Opinión
Si bien por ahora los chilenos tienen peores indicadores en jubilaciones que los inmigrantes en Chile, según datos de la Encuesta Casen 2015, esto definitivamente cambiará si los sectores público y privado no ponen su energía en desarrollar políticas que se enfoquen en entregar seguridad social y condiciones laborales adecuadas a una población inmigrante cada vez más grande y necesaria para un país que envejece a pasos agigantados.
Un informe financiero de la Dirección de Presupuestos estipula que, dada la actual estimación de inmigrantes en el país, el proyecto que establece una nueva ley de migraciones –enviado al Parlamento por la Presidenta Bachelet el pasado 23 de agosto– significará un gasto fiscal de aproximadamente $134 mil millones.
El mismo informe señala, a continuación, que no es posible determinar “los efectos totales sobre dicho gasto que se podrían generar con el presente proyecto, en particular en los beneficios sociales que otorga el Estado, por eventuales regularizaciones de la situación migratoria de inmigrantes y/o por un incremento de la inmigración hacia Chile”.
Es precisamente este costo el que debe prender la alerta: el de los beneficios sociales que no se pueden determinar, dado que el flujo de inmigrantes hacia nuestro país sigue creciendo de manera exponencial, superando con creces las estimaciones que los expertos venían realizando.
De hecho, el estudio del CIEDESS “Análisis para medir el impacto de la migración sobre el Sistema de Pensiones Solidarias” (SPS), elaborado para la Subsecretaría de Seguridad Social y dado a conocer en diciembre de 2015, fue realizado utilizando las cifras del año 2014, cuando el número de extranjeros residentes en Chile era de 411.000 personas, es decir, 189 mil inmigrantes menos que los 600 mil que se estima hay actualmente, según datos recientes del Departamento de Migraciones y Extranjería.
Por su parte, el informe del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo (OBIMID) “La migración en Chile: breve reporte y caracterización” de julio/agosto de 2016 sostiene, entre otras cosas, que de acuerdo a los estudios realizados se identifica una mayor incidencia de la pobreza entre migrantes que entre chilenos. Por otro lado, la encuesta Casen 2015 muestra que los inmigrantes de la zona norte del país y sobre todo los jóvenes inmigrantes de todo Chile se caracterizan por tener niveles de pobreza por ingresos y multidimensional mayores a los nacidos en Chile. A juicio del mismo, esto daba cuenta de privaciones agudas entre la población extranjera residente en Chile, lo que la sitúa en el grupo más vulnerable, en el que precisamente se focalizan los beneficios del Sistema del Pilar Solidario (SPS) que instituyó la Reforma Previsional de 2008.
Por lo mismo, no es extraño que, de acuerdo al CIEDESS, sea importante tener presente que el gasto futuro de este sistema podría ser mayor al que había estimado el programa mismo, producto de un aumento de la población extranjera radicada en Chile, cuyo crecimiento en la cartera de beneficiarios del sistema para el 2040 se prevé será de un 1,82%, con un gasto asociado que fluctúa entre $42.785 millones y $49.983 millones. Esto significa que, proporcionalmente, la población extranjera beneficiaria será similar o incluso superior a la población nacional que acceda a ellos.
Teniendo en cuenta este escenario, el impacto de la ola migratoria hacia nuestro país será muy importante y las proyecciones se quedarán cortas, más aún si consideramos que a las cifras entregadas habrá que sumar en algún momento a todas aquellas personas que están en nuestro país viviendo de manera irregular.
Finalmente, la nueva Reforma Previsional que ha puesto en tramitación tres proyectos de ley contempla, precisamente, en uno de ellos, el fortalecimiento del Pilar Solidario.
Desde nuestra perspectiva, en el caso de los migrantes sería mejor continuar avanzando en políticas efectivas que les permitan salir de la pobreza. Eso parece más justo que seguir subsidiando –nuevamente a costa de la solidaridad de la clase media– a un número importante de personas cuyos impedimentos para trabajar formalmente pasan por factores como la falta de control al cumplimiento de la legislación vigente (tanto a ellos como a los empleadores), por la compleja integración a la sociedad chilena, y/o por la carencia de educación acorde a las necesidades del país. Solo superando estas barreras, los migrantes podrán tener hoy una vida más digna y a futuro una mejor pensión.
Si bien por ahora los chilenos tienen peores indicadores en jubilaciones que los inmigrantes en Chile, según datos de la Encuesta Casen 2015, esto definitivamente cambiará si los sectores público y privado no ponen su energía en desarrollar políticas que se enfoquen en entregar seguridad social y condiciones laborales adecuadas a una población inmigrante cada vez más grande y necesaria para un país que envejece a pasos agigantados. No olvidemos que el mañana se hace hoy.
Joaquín Ramírez
Encargado de Estrategia y Desarrollo Corporativo
Mercer Chile
