Pugna por qué tanta libertad de acción tiene la minera estatal
La entidad supervisora abrió una disputa con la cuprífera luego de que se revelaran los más de 500 millones de pesos que recibió un ex director de la estatal como incentivo para dejar la corporación, dando a entender que al administrar recursos públicos, Codelco no sustenta la libertad para ofrecer dichos incentivos. La minera, en reunión extraordinaria de directorio, anunció que impugnará el dictamen.
¿Qué tanta libertad de acción tiene Codelco?
Esa parece ser la pregunta que la Contraloría General de la República busca responder ante las caudalosas indemnizaciones que ha pagado la empresa minera estatal en los últimos años.
Según informó esta mañana Diario Financiero, el contralor Jorge Bermúdez emitió un dictamen para iniciar un investigación por los $511 millones de indemnización que recibió el ex director de Codelco, Augusto González.
El dinero correspondería a un incentivo para que Gonzáles dejara la minera, tras su paso que se extendió entre agosto de 2012 y mayo de 2015, y responde al plan de retiro voluntario vigente desde 2012 para la división Chuquicamata.
Dicho plan hizo que se levantaran las cejas en el órgano supervisor.
El hecho, que fue denunciado del senador Pedro Araya, abría llevado a Contraloría a «revisar el cumplimiento de la sujeción a los principios de eficacia, eficiencia y probidad», según precisa el organismo, añadiendo que esto «solo fue advertido mediante la denuncia efectuada por terceros».
El otro caso donde Contraloría puso la alarma es por los casi $51 millones que el mismo González, que estuvo 33 años en la minera, recibió por concepto de vacaciones pendientes, dejando en evidencia que Codelco ha infringido la normativa laboral al permitir que sus trabajadores acumulen más de dos períodos de vacaciones.
El contralor indica en el dictamen que a Codelco «se le impone el deber de actuar dando preeminencia al interés general por sobre el particular, lo que exige, entre otros, el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz».
Bermúdez aprovecha de recordarle a Codelco que no cuenta con «libertad de disposición patrimonial», a diferencia de las empresas privadas.
Dicha disposición pondría en jaque, por ejemplo, los planes de retiro voluntario que estableció la minera en su división Chuquicamata. Cabe destacar que por dicho incentivo la estatal ha reconocido provisiones no corrientes que suman unos U5$ 458 millones en el período 2012-2016, plan que habría sido implementado para agilizar la renovación y estructura de los trabajadores.
Esto habría sido incluido en una negociación colectiva con trabajadores y plasmado en el contrato colectivo.
De acuerdo a lo publicado esta mañana, la pugna que abrió Contraloría hizo sonar alarmas en la minera, cuyo directorio se reunió de forma extraordinaria para discutir el problema el pasado lunes.
«El directorio resolvió impugnar dicho pronunciamiento por las vías pertinentes, sin perjuicio de entregar a la Contraloría los antecedentes que permiten esclarecer las observaciones específicas que lo ameriten», informó ayer la administración de Coldelco a través de un comunicado interno a sus trabajadores.
