La formalización tendrá foco en al menos 3 delitos: apropiación indebida –por las platas apropiadas de Panor–; estafa –por los dineros no invertidos de los clientes que firmaban mandatos de inversión–; e infracción a la Ley de Valores. Respecto a esto último, las tesis apuntan a que desde el 2015 los problemas de la corredora de bolsa Intervalores se deben a que, como Urenda estuvo involucrado en sanciones por el caso Inverlink, en algún momento, sospechando un embargo de las cuentas de la firma, movió las platas desde esta a otra empresa relacionada, quebrando así con los índices de patrimonio y liquidez que establece la ley.
No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. El verso no podría ser más ad hoc al momento que vivirá el fundador del conglomerado financiero Intervalores, ya que el Ministerio Público oficializará de forma inminente la formalización contra el empresario Gabriel Urenda, acusado de varios delitos tras la gestión de su corredora y, al menos, otras cinco empresas que gestionaban platas de terceros bajo el paraguas de su holding.
El caso se destapó cuando, a los rumores de la mala situación financiera de los negocios de Urenda, se sumó una suspensión de su corredora de bolsa por incumplir con una serie de estándares del mercado de valores y una demanda de la azucarera Panor, que acusó a una de sus empresas de apropiación indebida de alrededor de US$ 1,5 millón, luego de no ejecutar órdenes de pago en moneda extranjera a proveedores, razón por la cual habían contratado los servicios de Urenda.
A la querella de Panor se sumaron una serie de inversionistas, cerca de 50, que acusaron a otra compañía del holding Intervalores de incumplir mandatos de inversión. La rentabilidad prometida por Urenda era del orden del 6%, pero –según las indagaciones– las platas de las diferentes firmas no eran colocadas en el mercado, sino que solo «bicicleteaba» recursos de una y otra compañía. En algún punto el empresario, parte de la familia controladora del Grupo de Empresas Navieras, no pudo seguir tapando hoyos y quedó en evidencia.
[cita tipo=»destaque»]A la formalización podría sumarse un cuarto delito: la emisión de facturas ideológicamente falsas. Esto, pues la investigación que dirige el fiscal Felipe Sepúlveda encontró una nueva arista, debido a que Urenda recibió facturas de una empresa no relacionada con el rubro, que luego factorizó, plata que también habría sido utilizada para pagar sueldos, deudas y otras obligaciones de la firma. La relevancia de este delito estará dada, en parte, por la decisión que tome el Servicio de Impuestos Internos –que ya posee todos los antecedentes– respecto a presentar una querella.[/cita]
La formalización tendrá foco en al menos tres delitos: apropiación indebida –por las platas apropiadas de Panor–; estafa –por los dineros no invertidos de los clientes que firmaban mandatos de inversión–; e infracción a la Ley de Valores. Respecto a esto último, las tesis apuntan a que desde el 2015 los problemas de la corredora de bolsa Intervalores se deben a que, como Urenda estuvo involucrado en sanciones por el caso Inverlink, en algún momento, sospechando algún embargo de las cuentas de la firma, movió las platas desde esta a otra empresa relacionada, quebrando así con los índices de patrimonio y liquidez que establece la ley.
La firma, ad portas de su fin de operaciones en junio, fue cancelada para operar por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
A la formalización podría sumarse un cuarto delito: la emisión de facturas ideológicamente falsas. Esto, pues la investigación que dirige el fiscal Felipe Sepúlveda encontró una nueva arista, debido a que Urenda recibió facturas de una empresa no relacionada con el rubro, que luego factorizó, plata que también habría sido utilizada para pagar sueldos, deudas y otras obligaciones de la firma. La relevancia de este delito estará dada, en parte, por la decisión que tome el Servicio de Impuestos Internos –que ya posee todos los antecedentes– respecto a presentar una querella.
Una vez cursada formalmente la solicitud, tribunales podría tardar un par de semanas en fijar la audiencia de formalización, en la que el Ministerio Público solicitará medidas precautorias. No se descarta que la prisión preventiva sea una de ellas.
Dentro de las diligencias pendientes de la Fiscalía, está indagar acerca del real patrimonio que Urenda tiene para responder ante las defraudaciones, aunque algunas tesis apuntan a que, si el empresario tuviera plata guardada, habría evitado llegar a este punto de no retorno. Dentro de la investigación, los abogados han pedido que se cite a los integrantes del clan Urenda a declarar para dilucidar la real dimensión del patrimonio, diligencia que está contemplada en la agenda del Ministerio Público.
El ente persecutor debe confirmar que Urenda Salamanca cedió sus derechos de herencia sobre los bienes testados por su padre, Beltrán Urenda, ya que vendió en cerca de US$ 3 millones su participación en la herencia familiar, la que hoy doblaría ese valor. Documentalmente, lo anterior no ha sido verificado aún por el Ministerio Público.