El titular de la cartera, Rodrigo Valdés, señaló esta mañana que “hoy percibimos que se empieza a instalar un escenario de incertidumbre en la administración superior de varias de estas empresas», aludiendo a facultades como bonificaciones empleados en negociaciones colectivas, «lo que evidentemente puede impactar el buen funcionamiento de las empresas”.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, manifestó hoy su preocupación por los efectos que podrían implicar en las empresas públicas los pronunciamientos de la Contraloría General de la República en la gestión de las empresas públicas, los que a su juicio incidirían en un escenario de incertidumbre entre altos directivos de esas compañías.
Hace algunas semanas el organismo supervisor, encabezado por el contralor Jorge Bermúdez, puso en duda el uso de recursos en Codelco para millonarias indemnizaciones e incentivos al retiro, negociados dentro de los contratos colectivos con los trabajadores, poniendo en duda qué tanta libertad de acción tiene la minera estatal
“Como gobierno estamos preocupados y ocupados de que las empresas públicas mantengan siempre en Chile una gestión proba primero, eficiente y eficaz”, afirmó Valdés.
Añadió que en los últimos meses la Contraloría General de la República “ha tenido una serie de pronunciamientos que cambian significativamente la interpretación que existía hasta ahora de varios aspectos que tienen relación a cómo se manejan las empresas públicas, cómo es una buena administración de las empresas públicas”, comentó.
Sostuvo que en las últimas semanas recibió numerosas preocupaciones, tanto de presidentes, directores y gerentes de estas compañías “por el efecto que estos dictámenes podrían tener en la gestión eficiente de las empresas”.
En este sentido, el jefe de las finanzas públicas manifestó que el Ejecutivo ha venido expresando su preocupación a la Contraloría “en una serie de reuniones que hemos tenido a distintos niveles, más técnicos, menos técnicos, desde marzo de este año. Específicamente, hemos pedido a la Contraloría que clarifique un conjunto de situaciones que a nuestro juicio ponen en riesgo una adecuada administración de las empresas públicas”. Insistió en que “a pesar de la buena disposición que ha tenido el contralor para estas conversaciones, creemos que es necesario clarificar mejor una serie de aspectos que aún no nos parecen suficientemente claros”.
El ministro dijo que “hoy percibimos que se empieza a instalar un escenario de incertidumbre en la administración superior de varias de estas empresas respecto de por ejemplo a sus facultades, hasta dónde llegan, lo que evidentemente puede impactar el su buen funcionamiento”.
Tras señalar que comprende esta preocupación de los directorios, añadió que el Ejecutivo respaldará las medidas que ellos consideren apropiado tomar y no descartó la necesidad incluso de que “algunos de estos temas sean resueltos por los Tribunales de Justicia, como corresponde en un Estado de derecho”.
Aclaró que su decisión de hacer pública esta posición responde a la convicción que “es muy importante tener certeza jurídica respecto al marco que rigen a las empresas públicas y además que ese marco garantice que las empresas tengan una gestión adecuada, competitiva, con los controles y reglas de control en general adecuados”.
