MERCADOS
Desapareció el fantasma de la cárcel efectiva con el acuerdo al que llegaron con la Fiscalía, vendieron Banmédica, el proyecto de la minera Dominga resucitó y algunos de sus amigos más íntimos regresaron al poder. El escándalo del financiamiento irregular de la política quedó atrás, solo como un mal recuerdo, para «Los Carlos», que además tienen una liquidez nada despreciable de unos US$ 1.200 millones.
Así como el 2014 marcó el inicio de los años más turbulentos para los controladores de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, ahora el 2018 se transformó en uno de sus mejores momentos: Carlos Gajardo ya no es fiscal, Hugo Bravo –el ex ejecutivo del caso Penta que destapó el caso que involucró al holding en una serie de evasiones tributarias– falleció, y el conglomerado económico fue deshaciéndose de sus negocios, aquellos que unieron el destino de los empresarios, pero, sobre todo, lograron sacar definitivamente de su horizonte la posibilidad de ir a la cárcel, con el acuerdo al que llegaron con el Ministerio Público.
«Una máquina para defraudar al fisco», fue la frase con que el entonces fiscal Gajardo bautizó a la sociedad entre el «Choclo» Délano y Lavín, amigos de toda una vida. Los empresarios declararon por horas en el marco del caso, se sentaron frente al estrado, sus esposas enfrentaron también los cuestionamientos y «los Carlos» estuvieron presos, en 2015, como medida preventiva.
El origen del caso se remonta a 2014, cuando un remitente anónimo acusó al funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), Iván Álvarez, de burlar el sistema rectificando declaraciones, devolviendo plata cuando no les correspondía. Más de 100 contribuyentes fueron sindicados de participar en la red, uno de ellos Bravo, quien fue el gerente general de Penta, pero también el que delató a sus ex jefes, asegurando que mediante boletas falsas se financiaron, de paso, campañas políticas. Se sumó una serie de otras irregularidades, como contratos forward rectificados para obtener beneficios, y una serie de boletas de las esposas de los empresarios fueron detectadas como una forma de evasión de impuestos.
El caso, que involucró además en primera persona al entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, parecía tener un final que apuntaba a la fiereza con la que habían enfrentado los hechos en marzo de 2017, cuando las autoridades solicitaron 10 años de prisión efectiva en contra de los dueños del holding. «No soy un mafioso», aseguró Lavín en medio de las fuertes declaraciones que se cruzaban con el Ministerio Público.
El entonces fiscal, Manuel Guerra, que dirigía la investigación, dijo que no era opción ir a juicio abreviado. Quería enfrentar a los empresarios en el estrado. «No estamos dispuestos a aceptar un procedimiento abreviado en que ellos no acepten responsabilidades por el delito de cohecho», señaló a CNN en 2016.
Pero ayer por la mañana se confirmó que llegaron a un acuerdo con el abogado de los Penta, Julián López, para buscar una salida alternativa. Así, los empresarios enfrentarán un juicio abreviado en vez de oral, en el que solicitarán como castigo una pena de cuatro años remitidos que cumplirían en libertad. Además, se reconocería una serie de atenuantes, como que los imputados colaboraron con la justicia, devolvieron 6 mil millones de pesos y tenían irreprochable conducta anterior.
[cita tipo=»destaque»]Entre 2014 y 2018, las ventas de los Penta sumaron miles de millones de dólares: US$ 910 millones por la cartera del banco al Banco de Chile en US$ 910 millones, la banca privada al Security en US$ 6,9 millones y US$ 300 millones que rescataron de la venta de Penta Corredores de Bolsa y Penta Administradora General de Fondos (AGF). En 2016 sumó la salida de la aseguradora Penta-Security, vendida a Liberty y por la que habrían recibido US$ 110 millones, de un total de US$ 162 millones.[/cita]
El ex fiscal Gajardo, que dejó la institución junto a su par Pablo Norambuena, tras la propuesta de Guerra de una salida condicional para el caso, dijo en su cuenta de Twitter que daba pena ver cómo se había convertido la Fiscalía en una máquina para liquidar casos, colgando de paso el link a la entrevista donde Guerra planteó que esta alternativa estaba fuera de eje.
Los controladores de Penta lograron al final el mejor escenario posible: se esfumó la posibilidad cierta de cárcel efectiva para otro delito de cuello y corbata. No tienen más que celebrar el fin de una era.
Cuando viene un racha buena, viene con todo. No solo en términos judiciales Délano y Lavín respiran tranquilos ahora, libres de polvo y paja, sino que a nivel político algunos viejos amigos de este par de empresarios regresaron al poder, partiendo por el Presidente Sebastián Piñera. La amistad del Mandatario con «El Choclo» ha sido infranqueable por años.
Pero no es el único amigo en el Gobierno. El actual ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, fue un hombre clave en medio de la crisis del grupo, pues arribó a Penta en 2014 con la orden de sacarlos del ojo del huracán: vender era la mejor opción, salir de todo lo que los expusiera.
Moreno cumplió de forma impecable. Vendieron el banco, la aseguradora, la corredora de bolsa, salieron de todos los fondos de inversión pública y en el verano, justo antes de que el ex jefe de la CPC fuera oficialmente nombrado como parte del gabinete de Piñera, terminó el proceso tras la venta de la Isapre Banmédica –de la cual eran socios– a United Health Group. Solo por esta última operación se estima que recibirían unos US$ 800 millones (tenían poco menos del 30% de las acciones).
Ya en el verano comenzaron a visualizarse las primeras luces relativas a que este 2018 sería un año redondo para la dupla Délano-Lavín. Tras la venta de Bannmédica y la llegada de su hombre clave, Moreno, al gabinete, se comentaba sobre la opción de la salida alternativa.
Entre 2014 y 2018, las ventas de los Penta sumaron miles de millones de dólares: US$ 910 millones por la cartera del banco al Banco de Chile en US$ 910 millones, la banca privada al Security en US$ 6,9 millones y US$ 300 millones que rescataron de la venta de Penta Corredores de Bolsa y Penta Administradora General de Fondos (AGF). En 2016 sumó la salida de la aseguradora Penta-Security, vendida a Liberty y por la que habrían recibido US$ 110 millones, de un total de US$ 162 millones.
Pero, en medio de negociaciones estivales con la Fiscalía llegó la guinda de la torta. Penta decidió vender su último gran negocio, la isapre. Por medio de una OPA, el fondo estadounidense United Health Group (UHG) pagó $2.150 por cada acción del negocio. Es decir, poco más de US$ 815 millones.
La liquidez los deja parados este 2018 con cerca de US$ 1.200 millones, eso sin contar la buena noticia que les dio el fiscal Guerra. Mantienen además algunas gestoras de fondos y presencia en el mercado del leasing , factoring y crédito por medio de Penta Financiero.
Como si no fuera suficiente, el proyecto minero portuario Dominga resucitó tras el fallo del Tribunal Ambiental la semana pasada y volverá a la instancia de evaluación ambiental. En Andes Iron, la firma que controla Dominga, el family office de la familia Délano Mendez controla el 75% del proyecto. El hijo del controlador de Penta, Carlos Délano Méndez, ha jugado un rol clave para no soltar el proyecto y seguir apoyando su gestión.
En todo caso, el hecho pone a su amigo, el Presidente de la República, en una posición nada de cómoda, considerando que ahora es el Consejo de Ministros el que debe pronunciarse sobre el proyecto. Secretarios de Estado y el círculo político del Mandatario, cercano a los empresarios en algunos casos, serán quienes revalúen el proyecto. Inevitable que ronde el fantasma del conflicto de intereses.
Hay que ver, tras ello, qué tan redondo será el año para Los Penta, aunque todo partió con el pie derecho.
