MERCADOS
El enfrentamiento del alcalde de Las Condes con Nueva El Golf tiene los ingredientes que todo thriller necesita: US$ 100 millones de inversión, un grupo de enardecidos vecinos, entre los que hay reconocidos abogados, políticos, varios rostros ligados al pinochetismo y al piñerismo, además de una larga disputa en tribunales. La estrategia judicial de la empresa –liderada por Jorge Bofill– puede complicar el panorama para el jefe comunal gremialista, porque apunta a que este asuma todas las responsabilidades por el retraso de las obras.
La frase anglosajona «Not In My Back Yard» («no en mi patio trasero»), expresada en las siglas NIMBY, ha ganado seguidores en las últimas décadas de la mano de organizaciones ciudadanas que quieren evitar proyectos «incómodos», y algunas comunas del Gran Santiago no son la excepción. Para los empresarios son, precisamente, los alcaldes los que se han convertido en sus nuevos enemigos, como Joaquín Lavín en Las Condes, Nora Cuevas en San Bernardo o Daniel Jadue en Recoleta, quienes no han escatimado esfuerzos en gritar a los cuatro vientos que no darán su brazo a torcer para impedir el aterrizaje de ciertas iniciativas conflictivas.
Para unos, esa resistencia férrea de algunos jefes comunales es por votos, para otros es por bien social. Sea cual sea la razón, hay ciertos denominadores comunes: mucha prensa de por medio y empresas que ven diariamente cómo varios miles de Unidades de Fomento (UF) se diluyen en obras que no superan el estatus de estar «en trámite».
El enfrentamiento de Lavín con la Inmobiliaria Nueva El Golf tiene los ingredientes que todo thriller necesita: US$ 100 millones de inversión, un grupo de vecinos enardecidos, entre los que hay reconocidos abogados, políticos y hasta ex coterráneos de barrios de Pinochet, además de una larga disputa judicial. El caso se bautizó como «Vespucio 345».
El proyecto ubicado en esa dirección incluye dos torres, una plaza comercial, departamentos y oficinas. Todo estaba en regla, las obras avanzaron por veinte meses de forma ininterrumpida hasta julio de 2016, cuando todo se puso cuesta arriba. La inmobiliaria ingresó una solicitud para modificar la obra y ampliar la altura, pero el municipio inició un proceso de invalidación de dicho ajuste. La pelea podría parecer cotidiana, pero suma ingredientes que amenazan con no hacerle nada de amena la pista al actual alcalde Lavín.
Es que la estrategia de los dueños de Vespucio 345 está apoyada por el reconocido penalista Jorge Bofill, quien tiene un objetivo claro: no soltar las responsabilidades que le competen al jefe comunal de Las Condes en los problemas que ha tenido el proyecto.
El municipio plantea que hay problemas con la dimensión del sitio y la altura que allí se permite, aunque la Corte de Apelaciones ha dado la razón a la inmobiliaria en algunas de las disputas, como en la que dice relación con que fue el propio alcalde quien intentó invalidar el permiso de edificación. Por ahora, las obras se construyen amparadas en el permiso original, aunque eso le quita toda rentabilidad al proyecto.
Calculadora en mano, fuentes conocedoras del caso aseguran que desde que Lavín paralizó las obras, el perjuicio ha sido de unas 150 mil UF y que el responsable es, precisamente él, a quien acusan que «se ha dejado llevar por un grupo reducido de vecinos».
[cita tipo=»destaque»]La teleserie puede llegar a un final inesperado con la insistencia de poner a Lavín contras las cuerdas, ya que el equipo de abogados liderado por Bofill planea perseguir que las 150 mil UF –cerca de 4.100 millones de pesos– sean indemnizadas por el municipio, algo que no suena descabellado, considerando que un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago indicó a la Municipalidad de Recoleta indemnizar por daños y perjuicios a la sociedad inmobiliaria. Christian Espejo, abogado de Desarrollo Inmobiliario Bellavista, asegura que este caso puede marcar un precedente, pues el tribunal ya determinó que sí hubo un actuar ilegal, perjuicios y ahora resta determinar el monto de los mismos. «Los alcaldes en general nunca han pagado el costo de actuaciones irresponsables. Las empresas tampoco pueden sostener lo que implica estar años litigando y solo unas pocas pueden perseguir esas responsabilidades», explicó a El Mostrador.[/cita]
El selecto grupo de vecinos al que se refieren pasan desde Andrés Benítez, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez; la periodista Constanza Vergara, ex directora de revista Paula, viuda del ex diputado Gustavo Alessandri (uno de los fundadores de RN) y madre del actual alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, hasta los hermanos de dicho jefe comunal, Fernando –el abogado– y Jorge, ex encargado de programación durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera. Además están el arquitecto Patricio Gross; el pintor Juan Subercaseaux; la periodista Pilar Concha, que entre 2010 y 2013 trabajó en el Mineduc; el abogado Alejandro Fernández, que fue jefe de gabinete de Carolina Schmidt cuando esta fue ministra en el Sernam y después también en el Mineduc, junto con Gracia Dalgalarrando, quien fue jefa de prensa de Lavín en la cartera de Educación.
Un artículo de El Mostrador de hace solo un mes explicaba que «la oposición al proyecto tiene un peso específico diferente al de los reclamos de los vecinos del vertedero en Til Til o de los guetos verticales en Estación Central. Por el contrario, aquí se trataría del intento de un grupo de familias ligadas al pinochetismo y al piñerismo por mantener el privilegio de vivir en la única zona de Las Condes libre de construcciones en altura y evitar, del mismo modo, que lleguen nuevos vecinos al tradicional barrio. El 26 de septiembre (de 2017) un grupo de personas que dicen representar a 91 vecinos mandaron una carta a El Mercurio, donde denuncian lo que –a juicio de ellos– son ‘irregularidades gravísimas’ en la entrega de los permisos para edificar y piden al alcalde que decrete la suspensión de las obras».
Dicho reportaje agregaba que, debido a un decreto promulgado por Pinochet, se impide construir edificios en altura en ese perímetro y que, luego de la modificación del Plan Regulador de la comuna, se estableció el sector como Zona Típica, en 1995, durante el primer paso de Lavín como alcalde de Las Condes. Aunque el resto de la zona está rodeada de torres –en 200 metros a la redonda hay más de 20– y el sector hoy en disputa quedó como una isla de casas bajas, la nota de prensa relata que «el municipio autorizó el 31 de marzo de este año la construcción de dos torres: una de 12 pisos para oficinas y otra de 19 con departamentos, a cargo de la inmobiliaria Nueva El Golf».
Los vecinos interpusieron un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones y la causa está «en acuerdo» a la espera de la redacción del fallo. Mientras eso se resuelve, la inmobiliaria –ligada a Pablo Letelier y Jaime Gana– hizo una nueva jugada legal con la presentación de un recurso de protección el 20 de octubre, acusando una serie de contradicciones del jefe comunal gremialista. «En efecto, el alcalde Lavín, una vez dictada la resolución recurrida, amenazó públicamente el derecho de propiedad de la Inmobiliaria al aseverar que para continuar las obras de edificación en virtud de lo proyectado en el Permiso de Edificación N° 31 se requeriría de un nuevo permiso, amenazando la clausura de la obra», dice parte del texto.
La Junta de Vecinos de El Golf Sur, así como el abogado Alberto Dalgalarrando, solicitaron hacerse parte del recurso de protección, pero los abogados del caso se oponen. «En dicha oportunidad, mediante dos presentaciones (de fechas 6 y 18 de enero de 2018), el señor Dalgalarrando intentó por sí y por otros terceros ser admitido al recurso de protección indicado. En la primera de esas presentaciones, al igual que ahora, alegó un interés que emanaría de la calidad de vecino supuestamente afectado por el proyecto inmobiliario que se pretende desarrollar en las calles Renato Sánchez/Asturias/Américo Vespucio. En la segunda presentación, compareció en representación de un vecino colindante del inmueble donde se ubica el proyecto, invocando como interés el derecho de propiedad de su mandante. (…) el elemento novedoso que puede apreciarse, es que el Sr. Dalgalarrando incluye en esta oportunidad como ‘vecino’ de Las Condes, al alcalde de la comuna de Santiago, Sr. Felipe Alessandri y que la única prueba en juicio que se acompaña del supuesto carácter de ‘vecino’ de Las Condes de dicho alcalde, sea una escritura pública de mandato judicial en la cual el edil de Santiago declara estar domiciliado en calle Málaga número 395, Las Condes. Lo anterior contradice declaraciones públicas del alcalde Sr. Alessandri, en las cuales ha manifestado estar avecindado en la comuna de Lo Barnechea», plantea Bofill.
Los vecinos respondieron ante el tribunal de alzada que no es la primera vez que la inmobiliaria intenta dejarlos fuera de los debates legales: «No existe duda alguna que la Junta de Vecinos de Las Condes que represento, tiene un innegable interés en velar por que los proyectos inmobiliarios proyectados en la comuna –y especialmente aquellos de gran envergadura como lo es el de autos– cumplan a cabalidad con las normas legales y reglamentarias que regulan la actividad constructiva y urbanística, normas que la Inmobiliaria Nueva El Golf pretende intencionalmente pasar por alto por medio del presente recurso de protección».
Los abogados del municipio respondieron la semana pasada al recurso de protección, señalando que las expresiones emitidas por el alcalde se enmarcan dentro del derecho constitucional a la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura y que jamás existió orden escrita de invalidar el permiso.
A juicio de los inversionistas, las inconsistencias del municipio tienen que ver con la Directora de Obras, Rocío Crisosto, quien en su primera respuesta a los vecinos, cuando enviaron la carta a El Mercurio, señaló que “las alturas máximas establecidas en el Plan Regulador Comunal en ese sector son de 9 y 15 pisos, respectivamente, más un piso retirado. La condición de Conjunto Armónico permite elevar en un 25% la altura máxima permitida, a lo que el proyecto se ajusta estrictamente. En relación con los estacionamientos para vehículos que contempla el proyecto, estos corresponden a 975 unidades, los que están debidamente avalados por el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano, aprobado por la Seremi de Transportes”.
La teleserie puede llegar a un final inesperado con la insistencia de poner a Lavín contras las cuerdas, ya que el equipo de abogados liderado por Bofill planea perseguir que las 150 mil UF –cerca de 4.100 millones de pesos– sean indemnizadas por el municipio, algo que no suena descabellado, considerando que un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago indicó a la Municipalidad de Recoleta indemnizar por daños y perjuicios a la sociedad inmobiliaria. Christian Espejo, abogado de Desarrollo Inmobiliario Bellavista, asegura que este caso puede marcar un precedente, pues el tribunal ya determinó que sí hubo un actuar ilegal, perjuicios y ahora resta determinar el monto de los mismos. «Los alcaldes en general nunca han pagado el costo de actuaciones irresponsables. Las empresas tampoco pueden sostener lo que implica estar años litigando y solo unas pocas pueden perseguir esas responsabilidades», explicó a El Mostrador.
En el caso de Lavín, los privados, además, evalúan presentar una querella por prevaricación, algo que también tiene antecedente en una disputa que enfrenta a la Inmobiliaria del Puerto, ligada a Nicolás Ibáñez, a cargo del proyecto Parque Pumpín, con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.
El director de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Bernardo Echeverría, asegura que, si bien los tribunales son las instancias donde la ley establece que se debatan estas objeciones, «en la medida que hay más litigios, hay menos inversión. Como sector, no queremos ni nos gustan los litigios, pero por otro lado el canal establecido por el Estado de Derecho es debatir en tribunales. La ley es clara en quién tiene derecho y cómo se impugna, algo que estos alcaldes no están cumpliendo».
Mientras tanto, tome palco. A la pelea le quedan varios actos.
