del diseño, y en vez de delinear política estratégica, solo se esté normando la manera en que convivirán los actuales centros de poder y presión existentes en los ámbitos productivo, empresarial y de gobierno.
El proyecto, en su presentación de intenciones, dice asumir una concepción del desarrollo conocida como «desarrollo inclusivo», un diseño basado en conceptos de la Cepal, y difundido en la Cumbre Iberoamericana del año 2008. Esta considera una estrategia de largo plazo destinada a superar la estructura económica productiva heterogénea de países como Chile, como requisito para lograr un crecimiento sostenido con equidad.
Se podría pensar entonces, que se desvía algo de la ortodoxia neoliberal, pero en su desarrollo plantea otra cosa. En efecto, el proyecto puede concebirse como una adecuación de la actual institucionalidad para ponerla al servicio de la “economía del conocimiento», privilegiando un modelo de grandes centros/empresas de CYT, conocidas y promovidas por la OCDE como public/private partnerships.
En un país como el nuestro, eso significa entregar la propiedad del conocimiento a manos de grandes consorcios; segregará la comunidad de investigadores entre quienes dirigen y quienes hacen, algo conocidamente negativo en el ámbito científico. Más aún, se dejan las iniciativas a particulares y al mercado más que al Estado o a la comunidad.
Es así como la organización institucional propuesta queda a cargo de órganos de decisión que estarán compuestos por personas naturales y no representantes de entidades, quienes serán nombrados, o por el Presidente de la República, o por el ministro respectivo.
Una omisión increíble de la propuesta (no hay ninguna mención siquiera) son los Institutos de Investigación del Estado. Quedan así fuera organismos como el Instituto de Investigaciones Agrarias (INIA), el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín), el Instituto de Salud Pública (ISP), la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), por nombrar sólo los más conocidos. Instituciones de gran contribución al sistema científico nacional, que debieran apoyarse con suficientes investigadores profesionales y removiendo las trabas burocráticas que entorpecen su desarrollo. También es inexplicable la nula mención a las Fuerzas Armadas, que en países desarrollados es uno de los mayores demandantes de CYT autónoma, estratégica y soberana.
Como científico, uno se pregunta: ¿por qué este proyecto hoy? Ocurre que el conocimiento, tradicionalmente concebido como saber, ha pasado a ser en el sistema que vivimos, una mercancía, y de las más valiosas para la economía. Este modelo requiere entonces normar su producción. Sin embargo, parece olvidarse que no por tener más “papers” per cápita o más “máquinas” lograremos la ciencia y la tecnología que requiere nuestro país.
Por todo lo anterior, creemos que es necesario que un proyecto de ley entregue definiciones, considere la experiencia y nuestro activo científico actual, e incluya a la comunidad en las decisiones del área.
Claudio Martínez, Doctor en Ciencias c/m Biología
Claudio Gutiérrez, Doctor en Ciencias de la Computación
Gonzalo Gutiérrez, Doctor en Física
Mercedes López, Doctora en Ciencias Biomédicas
Leopoldo Soto, Doctor en Física
