Urenda se salva de la prisión preventiva tras formalización por estafa reiterada y apropiación indebida en caso Intervalores

Por más de 7 horas se extendió la formalización de un pálido e incómodo Gabriel Urenda en el Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago. El fundador de Intervalores escuchó los descargos de los representantes de más de una decena de afectados que confiaron en sus empresas capitales. El caso tiene origen en una serie de querellas en su contra presentadas por estafa y apropiación indebida que recayeron en el proceso que lidera el fiscal Felipe Sepúlveda, jefe de la Unidad de Delitos de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente.

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Urenda permaneció en silencio durante toda la audiencia hasta que tímidamente sacó la voz al final para dar la dirección de su casa, en la que permanecerá bajo arresto durante los próximos 180 días, mientras dure la investigación. Así es, porque el dueño de Intervalores, acusado de estafa reiterada, apropiación indebida y emisión de boletas ideológicamente falsas se salvó de la prisión preventiva. El 4° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la petición del Ministerio de Público y decretó arresto domiciliario y arraigo nacional completo como medidas cautelares.

«Creemos que la libertad del imputado es peligrosa para la sociedad», dijo el fiscal Sepúlveda, en una primera instancia, cuando se solicitaba la prisión preventiva para el imputado dueño del holding Intervalores. En la instancia agregó que en este caso no existe cabida para penas sustitutivas y que dada la gravedad de los delitos, Urenda debía cumplir una pena de cárcel efectiva.

Sin embargo, la titular del 4° tribunal, Daniela Guerrero, no acogió su petición. Una vez finalizada la sesión, y mientras Gabriel Urenda corría al ascensor escoltado por sus abogados, Sepúlveda fue tajante en que «vamos a interponer un recurso de apelación. Creemos que la prisión preventiva es la cautelar idónea para este caso, pero nos deja muy tranquilos que el tribunal consideró que todos los antecedentes que aportamos para fundamentar los delitos eran efectivos”.

“Creo que es un avance importante. La formalización es muy importante en la investigación y no estamos de acuerdo con la resolución de la magistrada. Lo que correspondía era la prisión preventiva del imputado. Cuestión que no está firme y vamos a tratar de revertir en la Corte de Apelaciones”, señaló por su parte Alvaro Carreño, abogado de Panor, la firma de origen guatemalteco que se dedica a la comercialización y distribución de azúcar y uno de los mayores afectados con impagos por parte de Intervalores.

En medio de la audiencia, todas las partes querellantes quisieron hacerse presentes. Cerca de 20 abogados y algunos de los afectados relataron cada uno de los casos, detallando la forma en que sus representados fueron víctimas de Gabriel Urenda. Cabe señalar que, según el fiscal, hasta ahora se contabilizan cerca de 60 casos que suman cerca de $8.000 millones, esto sin contar las causas que se han registrado en Temuco, Concepción y Valdivia, por lo que en total se estima una suma de más de $10.000 millones.

A pesar de lograr una victoria, la defensa de Urenda estaba incómoda frente a la jueza y le costaba hilar sus argumentos. Durante la investigación, el dueño de Intervalores negó su participación en los hechos y responsabilizó de los delitos al ejecutivo de la corredora Sebastián González. Sin embargo, la Fiscalía descartó que el empresario no tenga participación en los delitos antes señalados porque «todos los contratos de mandatos están firmados por Urenda, todos y cada uno de ellos».

Pero los abogados del lado de Urenda apelaron a su desconocimiento y argumentaron que las víctimas sabían lo que hacían. “Infantilizar a las víctimas como hacen los querellantes del Ministerio Público, de que no sabían que en este negocio había un riesgo, es absurdo”. “Si (Gabriel Urenda) fuera un delincuente ¿por qué no se robó los $7.000 millones en custodia de sus clientes al cierre de Intervalores?”, se preguntaron los abogados Matías Hiriart, Cedric Bragado y Sergio Ibarra, defensores del empresario.

«¿Qué empresa de papel, nominal, que existe sólo con el fin de defraudar con un esquema piramidal, tiene una vigencia de 18 años?», añadieron.

Urenda queda con arresto domiciliario y no puede salir del país. Ahora la investigación seguirá su curso a la espera de nuevas querellas, además de la nueva arremetida del fiscal para obtener la prisión preventiva del hijo del histórico senador de la UDI, Beltrán Urenda.