S&P recorta calificación soberana por primera vez desde que inició su cobertura en 1992
Cuatro años de bajo crecimiento y un gasto fiscal en alza que disparó la deuda fiscal, además del déficit presupuestario, son los culpables. Entre varios empresarios y en el sector financiero concuerdan en que recorte de nota crediticia es el resultado de una serie de malas decisiones que vienen desde antes del actual Gobierno y que, por tanto, no solo es producto de la baja en el precio del cobre. Pero señalan que el actual ministro de Hacienda y Alberto Arenas –al que Valdés reemplazó en la cartera– tendrán que cargar con la responsabilidad de haber sido incapaces de lograr balancear la agenda reformista del Gobierno de Michelle Bachelet, para satisfacer las crecientes demandas sociales en medio de un débil crecimiento económico. En el sector dicen que el recorte ayudará al secretario de Estado a “vender” un presupuesto austero para 2018. Aunque la decisión de S&P estaba internalizada en el mercado, se anticipan presiones al alza en el tipo de cambio y un aumento en los premios por riesgo de largo plazo de Chile. La nueva nota crediticia deja a nuestro país al nivel de Japón y continúa siendo la economía con mejor clasificación de los mercados emergentes.
Nos habíamos acostumbrado a ser el niño símbolo del manejo fiscal prudente, expresa el economista Pablo Correa en una columna en este mismo medio.
Pero, ayer, todo eso se acabó cuando la agencia clasificadora S&P recortó la clasificación de riesgo soberana de largo plazo de Chile en un peldaño, junto con cambiar su perspectiva de negativa a estable.
Se trata del primer recorte de nota desde que la agencia inició su cobertura en 1992, asestando un duro golpe a la gestión económica del Gobierno. La nueva calificación retrotrae el rating del país al del 2010, aunque por sobre la situación del 2006.
De acuerdo a la agencia calificadora, la rebaja se justifica por el prolongado crecimiento económico débil, en el marco del bajo precio del cobre, la disminuida confianza empresarial y el aumento del gasto fiscal.
«El deterioro del perfil financiero de Chile ha incrementado moderadamente su vulnerabilidad a dificultades externas”, señala S&P, junto con indicar que “la combinación de bajos precios del cobre y poca confianza empresarial sigue limitando consumo privado e inversión en Chile”. Y agrega que “el prolongado crecimiento económico moderado ha perjudicado los ingresos fiscales de Chile, ha contribuido al aumento de la carga de deuda del gobierno y ha erosionado el perfil macroeconómico del país».
S&P predijo un crecimiento de 1,6 por ciento para 2017, con una expansión que se recuperará solo a 2 por ciento el próximo año y a 2,4 por ciento en 2019. Es un repunte más anémico de lo previsto por muchos analistas. Esta semana, Valdés redujo su pronóstico de crecimiento para 2017 a 1,5 por ciento desde el estimado 2,25 por ciento previo.
La agencia proyecta un déficit fiscal de 3,1% del PIB hacia 2017, el cual se reduciría gradualmente hasta 2,5% en 2019. Estima, asimismo, que la deuda pública llegará al 25,7% del PIB a fines de este año, pero, al agregar a las empresas públicas, la cifra sube hasta 34%. La deuda neta, en tanto, la ubican en 18% del PIB.
Un primer análisis sugiere que cuatro años de bajo crecimiento y un gasto fiscal en alza que disparó la deuda fiscal, además del déficit presupuestario, son los culpables. A eso se suma una fuerte caída en la confianza empresarial en el contexto de una agenda reformista fuertemente resistida por el sector privado.
Pero entre muchos empresarios y en el sector financiero concuerdan en que el recorte de nota crediticia es el resultado de una serie de malas decisiones que vienen desde antes del actual Gobierno y que, por tanto, no solo es producto de la baja en el precio del cobre. Aunque afirman que el actual ministro de Hacienda y Alberto Arenas –al que Valdés reemplazó en la cartera– tendrán que cargar con la responsabilidad de haber sido incapaces de lograr balancear los deseos del Gobierno de Michelle Bachelet de satisfacer las crecientes demandas sociales en medio de un débil crecimiento económico.
Al menos dos economistas con amplia experiencia en el Banco Central y Hacienda –uno del mundo concertacionista y otro cercano al Gobierno de Sebastián Piñera– coinciden en que hubo una fuerte expansión del gasto en 2009 y de ahí el deterioro fiscal ha sido sistemático. “La política del balance estructural no da para más. De facto hemos tenido un déficit estructural mayor al 1% del PIB hace años”, es como lo expone uno de los economistas.
El economista jefe para la región de un banco de inversión que sigue a Chile hace tiempo, pero que no puede hablar en forma oficial sobre el recorte, sostiene que el actual Gobierno tiene mucha responsabilidad, sin embargo, hace hincapié en que durante la era Piñera no se aprovechó el boom del cobre, con un crecimiento por sobre el potencial, para haber consolidado el balance estructural del fisco.
Desde el sector financiero son duros con Valdés. Un alto ejecutivo dice que Valdés pudo haber hecho más. “Él sabe que las reformas tributaria y laboral fueron un desastre. Y en términos de empleo, la economía estaría mucho peor si no fuera por los empleos estatales y los por cuenta propia”.
El ministro de Hacienda no quiso ponerle anestesia al recorte: “Quiero decirlo sin ninguna ambigüedad, es evidentemente una mala noticia”, aunque rescata que «reconocemos como algo positivo que la perspectiva sea estable»
En un improvisado punto de prensa durante la tarde de ayer, el jefe de la billetera fiscal señaló que desde la calificadora esperan que la economía recupere su crecimiento 2% el próximo año y 5% el 2020″, así como que la deuda no sobrepase el 30%.
Añadió que «tenemos que proteger el rating crediticio, el Gobierno seguirá apegado a su estrategia fiscal responsable», al tiempo que afirmó que «Chile tiene una reputación muy bien ganada y seguiremos trabajando por eso».
La nueva nota crediticia deja a Chile al nivel de Japón y continúa siendo la economía con mejor clasificación de los mercados emergentes.
Aunque la decisión de S&P estaba internalizada en el mercado, desde el BCI anticipan presiones al alza en el tipo de cambio y un aumento en los premios por riesgo de largo plazo de nuestro país. Esto se debería traducir en mayores costos de financiamiento para empresas chilenas y eventualmente en una probable alza en el costo de créditos para compañías y consumidores.
Respecto a el hecho de que se volverá más caro para Chile endeudarse en los mercados internacionales, dado el recorte de la calificación, Valdés señaló que «los mercados nos han tratado muy bien, pero, como en toda situación de crédito, los que prestan tienen que tener confianza».
Esta semana el BBVA sacó un informe en el que cuestionan que el mercado esté evaluando correctamente el impacto de una rebaja en la clasificación de riesgo país. “Realizamos un análisis de eventos de las últimas rebajas de clasificaciones de países emergentes, observando posterior a la rebaja efectos diferenciados dependiendo de si se pierde el grado de inversión o se bajan escalones manteniendo el grado. Observamos depreciaciones de las monedas (6% cr a benchmark), caídas de las bolsas (5% cr a benchmark) y solo efecto sobre riesgo país cuando se pierde el grado de inversión (+60 pb)”, consignó el estudio.
Cabe recordar que Valdés llegó al gabinete para reemplazar al cuestionado Alberto Arenas. Fue este último el que insitía en que la reforma tributaria no tendría impacto en la inversión ni el crecimiento y el que apareció en la portada de La Segunda diciendo “júzguenme por los resultados”.
En el mercado y en el mundo empresarial recibieron el nombramiento de Valdés con entusiasmo. El economista venía de su mundo y asumían que llegaba a cambiar todo lo que encontraban malo de la gestión de su antecesor. La realidad es que el ministro tuvo que jugar con malas cartas y terminó asumiendo el rol de arquero.
Anoche el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, resumió así el sentimiento de los empresarios: «Esta primera baja en la nota crediticia de Chile es una mala noticia para el país. La historia es conocida y previsible: cuando aumenta el riesgo de los países, primero lo alertan los empresarios locales, luego los inversionistas extranjeros y finalmente las agencias de riesgo». Y agregó que “llegó el momento de pasar de las declaraciones a los hechos. Tenemos que hacernos cargo de las variables que sí podemos modificar para mejorar las expectativas económicas del país».
