Opinión
Siempre existirán controversias, distintas miradas e intereses. El desafío no es técnico, para eso hay procedimientos bien establecidos. El desafío es político, en el sentido de crear nuevas estructuras de gobernanza más reflexivas, ancladas a nuestros territorios, que incluyen las visiones de distintos actores.
El rechazo al proyecto Minero Dominga y sus posteriores consecuencias políticas han puesto al descubierto una antigua tensión entre crecimiento y protección ambiental. Sin embargo, esta es una falsa contradicción, ya que la sostenibilidad del desarrollo no se resuelve jerarquizando entre imperativos ambientales o económicos, sino en la complejidad de dinámicas de las distintas dimensiones que determinan la forma de vida en un país: económicas, políticas, tecnológicas y socioambientales, entre otras.
Esta tensión creíamos haberla resuelto con tecnocracia, regulación y procedimientos institucionales que ayudaban a gestionar iniciativa empresarial, impactos ambientales y consideración de las comunidades. Pero un caso puntual, tal como en su minuto fueron Barrancones o HidroAysén, cuestiona hoy nuestra capacidad de tomar decisiones estratégicas sobre el rumbo del desarrollo.
Lo que parece abrirse ahora es un escenario de incertidumbre. En un contexto de aumento del precio del cobre, muchos proyectos mineros en revaluación pueden entrar, uno por uno, en una carrera con obstáculos, reeditando esta tensión cada vez: por un lado, los que quieren invertir y, por el otro, los que quieren proteger el patrimonio ambiental. Luego vendrán los proyectos energéticos, forestales, pesqueros.
Esto nos obliga a hacernos preguntas más de fondo acerca de nuestro modelo de desarrollo. ¿Cómo transitar de un modelo económico extractivo a uno circular y regenerativo que cree desarrollo virtuoso, inclusivo y sostenible? El desafío político no está en la forma de capear la coyuntura actual sino en cómo anticiparse a un futuro que demanda nuevas formas de producción y relaciones sociales, necesidad de eliminar (no reducir o compensar) los impactos y considerar los límites en los ciclos de recursos naturales que garanticen a las próximas generaciones la capacidad de satisfacer sus propias necesidades. Siempre existirán controversias, distintas miradas e intereses. El desafío no es técnico, para eso hay procedimientos bien establecidos. El desafío es político, en el sentido de crear nuevas estructuras de gobernanza más reflexivas, ancladas a nuestros territorios, que incluyen las visiones de distintos actores.
Para un país en desarrollo es fundamental crecer. Y el crecimiento sostenible es posible. Apuntar los dardos a la institucionalidad equivale a hacerse cargo de los síntomas. Lo que se requiere hoy es abrir el debate sobre cómo queremos crecer y qué rol queremos que juegue Chile en la economía global del siglo XXI.
José Luis Opazo y Verónica Devenin
Centro de Sostenibilidad Empresarial
Universidad Adolfo Ibáñez (CBS-UAI)
