Después de casi 5 años de cubrirle las espaldas, el ex supervisor de seguridad, Williams Herrera, reveló supuestos ilícitos de su superior, Jorge Cantarero, en revancha por despedirlo. En una misiva dirigida a la gerencia relata cómo su jefe habría boicoteado a los más altos ejecutivos, pagado a un funcionario de la PDI para que siguiera a supervisores y operarios, ubicado micrófonos ocultos en algunos departamentos, además de haber favorecido con jugosos contratos a su círculo de hierro y despedido a todo aquel que cayera en desgracia ante él. Entre los afectados se encontrarían la gerenta comercial, Manuela Fernández, y el ex gerente general y actual director, Pedro Navarrete. El centro de salud, tras ser contactado por El Mostrador Mercados, anunció que investigará los antecedentes aportados por su ex funcionario.
El despido injustificado del segundo hombre de seguridad de la Clínica Santa María fue el móvil que permitió destapar una sórdida trama de espionaje y seguimientos, que se realizarían desde hace al menos dos años al interior de reconocido centro de salud. La clínica es parte del holding Banmédica, negocio clave de lo que queda del Grupo Penta.
Los hechos fueron revelados cuando el entonces supervisor de seguridad, Williams Herrera Zúñiga, le escribe un correo electrónico al gerente de operaciones, Juan Eduardo Infante, para contarle un secreto a voces entre los funcionarios de seguridad. Su jefe, Jorge Cantarero, a quien por casi 5 años le había cubierto las espaldas, habría boictoeado a gerentes y espiado a presuntas amantes, instalado micrófonos en las oficinas, contratado a sus más cercanos amigos y despedido a todo aquel que cayera en desgracia ante él.
Actos ilícitos que Herrera desclasificó a mediados de mayo ante la gerencia de la clínica y las organizaciones sindicales que albergaban a los funcionarios investigados: el sindicato N° 1 Empresa Clínica Santa María y el sindicato Inversiones Santa María.
El supervisor de seguridad estaba herido. Cuenta que Cantarero lo había desvinculado luego de haber contactado, sin su permiso, al subgerente Eduardo Herrera para manifestarle que, pese a estar de vacaciones, cubriría a su jefe, quien se encontraba con licencia en los primeros días de mayo. Williams Herrera fue desvinculado el día 16 de dicho mes.
La relación entre ambos había sido, hasta ese momento, muy cercana. Herrera se había convertido en su mano derecha, lo subrogaba cuando Cantarero se iba de vacaciones o tomaba licencia. Pero también veía y callaba las supuestas situaciones irregulares que ocurrían en el Departamento de Seguridad, sobre las que no informó antes –según reconoció Herrera– “por una lealtad mal entendida hacia la persona de Jorge Cantarero”. Además, detalla que ante la más mínima deslealtad o algún tipo de acusación contra su superior, él sería desvinculado, como ya había ocurrido con dos supervisores de seguridad anteriores.
“Cantarero siempre se jactaba de que tenía el respaldo del ex gerente general, Pedro Navarrete, el ex gerente de RR.HH., Pablo Gajardo, y el subgerente de RR.HH., Valentín Díaz, y que eran sus amigos por lo que era intocable”, relata su ex mano derecha.
Pero Herrera no aguantaría más injusticias. Con la esperanza de conservar su puesto, le contó al ya mencionado gerente de operaciones que Cantarero no actuaba solo sino en colaboración con su asistente administrativa, Nicol Lagos, a quienes muchos apodaban Yoko Ono, por haber separado a la dupla Herrera-Cantarero, ya que este último comenzó a “darle trabajos” que realizaba su entonces hombre de confianza.
Además, el ex funcionario relata que Lagos fue beneficiada con el Bono de la Brigada de Emergencia, el cual solamente le corresponde al personal operativo, y la adjudicación de trabajos a familiares de la administrativa. “Lagos era quien confeccionaba las cotizaciones de su pariente y luego las órdenes de compra, lo que demostraba claramente un conflicto de intereses”, de acuerdo a la versión de Herrera.
También detalló cómo su ex jefe –que había tomado las riendas de la seguridad hace casi 9 años– habría saboteado a la nueva jefatura de Estacionamientos de la Clínica cuando fue removido de este puesto en enero. Herrera asegura que Cantarero armó todo un plan, que comenzó con el retiro de las cámaras que mostraban el ingreso de los vehículos, además de mantener inoperativo el sistema de reconocimiento de patentes que anticipaba la presencia de vehículos de delincuentes. “El fin era subir las tasas de siniestros pagados por la nueva administración”, apunta.
Sin embargo, aquello era solo la punta del iceberg. La bomba estalla cuando Herrera revela que Cantarero contrató –según su versión– a un funcionario de la PDI para espiar a gerentes, subgerentes, supervisores y administrativos. Detalla que “a aquel funcionario policial se le pagaba una remuneración mensual de $300.000 para que le entregara los antecedentes básicos de un funcionario, detallara la constitución de su red familiar, sus salidas al extranjero y de ser necesario sus antecedentes policiales (información a la que no pueden acceder los civiles)”.
Cabe destacar que, al tener la facultad de mando para contratar o despedir a un funcionario, Cantarero representaría, para efectos legales, a la Clínica Santa María: “Era un representante de la Clínica espiando e investigando a los funcionarios”, cuenta una fuente conocedora de estos ilícitos. Asimismo, destaca que hasta hoy se desconoce quién estaba detrás del jefe de seguridad, la cantidad de funcionarios y ejecutivos espiados y el lapso que abarca esta situación. Cercanos a Herrera sostienen que estas prácticas le permitían al jefe de seguridad mantener el control sobre ellos para extorsionarlos cuando llegara el momento.
¿Cómo operaba Cantarero? De acuerdo a Herrera, le encargaba a su conocido al interior de la Policía de Investigaciones ingresar a la base de datos de esta institución, a fin de tener información detallada de determinados funcionarios de la clínica, para después seguirlos e investigarlos, como también a su grupo familiar.
Así al menos sucedió –según Herrera– con la gerenta comercial de Clínica Santa María, Manuela Fernández, “con la cual tuvo discrepancias por tema de estacionamientos”; la ex funcionaria Tatiana Monsalve, “de quien obtuvo un registro de todas sus salidas del país y domicilios con el fin de vincularla con el ex gerente general, Pedro Navarrete”, quien hoy es miembro del directorio de la clínica privada y que fue salpicado por la supuesta recepción de un bono y la evasión de impuestos del holding Banmédica, en el caso Penta; lo mismo respecto de la ejecutiva de atención al cliente, Paulina Banda, “investigada por su relación con el supervisor de seguridad, Jorge Muñoz”; y el caso del supervisor de estacionamientos, Pedro Suárez, “de quien obtuvo información sobre toda su red familiar”, puntualiza.
A ellos “se sumarían otros casos de funcionarios de clínica y jefaturas“, asegura Williams Herrera.
Asimismo, cuenta que su ex jefe violaba la Ley de Telecomunicaciones al captar e intervenir las comunicaciones privadas, tal como habría sucedido en la Sofofa, tras el supuesto hallazgo de micrófonos en la oficina de su ex timonel, Hermann von Mühlenbrock, y del director de Carozzi y ex vicepresidente, José Juan Llugany.
“Ha puesto cámaras con micrófonos siendo delito grave y expone a la institución a sanciones graves”, acusa Herrera, quien además precisó que esta práctica “la realizó en el departamento de Bioestadística, tras el dato de que los funcionarios bebían alcohol”.
Testimonios, documentos, antecedentes penales (datos restringidos a civiles), fotografías de quienes eran espiados, todo quedó en manos del gerente de operaciones del centro de salud, Juan Eduardo Infante.
El Mostrador Mercados contactó a la Clínica Santa María, la que reconoció la recepción de esta denuncia, al informar a este medio que “don Jorge Cantarero, jefe de seguridad, fue desvinculado de sus funciones y la institución tomará todas las medidas necesarias para investigar los antecedentes aportados”.
Este medio también tomó contacto con Williams Herrera, quien señaló que no tenía nada que añadir a lo que ya dijo.
