Opinión
Tanto el Gobierno como el Congreso han desconocido el papel protagónico que desempeñan en la problemática previsional aquellos trabajadores que no cotizan, debiendo destacarse al respecto el grupo de trabajadores por cuenta propia, cuyo crecimiento es exponencial y sustancial.
En el último tiempo, el país ha sido testigo del nuevo emplazamiento en la palestra de las políticas y normativas relacionadas con los ahorros previsionales para la vejez. Esclarece al respecto que, mientras el 1 de mayo del año 2011, época que el Decreto Ley N°3.500 cumplía 30 años, existían evaluaciones en general positivas, hoy nos encontramos a días de haberse llevado a cabo múltiples y multitudinarias manifestaciones en contra del sistema hoy imperante: las Administradoras de Fondos de Pensiones, las bien conocidas y demonizadas AFP.
Lo criticado del sistema actual es simple y guarda estricta relación con el objeto de las instituciones en cuestión: existe una sensación generalizada que las pensiones recibidas por los jubilados del país son excesivamente bajas.
Al respecto, desde los albores de esta discusión se ha propuesto aumentar esta cotización, desde un 10% a un 15%, manteniéndose a la fecha la coyuntura referida a los fondos a que se destinarán esos ahorros y quién los administrará.
Sin embargo, por cadena nacional, la Presidenta de la República informó que el proyecto de reforma al sistema de pensiones elaborado por el Gobierno pretenderá establecer que, en un plazo de 6 años, deberá aumentarse la cotización obligatoria en un 5%, destinándose un 3% a las cuentas individuales de cada cotizante y, el otro 2%, a un seguro de ahorro colectivo que buscará elevar las pensiones de quienes hoy mantengan menos ahorros.
Es decir, queda clara la postura del Gobierno sobre la problemática aquí planteada: la ley respectiva, para efectos previsionales de vejez, ha exigido a los trabajadores ahorrar un porcentaje insuficiente de sus ingresos.
Ahora bien, habiéndose expuesto de manera somera el panorama actual, cabe destacar las siguientes estadísticas reveladas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE): entre el año 2011 y 2013, la expansión de los empleos por cuenta propia promedió un 2,2%, mientras que desde 2014 a la fecha ha crecido a un ritmo anual de 3,9%, lo que al día de hoy corresponde a 1,75 millones de personas, es decir, un 21,4% del mercado laboral chileno. No solo ello, con respecto las cotizaciones previsionales de vejez y salud, en el trimestre octubre-diciembre 2014, un 87,3% de los trabajadores por cuenta propia no cotizó en ninguna de ellas.
También aportan a lo anterior los datos revelados por la Superintendencia de Pensiones en enero de 2017: mientras quienes cotizaron entre 30 y 35 años reciben una pensión autofinanciada promedio de UF 16,68 ($438.909), quienes cotizaron entre 1 y 5 años alcanzan una pensión autofinanciada promedio de UF 3,12 ($82.098).
Las conclusiones son tan claras como aparentemente obvias: la cantidad de años cotizando –o, dicho de otro modo, las lagunas de cotizaciones–, guardan una repercusión directa y notable en el monto de las pensiones de quienes jubilan y, por si ello fuera poco, casi el 90% del 21,4% de la totalidad del mercado laboral chileno no cotiza suma alguna, número que aumenta exponencialmente.
Volviendo a lo anterior, no se ve cómo las reformas anunciadas por el Gobierno apuntan a solucionar este grave problema: que se obligue cotizar un 15% en lugar de un 10% –dejando fuera, por ahora, la contingencia de los destinos y administradores de este 5% adicional–, no significará alteración o mejora alguna para este 21,4 y creciente porcentaje del mercado laboral, ya que cerca de un 90% de él no cotiza suma o porcentaje alguno. ¿Por qué se está ocultando debajo de la alfombra una arista que está a la vista y consta en las estadísticas públicas?, ¿por qué no se discute cómo incentivar el ahorro previsional de todos los trabajadores del mercado laboral chileno?
Al respecto, cabe destacar que la Ley N°20.225, publicada en el Diario Oficial el día 17 de marzo del año 2008, estableció su título IV denominado “Sobre la Obligación de Cotizar de los Trabajadores Independientes”, es decir, planteaba una posible solución al creciente y cada vez más grave problema previsional de este tipo de trabajadores “cuentapropistas”. Sin embargo, a través de la publicación de la Ley N°20.894, ocurrida el 26 de enero del año 2016, se dispuso expresamente una nueva prórroga de la obligación de cotizar para este grupo de trabajadores, la que comenzará a contar del año 2018 y se materializará en la Operación Renta 2019.
Esta medida se adoptó, principalmente, por los motivos desprendidos de las respuestas a las siguientes interrogantes: ¿de qué le sirve a una de esas personas que haya mantenido esta forma contractual precaria durante veinte o veinticinco años y tenga cincuenta años de edad, que le descuenten casi el trece por ciento, para efectos de su AFP, si sabemos que el actual sistema no va a darle una pensión adecuada?, ¿de qué servirá que a trabajadores independientes durante tantos años se les obligue a este tipo de descuento, cuando los niveles de cobertura no son los adecuados?
Esta postura resiste muchos comentarios, como, por ejemplo, ¿desde cuándo se integrará este creciente grupo de trabajadores al sistema previsional?, ¿cómo se financiará la pensión de este creciente grupo personas?, ¿por qué la masa asalariada es tratada con un paternalismo por parte de las leyes sociales, pero la masa “cuentapropista” es dejada a su merced?, ¿acaso, de esta manera, no se está perpetuando el problema?
En conclusión, tanto el Gobierno como el Congreso han desconocido el papel protagónico que desempeñan en la problemática previsional aquellos trabajadores que no cotizan, debiendo destacarse al respecto el grupo de trabajadores por cuenta propia, cuyo crecimiento es exponencial y sustancial.
En vista de ello, urge no ocultar debajo de la alfombra una arista fundamental en este debate, ya que, de hacerlo, no deberíamos sorprendernos si esta contingencia renace en el corto plazo con una mayor fuerza, conllevando un mayor desprestigio a las instituciones dirigentes del país.
Gabriel Halpern Mager
Abogado y Especialista Senior de Servicios Laborales en PwC Chile
