Posibles vínculos políticos pudieran haber influido en la débil fiscalización a cooperativa
Pasó inadvertida en los últimos días, pero el miércoles pasado la subsecretaria de Economía hizo su primera ‘autocrítica’ por el caso de la cooperativa ligada a los ex Norte Sur, ante la comisión del ramo de la Cámara Baja, reconociendo que el número de entidades a seguir supera “por más” su capacidad institucional, aunque también deslizó críticas a la herencia del Gobierno de Sebastián Piñera. Diputados de distintas bancadas afinan la constitución de una comisión investigadora y el ex titular de Economía, Luis Felipe Céspedes, estaría entre los citados. En los próximos días se interpondrá la primera querella contra los responsables de dicha cartera, preludio de una futura acción indemnizatoria contra el Estado.
Tras varias semanas de silencio en el mundo político frente a la crisis que atraviesa la cooperativa Financoop, en los últimos días el escenario dio un vuelco que pone en el banquillo la responsabilidad del Ministerio de Economía por su errática fiscalización en el caso, incluyendo posibles vínculos políticos que pudieran haber influido en la débil fiscalización a la firma ligada a ex ejecutivos y socios del Banco del Desarrollo y militantes de la DC.
Invitada a la Comisión de Economía de la Cámara Baja la semana pasada, la subsecretaria del ramo, Natalia Piergentili, tuvo que hacer frente a las dudas de los diputados sobre el rol que jugó este año en el seguimiento a la cooperativa, que hoy tiene sus operaciones detenidas producto de una medida prejudicial otorgada en agosto pasado por los tribunales, a solicitud de Economía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La situación mantiene un corralito para casi 50 mil personas con más de $ 40 mil millones en depósitos y total incertidumbre respecto al futuro de la entidad y los dineros de los ahorrantes.
En la instancia la autoridad reconoció una débil fiscalización a la cooperativa y una incapacidad institucional para hacer frente a esa labor. Además, deslizó que fue en el Gobierno de Sebastián Piñera que se intensificó dicha debilidad, al darle mayor atención al fomento que a la fiscalización.
También reveló que los ministerios de Hacienda y de Economía conocieron de la situación de Financoop antes que acudieran a los tribunales a pedir las medidas precautorias que hoy tienen paralizada a la cooperativa y, asimismo, que analizaron con ellos el escenario de permitir que siguiera operando con las dudas sobre su capacidad financiera para hacerlo.
En la instancia, además, distintos diputados de Gobierno y oposición plantearon la idea de crear una comisión investigadora que permita abordar la labor del Ejecutivo en el tema y en los próximos días las bancadas reunirán los votos para concretarla.
De paso, la comisión de Economía requirió a Contraloría analizar la labor de fiscalización realizada por el Departamento de Cooperativas de dicha cartera y también se pidió información al Sistema de Empresas Públicas (SEP) para verificar si algunos de los integrantes del Consejo de Administración de Financoop están participando en empresas del Estado; esto, a raíz de las históricas vinculaciones de los ejecutivos, directivos y socios de Financoop con el Gobierno. De hecho, según SEP, es director de Metro el DC Carlos Mladinic, también consejero de la cooperativa.
Desde el principio la subsecretaria Piergentili se vio incómoda en la sesión de la Comisión de Economía del miércoles pasado. A su diestra figuraba Zoran Ostoic, su mano derecha en la disputa con Financoop y quien es jefe de fiscalización y Supervisión del Departamento de Asociatividad y Economía Social (DAES), la entidad que en 2014 vino a reemplazar al antiguo Departamento de Cooperativas (Decoop), con las modificaciones a la Ley de Cooperativas que realizó el Gobierno de Piñera.
A su izquierda, en tanto, se sentó su enemigo en la disputa pública (y con quien se han acusado públicamente de decir falsedades), el gerente general de Financoop, Daniel Albarrán, con el que no cruzó palabra alguna en la sesión de casi una hora y media y quien, al final de la misma, pidió la palabra para volver a sostener, esta vez ante la comisión, que Piergentili mentía en cuanto a los motivos que habría tenido para “desconocer”, a mediados de año, el acuerdo que tejieron bajo cuerda entre abril y junio. Este buscaba traspasar a una fundación (un tercero, según Piergentili) gran parte de la cartera ‘deteriorada’ de la empresa y así limpiar Financoop.
Ese ‘acuerdo’ la funcionaria lo conversó con Albarrán y el vicepresidente de la cooperativa, el ex superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) en los gobiernos de la Concertación en los 90, Ernesto Livacic, hombre de histórica vinculación con el grupo Norte-Sur, que controló hasta 2007 el Banco del Desarrollo, hoy en manos de Scotiabank. El holding estuvo liderado hasta 2016 por el empresario con fuertes vínculos con el PPD y la Democracia Cristiana (DC), Vicente Caruz.
La subsecretaria hizo una presentación acotada de 10 minutos al comienzo, con el relato ya divulgado en semanas pasadas, pero tendría que volver a hablar, pues distintos diputados de oposición y oficialistas la interpelaron por la falta de fiscalización y por la dureza de la medida pedida a tribunales. Además, Albarrán desplegó una extensa presentación donde contradecía abiertamente a la autoridad, generando las dudas de los integrantes de la instancia.
El ejecutivo no cejaría. Así, al final de la comisión, cuando el presidente de la instancia, Sergio Espejo, intentaba cerrar la jornada, Albarrán –acompañado de cerca por Livacic– pediría por segunda vez la palabra para cuestionar la versión de Piergentili sobre por qué ese acuerdo se cayó.
El ex gerente general del Banco del Desarrollo dijo que Economía les notificó por escrito el 5 de agosto pasado –pocos días antes de que el Gobierno pidiera a tribunales las medidas prejudiciales que detuvieron a la cooperativa– que “desconocía” el acuerdo, pero que sus motivos no son los que ahora señalan desde La Moneda sino más formales, como que el acta de la junta, que aprobaba el traspaso de la cartera deteriorada a una fundación, fue firmada por la fiscal de la cooperativa, que “lo había hecho históricamente”.
Según Piergentili, no tenía certeza de la situación de la compañía y la fundación referida aún no había sido creada y, además, no estaban comprometidos más que US$ 2 millones en capital fresco, cuando la cooperativa necesitaba mucho más.
En la sesión, Piergentili reconoció abiertamente que no sabían de los problemas contables y/o financieros de la cooperativa y que, si no hubiesen llegado Albarrán y Livacic a sus oficinas ese viernes a las 6 de la tarde, a comienzos de abril pasado, a revelarles que no estaban cumpliendo con los nuevos estándares de provisiones, “no hubiésemos sabido y hubiera continuado esta bicicleta”.
Porque, según la funcionaria, Financoop venía en un ejercicio de “bicicleteo” financiero desde hacía tiempo, captando cada vez más inversiones de personas y sociedades (pasivos), mientras mantenía al día (vigentes) al menos casi un tercio de sus créditos vencidos.
Esto lo lograba imitando a la mítica multitienda ‘La Polar’: nuevas líneas de créditos y otras fórmulas de refinanciamiento muy ventajosas permitían mantener la cartera vigente, pero poniendo en riesgo la generación de liquidez (efectivo) necesaria para pagar los intereses ganados por sus ahorrantes, una parte importante de ellos sus propios socios y que hoy tienen sendas demandas presentadas en tribunales civiles y la Corte de Apelaciones.
Piergentili respondió las preguntas de los parlamentarios. Y no escabulló el bulto. Abiertamente reconoció que la labor de fiscalización de la cartera había sido débil, sorprendiendo a los diputados, como reconocieron posteriormente algunos de ellos.
“Creemos que, a diferencia de otros organismos fiscalizadores, la estructura de fiscalización del Departamento de Cooperativas es más débil que otros. No tenemos una estructura tan robusta como quisiéramos. Nuestro rol no es solo fiscalización sino también fomento. Y a partir de algunos hechos suscitados con cooperativas justamente por fiscalización es que algunas pasaron a control de la Sbif. Tenemos clara conciencia de que las 38 cooperativas que fiscalizamos, aparte de las de agua potable, etc., sobrepasan por más la capacidad institucional que tenemos para fiscalizar”, manifestó con crudeza la autoridad.
Luego ahondó en el problema, deslizando críticas al Gobierno de Sebastián Piñera. “Solo mirando la historia, esta es una opinión que nos hemos formado a luz de los análisis. Creemos que desde 2010, si no antes, hasta 2014-2015, la fiscalización fue una parte menor del quehacer de la División de Asociatividad y Economía Social. El 2014 nace la división de asociatividad para darle estatus de división a lo que tiene que ver con cooperativismo, lo que, a mi juicio, en una decisión explícita o implícita, lo que se hizo fue poner más robustez a la parte de fomento, dejando un poquito de lado la de fiscalización”, recalcó, aunque también reclamó que “es bien difícil poder entrar al corazón de una irregularidad cuando el fiscalizado no muestra todos los espacios”.
En esa línea, incluso reconoció que dieron un trato preferente a Financoop en comparación con otras cooperativas, pero que, aun cuando tenían un acuerdo, no podían validarlo, pues no sabían el verdadero estado financiero de la empresa ni podían confiar en que, una institución por crearse, fuera a hacerse cargo de los créditos basura.
“Efectivamente el 7 de abril (de 2017) llegaron los directores presentes a decirnos que tenían un problema y que se habían dado cuenta de que la provisión de cartera estaba, por decir lo menos, defectuosa. A partir de eso tuvimos muchas reuniones con ellos y abogados, aun a objeto de hacer una acción afirmativa con el fiscalizado que no hacemos con las otras cooperativas, entendiendo la magnitud, etcétera, etcétera…”, reveló la subsecretaria.
Con todo, la autoridad dejó instalada la duda, que también tendrían en la cooperativa –de acuerdo a lo señalado por fuentes que saben de su situación–, de qué ocurriría si reinicia sus operaciones, en caso de que el Gobierno pidiera levantar las medidas prejudiciales, como solicitan miles de ahorrantes.
En ese escenario, la posibilidad de una corrida, en que todos o gran parte de estos rescaten sus dineros, dejaría en quiebra de liquidez a la cooperativa. Esto, ni Albarrán ni Livacic lo han reconocido, pero –según Piergentili– era el riesgo que se corría si se mantenía ‘bicicleteando’ a Financoop, pues tarde o temprano entraría en shock.
“Creemos que la disolución forzada es el mejor mecanismo, porque, a partir del daño patrimonial y con el informe del interventor, si fueran todos los ahorrantes a sacar su dinero, no habría para todos. Ese es el punto. Por eso se hace este corralito, que no permite seguir haciendo captaciones, porque ahí sí seriamos irresponsables de tener información de insolvencia y no hacer nada. Creemos que podríamos haber sido más enfáticos en la fiscalización, sin duda, porque en 2013 y 2014 se le recomendó modificar cómo clasificaba la cartera riesgosa. Asumimos que, si nunca hubieran llegado los directores, no hubiésemos sabido y hubiera continuado esta ‘bicicleta’. No puedo sino más que hacer lo que hay que hacer”, concluyó, insistiendo en que su objetivo es conocer en detalle el déficit patrimonial de la empresa.
Además, reveló que tuvo reuniones con BancoEstado y con sus superiores de entonces en Hacienda (Valdés) y Economía (Céspedes), buscando una salida, y que estos le preguntaron si tenía certeza en cuanto a que Financoop disponía de recursos para pagar a los depositantes que lo requirieran. Y, ante la duda, optó.
La decisión puede costarle cara al Estado. El abogado Tomás Fabres, quien está representando a algunos depositantes, interpondrá en los próximos días una querella criminal contra Céspedes y Piergentili, por las deficiencias de su fiscalización. Este sería un paso previo a lo que en el futuro constituiría una acción indemnizatoria contra el Estado, pues entre los acreedores es sabido que, aunque se liquide o reorganice la cooperativa, no recuperarán por completo su dinero. El saldo se lo reclamarán al Estado.
