MERCADOS
La condena a Aldo Motta, cuya sentencia se conocerá en enero, abre caminos para que el Ministerio Público vaya tras el resto de los imputados del caso, en particular de Ponce Lerou, pues la decisión sobre el ex gerente general entrega claras señales, que los involucrados en el caso leen como una advertencia al empresario. El tribunal fue categórico en señalar que Motta «echó mano al plan delictivo previamente planificado con Julio Ponce Lerou». Todas las miradas ahora están sobre él.
La investigación penal del «Caso Cascadas» tiene un antes y un después. Una cuestión clave que cambió su curso, que hoy tiene al Ministerio Público celebrando su primera condena, contra Aldo Motta, la que sería solo la primera de una historia que se sigue escribiendo.
Hasta julio de 2015, el caso descansaba en manos del cuestionado fiscal José Morales, quien por entonces se ocupaba de abrir una nueva arista relacionada con la presunta falsificación de actas de directorio en que habría incurrido entonces su único potencial imputado, Motta, histórico ex gerente general de las llamadas «sociedades Cascada», cuyo dueño es Julio Ponce y a través de las cuales participa en SQM. Morales terminó cesado del caso, siendo criticado abiertamente por los querellantes por no haber hecho hasta entonces diligencias mínimas de incautación.
Sus sucesores fueron el propio Fiscal Metropolitano de la época, Andrés Montes (hoy en la CMF), Ximena Chong, Macarena Cañas y Jaime Retamal. Las incautaciones comenzaron desde el primer minuto tras el cambio de mano en la investigación, a pesar de que habían pasado más de dos años desde la primera querella que gatilló el escenario penal del caso Cascada por parte del enigmático accionista Roberto Lobos –representado por el abogado Mauricio Daza– que terminaron siendo claves para el proceso.
Sí, porque a partir de los correos que incautó la Fiscalía, no solo quedaron demostrados los hechos por los que se condenó a Motta, sino porque con ello se abría camino para ir por el «ideólogo» del complejo esquema de transacciones: Ponce Lerou. Correos electrónicos que descartaban la tesis del controlador de la cascada, quien decía no saber nada y que Motta habría actuado por voluntad propia.
[cita tipo=»destaque»]Fue una serie de correos en que intervino Motta en nombre de Inversiones SQ para negociar una forma de pago ante Frank Mandarino, abogado de los noruegos. Había una deuda que vencía el 20 de abril de 2011, pero la sociedad de Ponce estaba afectada de escasa liquidez, advirtiendo que con los únicos flujos que recibe –dividendos de Norte Grande–, proyectados ese año en US$20 millones, no sería suficiente para pagarles a los europeos. «Esta prueba de contexto, viene a otorgarle sentido a este conjunto de actos jurídicos, porque en la práctica, solo buscaban aparentar que se desarrollaban ingentes esfuerzos para propender al interés social, pero lo que verdaderamente ocurría, era el desarrollo de un plan delictivo mayor destinado a la extracción de riqueza hacia el controlador, utilizando al Mercado de Valores como un mero medio», explicó el tribunal al respecto.[/cita]
La condena contra Motta debe conocerse en enero y, en el intertanto, las investigaciones contra Ponce, Roberto Guzmán y Leonidas Vial siguen su curso. El veredicto del Cuarto Tribunal Oral es decidor en lo que se refiere a las actuaciones del ex gerente general, de quien se dice que «echó mano al plan delictivo previamente planificado con Julio Ponce Lerou y dadas sus potestades en las Cascadas ejecutó actos, mecanismos o artificios con un fin defraudatorio».
De los seis casos que envolvían a Motta como imputado, el tribunal sóolo lo condenó por los últimos tres sobre delitos de manipulación bursátil, abuso de mercado, y quedó absuelto de las acusaciones de falsificación de actas que perseguía el fiscal Morales.
El sexto caso marca una estrecha relación con Ponce, pues se veía beneficiado directamente a través de su sociedad Inversiones SQ. El caso consistió en la transferencia a precios promedio más bajos que el precio de mercado, aproximadamente 136 millones de acciones de Pampa Calichera (serie A) hacia sociedades vinculadas y relacionadas al controlador de las mismas, para luego recomprar el mismo número de acciones a un precio mayor al que fueron cedidas, proporcionando ganancias a estas terceras empresas y causando un perjuicio a las Sociedades Cascada por aproximadamente $45.600 millones, según relató el veredicto del tribunal.
Pues bien, la incautación de los correos que hizo el Ministerio Público aportaron contexto a esas operaciones. La razón detrás del beneficio económico que tenía Ponce era «cubrir los urgentes requerimientos que mantenía con Yara y hacer frente a esta negociación que amenazaba con desencadenar un litigio». Yara fue la sociedad noruega a la que Julio Ponce le recompró el 49% de Inversiones SQYA, firma controladora de la cascada abierta en bolsa.
Fue una serie de correos en que intervino Motta en nombre de Inversiones SQ para negociar una forma de pago ante Frank Mandarino, abogado de los noruegos. Había una deuda que vencía el 20 de abril de 2011, pero la sociedad de Ponce estaba afectada de escasa liquidez, advirtiendo que con los únicos flujos que recibe –dividendos de Norte Grande–, proyectados ese año en US$20 millones, no sería suficiente para pagarles a los europeos. «Esta prueba de contexto, viene a otorgarle sentido a este conjunto de actos jurídicos, porque en la práctica, solo buscaban aparentar que se desarrollaban ingentes esfuerzos para propender al interés social, pero lo que verdaderamente ocurría, era el desarrollo de un plan delictivo mayor destinado a la extracción de riqueza hacia el controlador, utilizando al Mercado de Valores como un mero medio», explicó el tribunal al respecto.
Además de esa urgencia, la defensa de Motta hizo hincapié en las obligaciones financieras que tenía Pampa Calichera para cumplir las condiciones de un bono internacional emitido en EE.UU., pero –según sentenció el Tribunal– «esta situación coexistía con la que se le presentó a SQ, en relación a la acreencia que mantenía la noruega Yara a su respecto. Precisamente, la situación de endeudamiento de Sociedades ‘Aguas Arriba’ de la Cascada que se apreciara en los correos electrónicos con Yara, en principio, sólo involucraba a éstas, mas en los hechos y gracias a las decisiones que adoptó el acusado, terminó siendo de cargo de las sociedades ubicadas en los eslabones inferiores de la estructura empresarial, siendo aquellas en las que existía participación de minoritarios. Esta fue la estrategia por la que optó el versátil acusado (Motta), al enfrentar el ostensible conflicto de interés que se le presentó en tal sentido, respondiendo con total fidelidad a la confianza depositada por el dueño final y exclusivo de las sociedades que administraba (Ponce). Por esa razón, es que Aldo Motta Camp, echó mano al plan delictivo previamente planificado con Julio Ponce Lerou y dadas sus potestades en las Cascadas ejecutó actos, mecanismos o artificios con un fin defraudatorio».
En relación con Motta, el Ministerio Público quiere cárcel por seis años y, si bien cabe la posibilidad de que la pena –cuando se conozca en enero– sea una sustitutiva a la que pide la Fiscalía, igualmente es considera un éxito.
Sobre el resto de los imputados, la Fiscalía todavía no estaría pronta a formalizar, pues aún existen diligencias de información pendientes, sin embargo, para el grupo de querellantes –AFP Habitat, Moneda y Lobos– el veredicto contra Motta establece verdades que les permiten a los fiscales acercarse a Ponce.
En lo que se refiere a las querellas de estos tres actores, Ponce no quiso declarar y el tribunal está claro de ello. En su veredicto dijo que «habría sido muy esclarecedor conocer la versión que pudiera darnos el principal supuesto beneficiario de los sucesivos actos engañosos, dueño de SQ y controlador de las Cascadas, Julio Ponce Lerou».
