ANÁLISIS
La postura de Sebastián Piñera sobre las termoeléctricas a carbón será fundamental para entender si su gobierno estará disponible para avanzar en una matriz distinta en términos de salud pública y protección de la biodiversidad. En el intertanto, Michelle Bachelet tiene aún en sus manos la llave para, previo al fin de su mandato, dar los pasos necesarios en tal sentido: el Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Energía, cuya consulta pública concluyó el 21 de diciembre.
Pasada la resaca electoral, desde múltiples frentes se han activado los esfuerzos para salvar lo que se pueda previo al arribo de Sebastián Piñera a La Moneda el 11 de marzo de 2018. En el Congreso se están enfocando en proyectos emblemáticos que podrían sufrir un duro revés de no aprobarse durante lo que resta del mandato de Michelle Bachelet y en el Ejecutivo vía decretos esperan dejar avanzadas múltiples materias sensibles para el actual gobierno y que, incluso, fueran soporte de la truncada candidatura de Alejandro Guillier.
Uno de ellos el sector energético, donde hubo notorias diferencias entre Piñera y Guillier, vinculado al crecimiento económico, la protección del medioambiente, los impactos socioambientales locales producto de proyectos productivos y el cambio climático. Un dato no menor considerando que un reciente estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo midió la visión de la ciudadanía en los países de América Latina y en el cual se determinó que en Chile un 78% aspira a que se dé prioridad a “la lucha contra el calentamiento del planeta por sobre el crecimiento económico”, al contrario de un 12 % que exige lo opuesto.
Aunque los temas ambientales y energéticos no fueron los grandes protagonistas de la contienda presidencial, relevante es repasar los anuncios del candidato triunfador en la materia. Y así establecer su coherencia con las prioridades ciudadanas y lo que, según el estudio del BID, está demandando una mayoría de la población.
Sebastián Piñera incorporó el tema en el capítulo «Recursos naturales e infraestructura para potenciar el progreso», y lo volvió a tocar en «Medio ambiente, cambio climático y calentamiento global». Y en términos del fomento de energías limpias, planteó la necesidad de “facilitar el desarrollo de fuentes de energía renovable, como la eólica, solar, hídrica, geotermia y biomasa, para reducir las emisiones de carbono acorde a nuestros compromisos del Acuerdo de París” y “convertir a Chile en una plataforma de desarrollo de tecnologías solares competitivas, incentivando la I+D mediante estímulos económicos y fondos públicos concursables, y avanzar hacia una matriz energética totalmente limpia y renovable”.
En materia de cambio climático a nivel general, el Presidente electo propuso “implementar una Ley de Cambio Climático a fin de cumplir con nuestro compromiso internacional al año 2030”, “crear o fortalecer el Sistema Nacional de Inventarios Nacionales de Gases Efecto Invernadero (GEI), el Sistema Nacional de Prospectiva de GEI y el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes”, “Integrar la adaptación al cambio climático al Sistema Nacional de Inversiones, la Estrategia Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Evaluación Ambiental Estratégica y las normas de infraestructura y edificios”, “asignar las responsabilidades sectoriales de reducción de emisiones globales, actualizar los planes de adaptación y fortalecer la capacidad de fiscalización del impuesto al carbono de la Superintendencia de Medio Ambiente”, además de la creación de un Fondo Climático.
Agregó a estas promesas una “Estrategia Nacional de Control de Emisiones a la Atmósfera” (contaminantes locales y globales incluidos), manteniendo los programas de “eficiencia en sectores vivienda y edificación, secado de leña, recambio de calefactores, movilidad baja en emisiones, cobros por congestión y normas de eficiencia energética para vehículos livianos y medianos, además de avanzar hacia sistemas de transporte eléctricos”.
Estos fueron algunos de los compromisos del futuro Presidente de Chile en materia de energía y cambio climático, postura muy coherente con su programa que destaca el “gran patrimonio medio ambiental que se manifiesta en la extraordinaria biodiversidad del país que debemos proteger, ya que muchos de sus ecosistemas y especies están en riesgo” y, más aún, con su declaración de principios en el sentido de que “una sociedad solidaria debe asumir como una obligación ética el legar a las futuras generaciones un mejor patrimonio natural que el que ha recibido”.
Todas iniciativas positivas, por cierto.
Sin embargo, fue en el debate Energía Presidencial, del 15 de octubre, en que su jefa programática de Energía, Susana Jiménez, entró al área chica de la termoelectricidad, fundamentalmente a carbón.
Si uno escruta la realidad energética del país, no hay dudas sobre cuáles debieran ser los énfasis para una matriz más responsable en términos de salud y medioambiente: las centrales a carbón aún en operación, concentradas en zonas de sacrificio. Las carboneras (29 a nivel nacional) hoy son las responsables del 91 % de CO2 que el sistema eléctrico nacional emite al ambiente, sector en Chile que más aporta al calentamiento global.
Esto sin considerar que además representan una condena para la salud de la población, especialmente para los niños, en ciudades como Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví y Coronel, donde se concentran las carboneras y han debido implementarse planes de descontaminación. La electricidad sustentada en carbón hoy representa una capacidad instalada menor a un 23 % del total del parque nacional, sin embargo, en 2016 generaron el 44 % de la electricidad que se utilizó en el país.
Jiménez, especialista del Instituto Libertad y Desarrollo y quien ha sido mencionada como posible titular de Energía, señaló en el debate televisivo que producto de la actual legislación sobre emisiones “el proceso natural y competitivo va a ir dejando estas centrales fuera, en la medida que además, como hemos ido viendo de manera mucho más rápida a lo esperado, se va produciendo una baja en los costos de desarrollo de las energías renovables”.
En el fondo y al contrario de las políticas públicas planteadas en su programa, en este caso el equipo de Piñera solo se comprometió a dejar que el mercado funcione.
Y más aún, en sus propuestas sectoriales se prevé una reactivación del crecimiento (duplicar la tasa anual) con una explotación intensiva de recursos naturales y flexibilizando la aplicación de la legislación ambiental que en opinión del empresariado entorpecerían la materialización de determinados proyectos y que no serían más que “trabas burocráticas”.
Un caso paradigmático es la minería (uno de los sectores más demandantes de electricidad y energía en general), buscando posicionarla como “un motor de recuperación del crecimiento económico” y fomentando las iniciativas de exploración. Todo esto, asociado a la creación de una “Oficina de Gestión de Proyectos de Inversión que, de manera proactiva, busque atraer, coordinar y agilizar nuevas inversiones en el sector. Evaluar la creación de instrumentos específicos de atracción y protección de inversiones”.
Más allá de que no existen planteamientos frente a políticas de ordenamiento territorial, manejo integrado de cuencas, se observa que el leitmotiv principal es el crecimiento económico.
He ahí la clásica tensión, crecer o preservar, que en energía tendrá una de sus batallas emblemáticas.
Porque es el modelo de vida de la sociedad actual la verdadera gran estafa piramidal ecosistémica de corte intergeneracional: la economía –base de prácticamente todas las decisiones– se sustenta solo en la medida que va agotando el futuro vital global. Baste hacer el ejercicio sobre la huella de carbono y los planetas que necesitamos para vivir, tanto personal como globalmente.
Es ahí cuando el acuerdo transversal por la electromovilidad y lo full electric (izquierdistas, progresistas, derechistas, autoridades ambientalistas) genera ciertas dudas. Porque en parte alguna se aprecia un debate profundo sobre el modelo de desarrollo global, de consumo in crescendo y materialista, y que mercantiliza la biodiversidad.
¿Dónde el ahorro y la eficiencia como puntal? ¿Dónde pensar en un sistema de desarrollo menos intensivo en demanda y uso de energía? ¿Esfuerzos potentes por autogeneración con ERNC, incluso? ¿La diversidad de fuentes, comprendiendo los ciclos de la naturaleza cuyos comportamientos han sido las verdaderas fuentes de vida? ¿Electricidad proveniente de fuentes realmente limpias? En esto, no hay propuestas de fondo en los compromisos de Piñera.
Es ante esta disyuntiva que cobra sentido observar los pasos que pueda dar Michelle Bachelet en los meses que restan de su gobierno.
¿Avanzará en instalar este debate o simplemente dejará que las fuerzas de la economía marquen la pauta?
El mejor ejemplo de la tensión entre políticas públicas y laissez faire del mercado se dio cuando el 12 de septiembre de 2000, el gobierno de Ricardo Lagos emitió el decreto, firmado por la propia Michelle Bachelet como ministra de Salud, que declaró ilegal en Chile “la producción, importación, distribución, venta y uso de crocidolita (asbesto azul) y de cualquier material o producto que lo contenga”. Esto, a pesar de ser un producto bastante barato para construir, mover la economía y el crecimiento.
En este caso, la decisión del Estado de Chile fue prohibir este material al ser “un mineral reconocidamente dañino para la salud, cuando es inhalado al encontrarse en el aire en forma de fibras de asbesto libre, pudiendo causar graves enfermedades, tales como asbestosis, cáncer primario del pulmón o mesoteliomas. Enfermedades todas de alta letalidad”. Conceptos bastante parecidos al impacto en la salud y el medioambiente de las termoeléctricas en general y las carboneras en particular, algo más que demostrado y vigente a la luz del estudio que determinó que los niños de Coronel tienen en su sangre arsénico y las mujeres de Huasco altos niveles de mercurio.
Hace 17 años la decisión fue prohibir el asbesto. No fue aplicar mayores impuestos para que el mercado decida ni someter su uso a evaluaciones ambientales que podrían permitirlo en determinadas circunstancias. La salud de los trabajadores y la población fue el preciado interés público a proteger. Incluso en contra de la libertad de empresa.
Esta visión es coherente con la “Alianza Global para eliminar el Carbón” que más de 20 países constituyeran recientemente, entre ellos, Canadá, Reino Unido, México, Costa Rica y El Salvador, durante la COP 23 realizada a fines de noviembre en Bonn, Alemania. En la ocasión, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, Catherine McKenna, expresó que terminar con la electricidad basada en el carbón será positivo para el planeta y las personas, dado que “cerca de 1 millón de personas mueren cada año debido a la polución que produce el carbón”.
En las semanas que vienen el gobierno de Michelle Bachelet tendrá la oportunidad de hacer un aporte importante con relación a esta materia. Hace pocos días concluyó la consulta pública para el Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Energía y es en este donde el gobierno puede imprimir los énfasis necesarios que repliquen, en alguna medida, el paso que hace casi dos décadas decidió dar.
Patricio Segura
Periodista y presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén.
