Casos de corrupción: Latinoamérica necesita nuevos jueces

Los sistemas judiciales de América Latina están envueltos en escándalos de corrupción. En Colombia, un ex miembro de la Corte Suprema fue arrestado por cargos de corrupción y soborno. En Perú, varios jueces son acusados ​​de intercambiar sentencias favorables y sentencias acortadas por dinero y beneficios. En Guatemala, los abogados y jueces enfrentan cargos de fraude a los nombramientos de la Corte Suprema. Y en México, la oficina del fiscal general despidió a uno de los suyos por ahondar demasiado en presuntos sobornos al ex jefe de la petrolera nacional Pemex, un íntimo confidente del presidente Enrique Peña Nieto.

Estos actos, más que crímenes similares cometidos por políticos sucios, socavan el frágil estado de derecho de la región, revelando una corrupción profundamente arraigada entre los responsables de responsabilizar a los demás. Muestran que las reformas legales generalizadas de las últimas dos décadas, si bien fueron necesarias, no fueron suficientes. El próximo paso esencial es profesionalizar el poder judicial en sí mismo.

Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y otros han revisado sus sistemas legales, presentando juicios orales, arbitraje y alternativas de mediación, y fortaleciendo el debido proceso y la presunción de inocencia. Como parte de cambios más amplios desde los sistemas inquisitoriales hasta los adversarios, estos esfuerzos han comenzado a hacer que la justicia sea más transparente, efectiva y justa.

Muchos países latinoamericanos también han aprobado medidas anticorrupción específicas. Brasil tipificó como delito la manipulación de licitaciones, el soborno y el fraude en la contratación pública. Argentina proscribió el nepotismo, y junto con Perú y Colombia aumentó las penas por soborno corporativo. México creó un nuevo sistema nacional anticorrupción, prohibiendo explícitamente los sobornos, la malversación de fondos y la falta de divulgación de conflictos de intereses, y la creación de un fiscal dedicado para perseguir a los responsables.

Los legisladores también le dieron a los fiscales nuevas herramientas para combatir la corrupción. Las exitosas investigaciones de Lava Jato (Carwash) en Brasil, que dieron lugar a más de 200 condenas de políticos y líderes empresariales por soborno y sobornos, incluido el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, han dependido de la negociación de culpabilidad, introducida en la lucha contra el crimen organizado para 2013 ley. Casi una docena de naciones de la región reclaman estatutos similares que permiten a los funcionarios judiciales calmar las condenas a cambio de información sobre cómplices y superiores.

Sin embargo, como lo atestigua la ola de escándalos en curso, más allá de las nuevas leyes, las naciones latinoamericanas necesitan jueces y abogados capaces y dispuestos a ejercerlas. Esto a su vez requiere una burocracia legal profesional. Aunque es más difícil de conjurar que la legislación, es posible construir un servicio civil calificado.

Mire, por ejemplo, en Chile y Brasil.

Chile tiene una larga historia de contratación pública meritocrática, recurriendo a credenciales y exámenes en lugar de enlaces partidarios. Los jueces, al igual que otros burócratas, atestiguan el respeto otorgado a su profesión, a menudo provienen de familias adineradas y escuelas de elite. Tras los escándalos de corrupción en Chile, uno que involucra al hijo y la nuera de la ex presidente Michelle Bachelet, el gobierno expandió los esfuerzos para inculcar imparcialidad legal y profesionalismo más allá del tribunal, introduciendo educación cívica y ética en las escuelas primarias.

El sistema brasileño basado en el mérito para elegir a la mayoría de los jueces y fiscales se inscribió en su Constitución de 1988. En los últimos 30 años, su núcleo judicial ha evolucionado, los jueces nombrados políticamente del pasado se están retirando y sus reemplazos se están levantando a través del nuevo proceso tecnocrático. El juez Sergio Moro, de la fama de Lava Jato, es uno de estos nuevos profesionales, respetado y bien remunerado por su perspicacia técnica y autonomía política.

En toda la región, la ira de los ciudadanos por la corrupción está creciendo. Las promesas de asumir injerencias generalizadas ayudaron a catapultar al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, a una victoria histórica. La corrupción preocupaba a los colombianos que se dirigían a las urnas la primavera pasada, y ocupa un lugar destacado entre las preocupaciones de los votantes en la próxima carrera presidencial de Brasil. En Perú derribó al presidente anterior y amenaza al actual jefe de estado, Martín Vizcarra, si no puede aprovechar el impulso de su causa a través de un referéndum pendiente.

Sin embargo, lo que deben hacer ahora los líderes latinoamericanos es cambiar los incentivos de carrera, asegurando que las batas judiciales no se compren sino que se ganen, y que el mérito triunfe sobre las conexiones. Necesitan crear caminos profesionales respetados y gratificantes, tentando a los talentosos y ambiciosos a la lucha contra la corrupción en lugar de sucumbir a sus tentaciones.

Brasil y Chile muestran que es posible cambiar la configuración del sistema de justicia. Pero un proceso que lleva una generación seguramente pondrá a prueba la paciencia de los votantes de América Latina.

Opinión de Shannon O’Neil para Bloomberg.