TWPF lidera una acción de un grupo de inversores contra SQM y ejecutivos individuales, en la que se acusa a la empresa de hacer declaraciones materialmente falsas y engañosas y no revelar los pagos secretos e ilegales -principalmente a través de su entonces gerente general, Patricio Contesse- a campañas electorales para políticos y partidos chilenos desde 2009. Abogados del fondo dicen que el sistema chileno legal no permite ese tipo de demandas y cuestiona la independencia y equidad del sistema judicial.
Cuando SQM pensaba que el escándalo de las platas políticas estaba quedando atrás, aparece un fondo de pensiones públicos británicos para arruinarle el día.
TWPF lidera una acción de un grupo de inversores contra SQM y ejecutivos individuales, en la que se acusa a la empresa de hacer declaraciones materialmente falsas y engañosas y no revelar los pagos secretos e ilegales -principalmente a través de su entonces gerente general, Patricio Contesse- a campañas electorales para políticos y partidos chilenos desde 2009. TWPF afirma que sufrió pérdidas de más de 4.4 millones de dólares como resultado de las violaciones de valores de SQM.
El Fondo de Pensiones de Tyne and Wear (TWPF) otorga pensiones a los empleados del gobierno local en la región noreste del Reino Unido.
SQM también es acusada de presentar millones de dólares de recibos tributarios ficticios con las autoridades chilenas para ocultar el pago de sobornos y producir estados financieros que eran materialmente falsos y engañosos en todos los momentos relevantes.
De acuerdo a un medio especializado sobre el tema de pensiones europea -IPE-, la demanda también alega que como resultado del “esquema de soborno y las declaraciones falsas del acusado, el precio de las SQM American Depositary Shares (ADSs) se infló artificialmente entre el 30 de junio de 2010 y el 18 de junio de 2015, alcanzando un máximo de US$ 66 (€ 60) por acción en julio de 2011”.
De acuerdo al reportaje, SQM solicitó la desestimación de la demanda, pero el juez sostuvo que el demandante había alegado adecuadamente que la empresa había hecho declaraciones materialmente falsas y engañosas en sus presentaciones de la Securities and Exchange Commission (SEC).
El juez también rechazó el reclamo de que el caso debía tratarse en Chile, ya que los documentos de SQM se presentaron ante la SEC en Estados Unidos y son los en que se basaron los inversionistas para comprar ADRs en la Bolsa de Nueva York.
Cabe recordar que en enero minera no metálica pagó un total de US$ 30 millones para resolver los casos presentados por el Departamento de Justicia de EEUU y la SEC.
En enero pasado, SQM pagó un total de $ 30 millones para resolver los casos presentados en contra suya tanto por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como por la SEC.
Los abogados del fondo dicen que el sistema chileno legal no permite ese tipo de demandas y cuestiona la independencia y equidad del sistema judicial.
Patrick Daniels, socio de Robbins Geller Rudman & Dowd, es citado por el reportaje diciendo que “hay preocupaciones muy importantes en cuanto a la independencia y equidad del sistema judicial. Los inversionistas europeos -o cualquier otro- no tendrían mucho recurso si el caso de los Estados Unidos no estuviera disponible para continuar».