Los ejecutivos de las AFP en el paraíso

Como hemos expresado en otras ocasiones, los ejecutivos de las AFP debieran estar sometidos a procesos de supervisión muy exigentes para que se dé cumplimiento a los mandatos legales que deben satisfacer.

El Código Civil, en su Artículo 44, señala que quien maneja negocios ajenos debe hacerlo con igual dedicación que si lo hiciera para cuenta propia. Esto resulta muy importante. Resulta obvio que es incomprensible que alguien experto en invertir haga una cosa con mi dinero (por ejemplo, invertir en X) y haga otra con el que le pertenece (por ejemplo, invertir en Y), pues implicaría esa diferencia que por alguna razón prefiere para sí mismo una inversión distinta a la que recomienda para otro. Esto es más grave cuando consideramos que en Chile 6 AFP manejan alrededor de US$ 180 mil millones, lo que supone que en promedio cada una administra la mitad del presupuesto de Chile.

El poder negociador, la capacidad de modificar industrias completas, es enorme. ¿Qué pasa si un ejecutivo compra con su dinero acciones de una empresa o de un fondo de inversión y luego inyecta inversión de la AFP? Pasa que esas acciones subirán. Es indispensable que sepamos en todo momento en qué están invirtiendo los ejecutivos de las AFP y que tengamos su información bancaria a nivel internacional, la que debe ser supervigilada.

No es necesario para esto una nueva ley, basta con la ley existente para que se entienda que debe haber una vigilancia total en este punto.

El año 2017 hicimos una denuncia sobre los usos improcedentes de los gastos de las AFP cuando mostramos cómo un ejecutivo de AFP Capital y casi 80 trabajadores viajaban al Caribe celebrando sus desempeños. Esto significó un nuevo estándar y el despido de dicho ejecutivo.

La información nos llega desde el mismo sistema, fundamentalmente desde ex ejecutivos que conocen las peligrosas trenzas de poder y los discutibles negocios que se realizan alrededor del mundo de las AFP. Han sido ellos mismos quienes nos han señalado con mucha claridad desde entonces que hay ejecutivos de AFP que tienen inversiones en paraísos fiscales y que viajan sistemáticamente a esos países para gestionar dichas inversiones.

Esto no es irrelevante. ¿Viajan a esos países a invertir dinero propio o manejan dinero de terceros? ¿Compran desde fuera de Chile instrumentos internacionales de inversión que luego pueden ser modificados en su comportamiento con decisiones desde las AFP? Si es dinero propio, ¿es coherente el dinero que manejan con sus ingresos? Es cierto que tienen excelentes ingresos, pues, como mostramos el año pasado, sus ingresos mensuales llegan a cifras de $30 millones a $40 millones. Y eso puede ser coherente con ciertos niveles de ahorro de un par de millones de dólares, pero si sabemos que esos ingresos son de decenas de millones de dólares es más delicado.

Mucho hemos hablado de medidas de probidad para el mundo público. Pero resulta que el dinero de las AFP, la plata de las comisiones en específico, es un cobro obligatorio. Uno puede cambiarse a la AFP más barata, pero no puede optar por una AFP que pague según resultados, por ejemplo. Sencillamente está obligado a pagarle un impuesto al privado.

Hoy contamos con antecedentes como los siguientes. Un ejecutivo de una AFP durante el año 2016 viajó a Panamá el 2 de mayo y volvió el 5 de mayo. Ese mismo mes viajó a Aruba el 18 de mayo y retornó a Chile el 20. Ambos vuelos tienen duraciones cercanas a las 10 horas, por lo que es impensable que se trate de viajes de placer. Son países que, claro, tienen excelentes lugares para vacacionar, pero también son paraísos fiscales y hay en ellos grandes mercados de inversión sin mucha regulación, como se denunció mundialmente con los llamados Panama Papers. Pero continuamos.

Los viajes a Panamá tuvieron otra etapa cuando el 10 de julio de ese año este ejecutivo aparece embarcándose hacia dicho país con retorno a Santiago el día 14. Esta persona tiene muchos otros viajes, 19 de carácter internacional ese año, pero no es el punto. Y aunque en muchos de ellos pueden realizarse acciones improcedentes o dudosas, si la Superintendencia tuviera este tema en foco, seguramente se preocuparía en especial de los viajes a paraísos fiscales y de las cuentas en dólares que tienen los ejecutivos. Pero parece que no ocurre, que nos limitamos a saber dónde están los montos de nuestros fondos de pensiones. Y la verdad es que esa es solo la punta del iceberg.

No hemos mencionado al ejecutivo porque bien podría ser que en sus viajes haya otra explicación de su vida privada que no nos compete. Pero sí nos resulta relevante señalar que ciertos movimientos de personas y recursos de los altos ejecutivos deben ser supervisados. Este ejecutivo era entonces gerente general de una importante AFP. Y hay muchos viajes de él que se realizan hacia la empresa matriz de su AFP y ese es un asunto que se puede considerar natural (aunque de todos modos son viajes que se debieran escrutar, porque en el país de origen de esa AFP hay una región donde existe el derecho a guardar información económica en secreto).

Este ejecutivo, como otros dos gerentes generales del sistema, tienen empresas propias, empresas de inversión, con sus esposas. ¿Hay vigilancia respecto a las inversiones de esas empresas? No es lo mismo que inviertan en jardines infantiles a que lo hagan en instrumentos del mundo financiero o que, mediante sus bancos, abran cuentas en dólares en el extranjero y desde allí diversifiquen su actuar. Debemos volver a insistir: son personas que manejan más fondos, y con más flexibilidad, que el ministro de Hacienda. Y esto no solo compromete a los ejecutivos, sino también a las empresas que invierten en AFP.

¿Alguien supervisa que el precio de venta de una AFP sea un precio de mercado adecuado? ¿Se vigila a las empresas matrices para evitar que creen fondos de inversión en el exterior que luego puedan ser inyectados de dinero desde Chile? Realmente este problema no es ninguna broma. Lo del paseíto al Caribe fue algo grave, pero esto es mucho más importante y es exigible que se soliciten antecedentes de los últimos años, porque muy grave sería que existan delitos que se hayan estado cometiendo y que deriven de los ingresos particulares que ciertos actores bien posicionados han conseguido gracias a su tarea como administradores de nuestros fondos de pensiones.