Opinión
Hacia adelante quedará muy poco espacio de acción para un nuevo programa de Gobierno si este tiene en consideración una trayectoria de consolidación fiscal. Observamos así que el próximo Gobierno deberá enfrentar una posición fiscal delicada y frágil, y además enfrentará muy probablemente mayores costos de financiamiento, dada una posible rebaja en la clasificación de riesgo soberano.
Es un hecho que este Gobierno ha enfrentado un escenario fiscal complejo. Por una parte, la situación económica internacional tuvo un deterioro que afectó el precio del cobre a la baja, a lo que se suma una serie de reformas e iniciativas que afectaron la capacidad de crecimiento de la economía, con el consecuente efecto sobre la recaudación fiscal y un incremento del déficit.
Pero ¿por qué comenzó a generarse este incremento en el déficit? Ciertamente, el escenario que enfrentaría la economía chilena a partir del 2014 no fue previsto durante el 2013. Ello incluso motivó un inédito cambio de los parámetros estructurales, determinados por el Comité de Expertos para el cálculo del balance estructural el año 2015. Sin embargo, este nuevo escenario no trajo consigo una moderación a tiempo del gasto público. Y es que, frente a esta situación, lo esperable habría sido que se realizara un ajuste del gasto, al igual como se realiza en una familia cuando se pierde el trabajo, esta debe acomodarse y realizar un “ajuste de cinturón”, consecuente con la nueva realidad.
Dado que no se realizó dicho ajuste, se fue registrando un rápido avance de la Deuda Pública, la que ha aumentado desde 5% del PIB en 2006 hasta 21,7% en 2016 y se estima que podría ubicarse en torno a 31% hacia el 2020. Esto, además, hace cada vez más probable que se realice una rebaja en la clasificación de riesgo soberano para nuestro país.
Además, en un hecho inédito, el Ministerio de Hacienda entregó estimaciones de holguras negativas para los años futuros: es así que para los próximos tres años los gastos comprometidos superan de manera creciente en el tiempo a los gastos compatibles con el objetivo de reducción del déficit estructural que el mismo ministerio estableció. Esta holgura negativa suma US$ 1.793 millones (-0,6% del PIB), una cifra significativa.
De esta manera, hacia adelante quedará muy poco espacio de acción para un nuevo programa de Gobierno si este tiene en consideración una trayectoria de consolidación fiscal.
Observamos así que el próximo Gobierno deberá enfrentar una posición fiscal delicada y frágil, y además enfrentará muy probablemente mayores costos de financiamiento, dada una posible rebaja en la clasificación de riesgo soberano.
Carolina Grünwald
Economista Senior de Libertad y Desarrollo
