MERCADOS
Los taxistas chilenos se mostraron esperanzados de que el Gobierno incorpore sus demandas al proyecto de ley para acabar con el limbo en que se mueven a toda velocidad Uber y congéneres.
En la jungla del tráfico santiaguino, con lamentable frecuencia se impone la ley del más fuerte. Sobre todo cuando el terreno es pantanoso. Por lo menos desde el punto de vista legal. Uber, Cabify, o Easy Taxi, circulan a considerable velocidad por estas pistas inciertas, ganándose las iras de los taxistas tradicionales, que se ven enfrentados con competidores que ni siquiera se pueden identificar a primera vista en las calles.
Este lunes, 30.07.2018, los taxis clásicos chilenos, de techo amarillo, han salido a la calle en son de protesta. El proyecto del gobierno de Sebastián Piñera, que ha introducido algunas modificaciones al proyecto de «Ley Uber” presentado en 2016 por la administración de Michelle Bachelet, no los convencía. Pero, a diferencia de lo ocurrido esta misma jornada en España, donde la confrontación y la huelga de taxistas no amainan, en Santiago los ánimos parecen distenderse. La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, recibió a los representantes de los taxistas. «Nos vamos contentos”, dijo a DW Alonso Puebla, secretario nacional de la Confederación Nacional de Taxistas de Chile (Confenatach). «Nosotros veníamos por tres puntos y creo que estamos de acuerdo en esos puntos con ella. Primero: la regulación de las plataformas, para que puedan pagar impuestos y todo lo demás; segundo: darle suma urgencia al proyecto; y tercero, ver la cantidad –que quedó en estudio- de gente que se va a inscribir en las plataformas con un plazo estimado”, explicó el dirigente.
Puebla menciona un punto adicional, al que su sector asigna suma importancia: «Queremos que la tarifa sea regulada, no libre”. También Uber ha manifestado reparos al proyecto oficial, pese a asegurar que coincide en «la necesidad de un marco regulatorio definido para nuestra tecnología en Chile”. En una declaración pública enviada a DW por correo electrónico, la empresa objeta, por ejemplo, que «la propuesta incorpora nuevamente la licencia profesional como requisito para socios conductores, medida que, de implementarse, limitará seriamente las oportunidades económicas de los más de 75.000 socios conductores que hoy emprenden a través de Uber».
Entre otros puntos del proyecto, que consigna el diario La Tercera, figura que Uber y otras plataformas similares tengan que constituirse como empresas de transporte renumerado. Algo que no cuadra del todo con la imagen que la empresa tiene de sí misma, como una compañía «de tecnología que globalmente conecta usuarios y socios conductores para que moverse en las ciudades sea una experiencia mejor y más fácil”, según una definición de Uber Argentina citada por Infobae en su edición del 4 de junio de 2018.
El problema es básicamente el mismo a nivel internacional. Una especie de «limbo”, por insuficiente regulación, que no permite siguiera definir claramente el límite entre legalidad e ilegalidad, dando pie a polémicas que no terminan de zanjarse en diversos países, como Argentina o Colombia. En México, la capital fue la primera de América Latina en regular el servicio de Uber en 2015, según consigna El País. Pero también en México se ha seguido trabajando en los reglamentos. En Brasil, por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó en marzo de 2018 dejar en manos de las alcaldías la regulación de los servicios de transporte a través de plataformas móviles.
Los taxistas chilenos han tenido contacto con sus colegas de Argentina, Colombia y Uruguay, «e incluso con alguien de Estados Unidos”, según cuenta Alonso Puebla. Afirma que sus experiencias han sido «parecidas a las de nosotros: están cayendo en el mismo error con el Ejecutivo”, dice, refiriéndose al tema de la libertad de inscripciones y de tarifas de servicios como Uber. Por lo pronto, el secretario nacional de Confenatach subraya la disposición al diálogo, pero advierte que «vamos a quedar en estado de alerta para ver lo que sucede”.
El tema probablemente no pierda pronto su carácter explosivo en cuanto a la competitividad en el sector. Una «comparación de los factores tecnología y regulación en los costos de los choferes de taxi y plataformas tipo Uber”, realizada por encargo de la Comisión de Productividad del Congreso, revela que el costo de operaciones de aplicaciones como Uber o Cabify representa sólo un 34% de los de un taxi, según informa el Diario Financiero. Y la tecnología empleada no está a discusión en la proyectada «Ley Uber”.
