Polémicos créditos a las Cascadas resultaron en multa más alta de la historia
No se trata de un recurso cualquiera, sino de uno que deja de manifiesto el tono con el que banco quiere hablarle a la superintendencia, que tras verse derrotada en la Corte Suprema el pasado 9 de mayo, luego que se anulara la multa de US$ 30 millones que le había aplicado a la entidad bancaria, volvió a la carga. Aunque fue un fallo polémico, dividido y que no decidió sobre el fondo del asunto. La voz disidente del juez Muñoz fue lapidaria.
La pelea se arrastra hace rato y la estocada se había mantenido en total sigilo, hasta el martes, cuando los últimos detalles se afinaron para ingresar a la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección, que en 40 páginas revela la estrategia de Itaú-CorpBanca, nada amable, para graficar su desacuerdo con la formulación de cargos que el pasado 23 de octubre le cursó la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), por los créditos otorgados a sociedades Cascada a fines de 2015.
Claro y Compañía fue el bufete que lideró la acción. Los abogados que encabezan el caso: dos de sus socios emblemáticos, Cristóbal y José María Eyzaguirre.
Pero no se trata de un recurso cualquiera, sino uno que deja de manifiesto el tono con el que el banco quiere hablarle a la Sbif, que tras verse derrotada en la Corte Suprema el pasado 9 de mayo, luego que se anulara la multa de US$ 30 millones que le había aplicado a la entidad bancaria, volvió a la carga.
El 30 de junio pasado y con el titular de la señalada superintendencia, Eric Parrado, inhabilitado por decisión propia, la autoridad notificó al banco la “continuación” del procedimiento administrativo, cuya multa de US$ 30 millones fue desechada por la Suprema en mayo pasado –como se indicó–, descartando hacer uno nuevo.
La Sbif había perdido en la Suprema en una movida que el mercado leyó como un portazo a la entidad y como una falla en el proceso. La ausencia del debido proceso sancionatorio, es decir, errores en la forma de llevar adelante el procedimiento, dejaron a la superintendencia sin piso. El fallo de la Tercera Sala fue observado por el mercado financiero y por los abogados. Un «supremazo» del Poder Judicial, según relató El Mostrador Mercados.
Aunque cabe señalar que fue un fallo polémico, dividido y que no decidió sobre el fondo del asunto. Y la voz disidente del juez Sergio Muñoz fue lapidaria.
El regulador se quedó –coloquialmente hablando– «con sangre en el ojo» y fue tras los bancos nuevamente. Retomó el proceso en junio y el banco, ahora fusionado, presentó, a mediados de julio, una reclamación, planteando la ilegalidad del proceso. Pero la Sbif le dio con la puerta en la cara y siguió adelante. La movida se leyó como una declaratoria de guerra de la Sbif para evitar la prescripción de multas.
Finalmente, la entidad formuló cargos que se conocieron el pasado 30 de octubre, cuando Itaú-CorpBanca los reveló en sus Estados Financieros y posteriormente fueron confirmados por la Sbif. Itaú-CorpBanca ya advertía en ese minuto que la puerta para recurrir a tribunales estaba abierta.
Si bien hasta hoy los fallos habían hablado por sí solos, ahora Itaú-CorpBanca subió el tono de la conversación con la Sbif. La acusa de arbitrariedad, persecución, de reabrir un proceso ya cerrado por el máximo tribunal.
Pero, a todas luces, lo más grave es acusar al organismo de no respetar la Constitución, tanto en términos particulares como generales. «En efecto, constituyéndose una verdadera comisión especial, de aquellas prohibidas en nuestra Constitución Política y sometiendo a Itaú-CorpBanca a un trato arbitrariamente discriminatorio en los términos proscritos por nuestra Carta Fundamental, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha resuelto recientemente dar inicio a un aparente procedimiento administrativo sancionador en contra de mi representado», sentencia el documento.
El tono del escrito, además, se agarra de las supuestas atribuciones que el ente liderado por Parrado se habría tomado en el marco del proceso sancionatorio, Entre ellas, haber hecho «caso omiso» de lo dictado por la Suprema, pero también señala que, como si no «le hubiera bastado hacer caso omiso de lo dispuesto por el constituyente y el legislador al imponer las multas que Justicia dejó sin efecto, pretende nuevamente ponerse por encima del Estado de Derecho vulnerando, además, lo resuelto con efecto de cosa juzgada por los Tribunales Superiores de Justicia».
El documento habla asimismo de una «parodia de procedimiento administrativo» y lo califica de «absurdo», «arbitrario» y asegura que la Sbif constituyó una «verdadera comisión especial para perseguir a Itaú-CorpBanca».
