Opinión
Entender que el desarrollo económico tiene como límite natural la escasez de los recursos disponibles, hace obvia la necesidad de avanzar hacia un trabajo conjunto en la configuración de las políticas económicas que asuma, de una vez, que la viabilidad económica y ecológica no pueden ser tratadas como variables independientes, como lo hace buena parte de los gobiernos. Para este encargo, es adecuado el esfuerzo comunicacional y de concientización social que apunta a generar un imperativo moral en las personas y voluntades políticas, al concebir una cierta equidad intergeneracional.
El jueves recién pasado, a través de un comunicado oficial desde la Casa Blanca, el mundo recibió con desilusión el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de su decisión de abandonar el Acuerdo de París, que busca reducir las emisiones de gases invernaderos y frenar el avance del calentamiento global.
Con ello, Trump ratifica una posición ya anunciada en su campaña presidencial y que ha ido consolidando en su gobierno con señales claras que hacían previsible una decisión de esta envergadura, por ejemplo, al poner frente de la Agencia de Protección Ambiental a Scott Pruitt, fiscal que defendió a las empresas de fracking de Oklahoma; al reducir en un 31% el presupuesto de la agencia federal; al revocar el Plan de Energía Limpia promulgado por Obama; y, más claro aún, al negarse a firmar en la cumbre del G-7 un comunicado de apoyo al acuerdo de París.
Sea cual sea el camino escogido para abandonar el acuerdo, y las repercusiones políticas e internacionales de la decisión de Trump, su posición y su declaración de que “el Acuerdo de París debilitaría nuestra economía», encierra, a mí entender, una confusión y una cuestión económicamente clave para la comprensión del futuro y del desarrollo de las naciones.
En efecto, es sabido que el cambio climático tiene efectos profundos en la disponibilidad de recursos naturales futuros, esto último salta a la vista si se comprende la relación simple entre el aumento de la temperatura, la reducción de las precipitaciones y la agricultura, sin embargo, la repercusión en el desarrollo económico es más amplia. Ya en el año 2006, un estudio encargado por el gobierno del Reino Unido al economista Nicholas Stern concluía que se necesita una inversión equivalente al 1% del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático, ya que de lo contrario el mercado mundial sufriría una recesión que podría alcanzar el 20% del PIB global.
En consideración de lo anterior, urge la introducción del desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente en el entorno teórico-económico. Si bien es cierto durante años esta batalla fue llevada a cabo por economistas, como demuestran las preocupaciones de Malthus, Mill o Ricardo, la verdad es que no ha sido sino en el último tiempo cuando se ha profundizado la necesidad de dar prioridad a este problema en la Economía. En concreto, se han generado, al menos, dos corrientes distintas de pensamiento sobre el problema de las relaciones entre el medio ambiente y la economía: la llamada economía ambiental y la economía ecológica.
La primera corriente, ha sido resultado de la aplicación conceptual neoclásica al campo del “medio ambiente” y su sustento teórico se encuentra en la teoría de las externalidades de Marshall, Pigou y Coase, la teoría de los Bienes Públicos de Wicksell y Bowen, la Teoría del Equilibrio General de Walras y el campo de aplicación del análisis costo-beneficio.
En su estudio destacan dos grandes problemas: a) la existencia de externalidades y b) la asignación intergeneracional óptima de los recursos agotables, para lo cual se asigna a los recursos un valor y un lugar en el sistema de precios y en la contabilidad nacional y privada. En términos sencillos, se ocupa de estudiar y sugerir cambios en las políticas e instituciones económicas con el propósito de equilibrar los impactos ambientales con los deseos humanos y las necesidades del ecosistema en sí mismo .
Por su parte, los economistas ecológicos sostienen que la economía no puede tener una medida común y, en consecuencia, las evaluaciones de las externalidades no pueden ser la base de políticas ambientales racionales. No es posible dar valores actualizados a todas las externalidades, porque muchas son desconocidas o inciertas, y otras tantas son irreversibles. La economía ecológica plantea que el funcionamiento de la economía exige, por un lado, el suministro adecuado de la energía y los materiales, y, por otro, disponer de los residuos de manera no contaminante.
Por tanto, siguiendo esta dirección, la determinación de las políticas a seguir exige un esfuerzo de investigación interdisciplinaria que va más allá de la competencia de los economistas, pero que no puede realizarse sin ellos.
El desarrollo de estas teorías supone avances relevantes, pero no suficientes. Entender que el desarrollo económico tiene como límite natural la escasez de los recursos disponibles, hace obvia la necesidad de avanzar hacia un trabajo conjunto en la configuración de las políticas económicas que asuma, de una vez, que la viabilidad económica y ecológica no pueden ser tratadas como variables independientes, como lo hace buena parte de los gobiernos. Para este encargo, es adecuado el esfuerzo comunicacional y de concientización social que apunta a generar un imperativo moral en las personas y voluntades políticas, al concebir una cierta equidad intergeneracional.
Pero no basta, se trata además de reivindicar estas ideas en la teoría y praxis económica, como también de desarrollar la concepción de Derecho humano en la protección del medio ambiente y la comprensión de los efectos del cambio climático en la salud pública. Para estos objetivos, la priorización de estas nociones en la enseñanza formal de la Economía y de otras disciplinas, como el Derecho, la Ciencia política e, incluso, la Medicina, es fundamental.
Haciéndome cargo de algunos de estos desafíos, concluyo que su éxito permitirá, no solo entender el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente como una opción moral, como parece asumirlo Donald Trump, sino más bien, como lo que es, un problema económico que, para hacerle frente, requiere necesariamente de un esfuerzo de coordinación mundial, pero que en lo individual, al repercutir en el éxito o fracaso futuro del desarrollo económico de las propias naciones, resulta pertinente que sea incorporado de manera adecuada en el análisis costo/beneficio que realizan las autoridades al buscar maximizar el bienestar económico-social de las mismas.
Gonzalo Campos Medina
Asesor legislativo CDC
