Aldo Motta, ex gerente de las sociedades cascada sobre SQM, lleva poco más de un mes prestando testimonio como imputado por los delitos de manipulación bursátil y entrega de información falsa al mercado. En este periodo, el Ministerio Público ha puesto ante el tribunal no solo antecedentes que dejan a Motta en el centro de las polémicas operaciones en bolsa, sino que también ha revelado correos que implican directamente a Ponce y que, para algunos, sustentan la tesis de que este sabía lo que pasaba con las acciones del grupo de empresas, teniendo incluso la capacidad de decidir qué hacer con ellas.
Por estos días, en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago se discute el “Caso 6”, uno de los varios ciclos de operaciones bursátiles que tienen a Aldo Motta como imputado por los delitos de manipulación bursátil y entrega de información falsa al mercado. El ex gerente general de las sociedades cascada sobre SQM lleva poco más de un mes declarando ante el Ministerio Público, en lo que es el inicio de un juicio cuya extensión se ha previsto en siete meses, al menos.
Aun siendo esta una etapa incipiente, no ha sido en absoluto trivial. Si bien es Motta quien está dando explicaciones ante el Tribunal, la difusa figura de Julio Ponce poco a poco va cobrando nitidez en cuanto a su participación en el caso, no solo como un inversionista que compró y vendió acciones de la cascada en beneficio propio –según la investigación que motivó el proceso sancionatorio de la ex SVS, hoy Comisión para el Mercado Financiero (CMF)–, sino también como alguien que conocía la existencia de estas operaciones, pudiendo ser incluso quien las decidía en algunos casos. Algo que siempre se ocupó de desmentir.
Así lo ha dejado ver el Ministerio Público, el que ha revelado antecedentes que obtuvo tras incautar material informático que ha terminado salpicando a Ponce. Para varios de los involucrados se trata de un verdadero «logro», considerando que estas incautaciones se hicieron bajo la conducción de Andrés Montes como fiscal, tras suceder en la investigación a José Morales, quien por casi dos años tuvo el caso a su cargo, siendo públicamente criticado por no haber efectuado este tipo de diligencias.
Ahora con Montes como fiscal de la CMF, la Fiscalía Centro Norte tiene a todo un contingente a cargo: las fiscales Ximena Chong, Macarena Cañas, Jaime Retamal y Tania Sironvalle persiguen la responsabilidad penal de Motta por las operaciones bursátiles que sancionó la ex SVS y de las cuales Ponce tenía conocimiento. Eso al menos muestran las pruebas.
[cita tipo=»destaque»]Estos correos se enmarcan en el llamado «Caso 4». En este último, Pampa Calichera vendió a Oro Blanco 2,5 millones de acciones SQM-A el 23 de diciembre de 2010 a un precio de $26.947 por papel, que le permitieron a Oro Blanco obtener una utilidad contable de US$4,4 millones. Al día siguiente, la misma Pampa Calichera compró a Oro Blanco 2,5 millones de SQM-A, aunque a $27.800 por acción, obteniendo una utilidad contable de US$126,3 millones. Luego, el 14 de enero de 2011, Calichera vuelve a vender a Oro Blanco 2,5 millones de acciones SQM-A a un precio por acción de $27.800, generando una utilidad contable de US$126,3 millones y el 17 de enero (día hábil siguiente) Calichera compra este mismo número de acciones, pero a $27.850 por papel.[/cita]
Los antecedentes son principalmente correos en los que se hace mención a Ponce o en los que él mismo le dice a Motta qué hacer. Todos elementos relevantes, considerando que este juicio es visto por la Fiscalía y los querellantes como parte de un caso mayor, pues las causas contra Motta y el resto de los personajes sancionados por la CMF, como los empresarios Leonidas Vial, Roberto Guzmán y el propio Ponce, están separadas pero conectadas, ya que los hechos son los mismos sancionados por el regulador financiero. Así, la evidencia sería clave.
Parte de estos correos son los que mostró la fiscal Macarena Cañas a Motta el 9 de abril pasado. Se trata de una cadena de e-mails en los que Eugenio Ponce, hermano de Julio y actual presidente de SQM, habla por su hermano ante Potash Corp (PCS) por haber intervenido en operaciones que fueron entre Oro Blanco y Pampa Calichera (sociedades que son parte de la cascada de Ponce). Su comentario en el asunto era relevante, toda vez que la empresa canadiense protagonizó hasta 2006 una áspera disputa por el control de SQM, en la cual Ponce pudo salir airoso tras sellar un pacto por el control de la compañía con la sociedad japonesa Kowa, y así dominar el directorio de Soqui.
Estos correos se enmarcan en el llamado «Caso 4». En este último, Pampa Calichera vendió a Oro Blanco 2,5 millones de acciones SQM-A el 23 de diciembre de 2010 a un precio de $26.947 por papel, que le permitieron a Oro Blanco obtener una utilidad contable de US$4,4 millones. Al día siguiente, la misma Pampa Calichera compró a Oro Blanco 2,5 millones de SQM-A, aunque a $27.800 por acción, obteniendo una utilidad contable de US$126,3 millones. Luego, el 14 de enero de 2011, Calichera vuelve a vender a Oro Blanco 2,5 millones de acciones SQM-A a un precio por acción de $27.800, generando una utilidad contable de US$126,3 millones y el 17 de enero (día hábil siguiente) Calichera compra este mismo número de acciones, pero a $27.850 por papel.
Todas transacciones que para el Ministerio Público reflejan que nunca hubo un interés por parte de ambas sociedades por desprenderse y adquirir este paquete de acciones, y cuyas utilidades contables objetó la auditora Ernst & Young. Sin embargo, para Motta se trató de operaciones de mercado que, incluso, fueron intervenidas por terceras personas, como ocurrió el 23 de diciembre con la corredora Celfin Capital (hoy BTG Pactual). Ese al menos ha sido su argumento.
La sola intervención de terceros en acciones de SQM-A –que es la serie que da derechos políticos en la compañía, permitiendo la elección de 7 de los 8 directores de la empresa– motivó a Eugenio Ponce para escribirle a Bill Doyle, ex CEO de PCS, sobre el supuesto de que la empresa canadiense estaba detrás de las pujas de Celfin. Esto, pues PCS operaba en Chile a través de esta corredora.
Eugenio le explicó a Doyle que Celfin participó en casi todos los paquetes vendidos de acciones SQM-A y «no hay terceros con esta cantidad de acciones. De todos modos, le conté a Julio sobre nuestra conversación de hoy y él está más tranquilo. Mañana habrá más acciones que serán subastadas».
La respuesta de Doyle llegó esa misma noche:
«Querido Eugenio,
Me complace que hayamos tenido la oportunidad de hablar antes. El problema fundamental hasta ahora era que no sabía que Julio iba a estar en cierto sentido ‘refinanciando’ sus acciones. Si esto nos hubiera sido comunicado, no tendríamos este problema. Tan pronto como supimos que estas eran las acciones de Julio, pusimos fin a cualquier actividad de nuestra parte.
Con respecto a sus comentarios específicos, mi autoridad de gasto para ítems no presupuestados es un máximo de $ 10 M. Todo lo demás, tengo que tener una aprobación de la Junta. Puedo asegurar que no estábamos en el mercado chileno para comprar acciones por valor de $140 M o incluso acciones por un valor de $13 M. Celfin debe haber estado trabajando para alguien más. Como le prometí a Julio hace unos años, nunca lo abordaremos por la puerta trasera ni siquiera por la puerta lateral. Nosotros no operamos de esa manera. Trabajamos cara a cara y sería cooperativo y no hostil. En lo que a mí respecta, tenemos una muy buena asociación y la compañía ha logrado grandes avances como resultado.
Se necesita una mejor comunicación para evitar estas sospechas».
Luego, el 21 de enero, Eugenio vuelve a escribirle al ex CEO de PCS, revelando que la paz pactada entre ambos accionistas no estaba exenta de tensiones:
«Querido Bill:
Estamos muy decepcionados de saber que Los Boldos, vendió acciones B y compró acciones A: alguien está muy molesto aquí.
Con los mejores deseos.
Eugenio».
La respuesta llegó esta vez por parte de Wayne Brownlee, ex director de SQM nombrado por PCS, por petición de Bill, y tuvo como destinatarios a Julio y Eugenio Ponce. El ejecutivo de PCS explicó que estas operaciones fueron para darles a las acciones SQM-A presencia bursátil y, de esta forma, eximirse del impuesto a la ganancia de capital. De igual manera, Brownlee dijo no entender el enojo.
«Dicho todo esto, no entiendo muy bien la ira implícita. El número de acciones compradas fue insignificante como porcentaje del total de acciones en circulación y ciertamente no constituye una amenaza para la posición de control de Julio/Pampa Calichera, que está basado en el acuerdo Kowa (que nunca cuestionamos), independientemente de nuestra posición en SQM-A. No creo que hayamos dicho que nunca compraríamos acciones A si están disponibles en el mercado. Cuando nos avisaron que las transacciones fueron de acciones de Julio, presumiblemente por razones de planificación de impuestos, le dijimos a Celfin que no interviniera. Y posteriormente acordamos con usted Eugenio y de nuevo con Wolf von Appen, que en el futuro si Julio estaba intercambiando sus acciones por razones similares, no intervendríamos, con aviso previo por su parte».
El intercambio deja en evidencia que en la firma no se movía un alfiler sin que Ponce o sus cercanos estuvieran al tanto.
La fiscal Cañas, tras haber hecho entrega a Motta de esta cadena de correos, le dijo al imputado que la existencia de estos antecedentes daban cuenta, al menos, de que hubo conversaciones entre Julio Ponce y altos funcionarios de PCS para detener la interferencia de Celfin. «Sin duda entendemos que estos son mecanismos precisamente que evitan el riesgo del cual usted nos habló de que el mercado opere y que haya riesgo de interferencia. Podemos concluir eso, ¿cierto?», añadiendo luego que «(…) la gente de Potash confirma que cuando supo que el paquete era de Julio cesó la interferencia, dio instrucciones para cesar. Eso me va a decir que ¿no es alterar el libre juego de oferta y demanda que debe existir en el mercado de valores en Chile?».
Motta, arguyendo desconocimiento sobre estos correos, respondió que «no puedo hacerme responsable por lo que hacen otras personas, menos si yo no conozco acerca de eso».
La semana pasada, la Fiscalía estuvo interrogando a Motta por el «Caso 6». Estas fueron operaciones que se realizaron en 2011 y en las que las cascadas pagaron un sobreprecio por la reincorporación de acciones Calichera-A que habían vendido a comienzos de ese año, dejando a Inversiones SQ –de propiedad de Ponce y controladora final de las sociedades cascada–, con ganancias de $45.609,8 millones. En este ciclo de operaciones participó Potasios, sociedad que se creó con la división de Calichera y que también compró 137 millones de acciones Calichera-A, vendidas por Inversiones SQ.
En el marco de este ciclo de operaciones, el organismo persecutor nuevamente encontró rastros de Ponce, esta vez como alguien que era capaz de tomar decisiones respecto de las operaciones bursátiles que harían las sociedades cascada con Aldo Motta como gerente.
El 25 de diciembre de 2010 y a propósito de la división que se haría de Calichera, Ponce le pide a Motta suspender un remate previsto para el lunes 27 y ejecutarlo el miércoles 29 de ese mes.
«Como tú sabes me despierto pensando y creo que Calichera1 debe tener solo el 25% de SQM y la 2 el resto, o sea la 2 va a quedar con SQM A, esto creo que va a cambiar el valor de los patrimonios necesarios para la posterior división, por lo que creo que sería mejor postergar el remate del lunes para el miércoles para tener tiempo de conversar y hacer los números».
Motta respondió: «Suspendo la compra/venta de mañana y en la mañana revisaré los números y te cuento, aunque si Calichera1 queda con menos acciones, vamos a necesitar más patrimonio que dividir, ya sea mediante un mayor aumento de capital o más utilidad por venta de acciones».
Este correo fue revelado por el Ministerio Público el miércoles de la semana pasada. Hasta ahora, la Fiscalía no ha hecho mayores conclusiones respecto de estos antecedentes, pero sí lo han hecho los querellantes, entre los cuales se encuentran AFP Habitat, la administradora de fondos Moneda y un accionista minoritario representado por Mauricio Daza.
Sobre la existencia de estos correos, una fuente sostiene que reflejan que «no había mercado realmente, sino acuerdos privados que se hacían pasar por bolsa y si alguien se metía, generando un poco de incertidumbre, se le cobraban sentimientos», particularmente en relación con el intercambio de e-mails entre Ponce y la gente de PCS. Otra fuente advierte que este tipo de elementos podría dar pie incluso para una nueva investigación criminal.
Se espera que entre mayo y junio las audiencias reciban como testigos a Ponce y al resto de los involucrados del bullado caso Cascada, uno de complejas operaciones bursátiles, pero probablemente el de mayor connotación en la historia del mercado chileno.
