MERCADOS
La serie de despidos que ha habido en el MOP se enmarcarían en un ajuste presupuestario del Gobierno, pero funcionarios de la cartera acusan que más bien responden a una política pro empresarial de la actual administración, inhibiendo labores de fiscalización sobre los contratos entre privados y el Estado.
Era cosa de tiempo para que estallara la olla a presión que se venía cocinando en el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Hace semanas que esta cartera, dirigida por Juan Andrés Fontaine, venía haciendo ruido por despidos en áreas sensibles, desvinculando a inspectores fiscales por motivos que despertaron preocupación en la interna del ministerio.
Más allá del número de despidos, la preocupación mayor radica en el piso que se le ha ido quitando a la labor fiscalizadora del MOP, después que se produjera la salida de inspectores fiscales en momentos en que cursaban multas a distintas concesionarias, entre estas, Azvi –constructora del Puente Cau Cau– y Costanera Norte, por ciertos incumplimientos en sus contratos.
Analía Inostroza, funcionaria del MOP, teme que estas decisiones atenten contra la «probidad del Estado», pues –según explica– «los inspectores tienen la obligación de hacer cumplir los contratos que tienen las empresas con el Estado. En el fondo es una falta a la probidad lo que se está produciendo».
Esta situación se sinceró a Lucas Palacios, subsecretario del MOP, esta semana, pero ayer el conflicto escaló hasta una protesta frente al ministerio que motivó la irrupción de Fuerzas Especiales de Carabineros.
Desde el MOP afirmaron que estas desvinculaciones se enmarcan en un ajuste presupuestario. «El Ministerio de Obras Públicas está llevando a cabo un proceso de reorganización interna con el doble propósito de hacer frente a las restricciones presupuestarias que enfrenta el Gobierno y de hacer más eficiente de su gestión. En esta línea, desde hace meses, se ha llevado a cabo un ajuste en los subtítulos 22 (bienes y servicios de consumo), subtítulo 29 (activos no financieros) y en menor medida en el subtítulo 21 (gasto en personal)».
Sin embargo, dicho argumento es replicado por los funcionarios de esta cartera, considerando que algo característico de la actual administración del MOP es que, arriba de cada jefe de las distintas direcciones nacionales que constituyen este ministerio, existe la figura de un asesor ministerial, la que viene a duplicar el cargo de director nacional en términos presupuestarios. Esto, pues este asesor tiene el mismo sueldo que el de los directores de las divisiones del MOP.
Por otro lado, los argumentos esgrimidos en algunas salidas de inspectores fiscales han descolocado a la plana interna, ya que, en el caso de la salida del inspector de Constanera Norte, se le habría planteado que «estaba siendo muy riguroso con el reglamento», según explica Inostroza.
Otras fuentes del MOP precisan que todos estos cambios tienen relación con una óptica pro empresarial por parte de la actual administración, que se reflejaría, por ejemplo, con el cambio de criterio que tuvo este Gobierno para autorizar el uso parcial del Puente Cau Cau.
La salida de inspectores, por otro lado, ha generado ruido porque muchas de esas plazas responden a un perfil técnico y se da en momentos en que la misma fiscalización del ministerio ha sido puesta en tela de juicio, a propósito del desplome del Puente Cancura de Osorno.
