Opinión
Diversos estudios nacionales e internacionales han demostrado los efectos que tiene en los ecosistemas y las personas, además del calentamiento global, la operación de este tipo de tecnologías. Economistas, técnicos y empresas no pueden ser los únicos integrantes de la mesa que se constituirá para programar el cese de las plantas aún en operación. Desde la sociedad civil se plantea que también deben incluirse representantes de las comunidades afectadas, los gremios de la salud y organizaciones socioambientales.
Con aplausos ha sido recibida por parte de la comunidad nacional el reciente anuncio del ministro de Energía, Andrés Rebolledo, y la Asociación de Generadoras, de terminar con la construcción de centrales termoeléctricas a carbón e iniciar el cese secuencial de las aún en operación. Para esto último, se constituirá una mesa de trabajo cuya implementación debiera ser informada durante los próximos días.
“Gracias a un acuerdo con las empresas generadoras, damos un paso más hacia un desarrollo descarbonizado. Primero dejando de tener nuevas centrales termoeléctricas a carbón y segundo estableciendo un trabajo colaborativo y dialogante para cerrar las que existen y ver cómo reemplazarlas”, fueron las palabras de la Presidenta Michelle Bachelet al informar la medida, dando así una positiva señal luego del fracaso, en diciembre pasado, de la incorporación de Chile a la “Alianza Global para eliminar el Carbón”, que más de 20 países constituyeran durante la COP 23 realizada a fines de noviembre en Bonn, Alemania. Paradójicamente, fueron las propias empresas las que, en una reservada reunión con Rebolledo, cuestionaron que el Ejecutivo subiera al país al carro global, echando por tierra en ese momento las aspiraciones del ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena.
La jugada permitió instalar en la agenda pública el compromiso de la industria local, aunque con un horizonte ambiguo, al plantear la descarbonización completa de la matriz eléctrica en un momento indeterminado, «entre 2030 y 2050», según ha afirmado Rebolledo. Es decir, con un posible techo de 32 años más.
Es precisamente este punto, el plazo, en el que la sociedad civil quiere poner el acento. Y por esta razón está demandando que se le incorpore en la mesa de trabajo ad hoc que se constituirá pronto para establecer el cronograma de cierre de las carboneras, al igual que a las comunidades afectadas y a los gremios de la salud. Porque este no puede ser solo un tema de empresas, técnicos y economistas, se señala.
Este aspecto es relevante precisamente por las palabras de la futura ministra de Energía, Susana Jiménez, especialista del Libertad y Desarrollo, think tank ligado a la Unión Demócrata Independiente que, en materia económica, impulsa políticas públicas de corte neoliberal. Consultada Jiménez en un debate presidencial sobre la posibilidad de legislar para el cese de las termoeléctricas a carbón, dejó todo en manos del mercado: “El proceso natural y competitivo va a ir dejando estas centrales fuera, en la medida que además, como hemos ido viendo de manera mucho más rápido a lo esperado, se va produciendo una baja en los costos de desarrollo de las energías renovables”.
Postura que refrendó el pasado 31 de enero, al conocerse el acuerdo de terminar con la generación eléctrica sobre la base de carbón, al cuestionar que el país se ponga plazos: “Yo creo que no corresponde, porque justamente hay que, responsablemente, ver qué es lo que conviene desde el punto de vista de la seguridad, flexibilidad y de los precios de la energía”.
Sintomático es que en sus palabras no aparecieran conceptos como descontaminación, protección de la salud, descarbonización de la economía o cumplimiento de compromisos frente al cambio climático. Porque, aunque esta decisión se enfoca en los objetivos frente al cambio climático, son reconocidos los impactos de la termoelectricidad en la vida de las personas y ecosistemas de múltiples comunidades del país, particularmente en las así llamadas zonas de sacrificio: Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví y Coronel, entre las principales.
Aunque el parque térmico es el principal responsable de las emisiones de contaminantes locales y de gases de efecto invernadero del sector eléctrico, son las 27 carboneras en operación las verdaderas culpables al lanzar a la atmósfera el 91% de las emisiones de CO2 de los sistemas SING/SIC; el 88% del material particulado; el 97% del dióxido de azufre; y el 91% del óxido de nitrógeno.
Son múltiples los estudios que se han elaborado a nivel internacional dando cuenta de los efectos de las emisiones de carbón en la salud de las personas, particularmente en los sectores más vulnerables.
Así se desprende de los resultados preliminares de un informe sobre la evidencia del impacto de las termoeléctricas a carbón en la salud infantil, descrita en publicaciones científicas tanto en el país como en el extranjero, que elaborara un equipo de investigadoras de la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe). Nacimientos prematuros, niños con bajo peso, menor estatura y menor diámetro del cráneo, además de menor desarrollo cognitivo y cociente intelectual junto con problemas pulmonares y patologías como asma y pulmonía crónica, son los problemas con mayor prevalencia en niños menores de 18 años expuestos a las emisiones de las carboneras.
“Cada paso del ciclo de vida del carbón –su extracción, transporte, lavado, combustión y desecho de residuos de postcombustión– tiene influencia sobre la salud humana, agravando los principales problemas de salud pública de nuestros tiempos; interfiere con el desarrollo pulmonar, incrementa el riesgo de infartos y compromete la capacidad intelectual”, señalan en dicho documento las especialistas Sandra Cortés y Ericka Ahumada, de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, Karla Yohannsenn de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y la doctora genetista Lidya Tellerías, que dirige la Comisión de Medio Ambiente de la Sochipe.
Paradójicamente, en Chile no abundan los estudios sobre el daño a la salud en sectores poblacionales específicos. Una de las pocas publicaciones, liderada por el médico Pablo Ruiz-Rudolph, del Instituto de Salud Poblacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, junto a un amplio equipo de especialistas, ha consignado un aumento de entre un 20% a un 100 % de “mortalidad y morbilidad por varias causas, entre ellas, cardiovasculares, respiratorias, cáncer, asociados a megafuentes emisoras”, donde se incluyen termoeléctricas a carbón, pero que muchas veces se refieren a una combinación de industrias. Esto, porque normalmente las carboneras conviven con otro tipo de instalaciones altamente contaminantes.
Esta investigación, bajo el título «Impacto de las emisiones de grandes industrias en la mortalidad y morbilidad: estudio en pequeñas localidades» y publicada en 2016, analizó los impactos de grandes industrias en poblaciones locales entre los años 2000 y 2010, revelando que el riesgo de muerte y hospitalizaciones creció significativamente. Ejemplo de ello es que en zonas cercanas a termoeléctricas la prevalencia de mortandad por cáncer de pulmón aumentó en un 90 %, por otros cánceres se elevó en un 70 % y por problemas cardiovasculares o respiratorios un 30 %. En estos casos, los más afectados siempre fueron niños y niñas, embarazadas y adultos mayores.
A nivel internacional se han realizado estudios con mayor especificidad. Investigaciones en China en zonas expuestas a carboneras determinaron que, cuando las mujeres embarazadas están expuestas a estas emisiones, se producen nacimientos prematuros y de niños con bajo peso, menor talla y menor diámetro del cráneo.
Pero eso no es lo único. Al crecer, los pequeños presentan menor desarrollo cognitivo y de cociente intelectual, además de problemas pulmonares y patologías como asma y pulmonía crónica, junto con un aumento en la posibilidad de que los niños presenten síntomas de autismo debido a las emisiones de mercurio.
Estos datos son coherentes con un estudio realizado en Puchuncaví en 2015, que determinó que un 25 % de los niños y niñas de las escuelas de la comuna tiene problemas de aprendizaje.
Son estos los datos críticos que alertan sobre la urgencia de cerrar las termoeléctricas a carbón, al representar una irresponsabilidad y negligencia inexcusable dejar pasar dos generaciones (a 2050, un total 32 años) para terminar con la última termoeléctrica a carbón en Chile. La vida y salud de quienes están expuestos día a día a diversos tipos de contaminantes exigen una pronta decisión ética y política para cesar con estas fuentes de daño, enfermedad y muerte.
En días en que está de moda que desde la industria se hable de “compartir beneficios” con las comunidades que son sacrificadas en pos de un modelo de desarrollo insustentable, queda la duda de si los dueños de las carboneras están dispuestos a compartir también los perjuicios: partos prematuros, enfermedades cardíacas, cáncer, accidentes cerebro-vasculares, enfermedades crónicas del aparato respiratorio, deficiencias genéticas y cognitivas.
Es tal, uno de los elementos que deben estar en la mesa de trabajo cuando se comience a discutir el plazo que se dará Chile para eliminar, como en el caso de asbesto, esta oscura tecnología.
Patricio Segura
