MERCADOS
Cristóbal Lira, Sebastián de Cárcer, José Miguel Fuente-Alba y Virgilio Cartoni
Nuevas irregularidades relacionadas con la venta de 160 vehículos de lujo al Ejército, pueden enredar aún más la ya frágil situación de su procesado ex comandante en Jefe. En esta trama aparece como coprotagonista la concesionaria de autos DITEC, controlada por los empresarios Sebastián De Cárcer y Cristóbal Lira, que comercializa en Chile a Land Rover, Volvo, Jaguar y Porsche. También aparece involucrado, como comisionista –aunque no participó realmente en el negocio– el cuestionado proveedor del Ejército Virgilio Cartoni. Lira fue subsecretario de Prevención del Delito en el primer Gobierno de Sebastián Piñera y actualmente, aunque desde el mundo privado, es un relevante asesor remunerado de Andrés Chadwick en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Las indagaciones sobre el rápido incremento patrimonial del ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba han abierto aristas impensadas en las dos investigaciones penales que se siguen en su contra. La que lleva la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien lo tiene detenido y procesado por malversación de caudales públicos en relación con el uso indebido de los gastos reservados de la Comandancia en Jefe del Ejército, que se estiman en más de $3.500 millones, se suma a la investigación que instruye el fiscal de alta complejidad, José Morales del Ministerio Público, principalmente por el delito de lavado de activos.
Estas investigaciones han develado una compleja trama de complicidades entre los mundos público y privado, las que –según observadores críticos– podrían incluso comprometer la seguridad nacional al volver difuso el límite entre la ambición, los placeres personales y los negocios institucionales.
Al peculiar y pomposo estilo de vida de Fuente-Alba, que dista años luz de la pretendida y autoproclamada austeridad militar, que incluía fastuosas fiestas, séquitos de empleados y una vida –junto con su esposa, Ana María Pinochet– repleta de compras y cenas en lugares exclusivos, amén de múltiples viajes al extranjero, se suma su permanente cercanía con el negocio automotriz de los autos de lujo, dando cuenta incluso de un patrón de negocios incompatibles que va mucho más allá del simple gusto.
De hecho, la causa por lavado de activos que investiga el fiscal del Ministerio Público José Morales incluye la compra de nueve vehículos de lujo, por un total de $235 millones, que realizó Fuente-Alba a la Concesionaria Klassik Car entre 2005 y 2013, automotora ligada a los empresarios Gonzalo Martino y Jesús Diez y cuyo gerente, José Manuel Donoso, es parte de los Caores del Ejército, todo lo cual fue dado a conocer en detalle por El Mostrador hace algunos días.
En una de esas acaloradas discusiones al interior del directorio de DITEC, en las que participó el actual asesor del Ministerio del Interior Cristóbal Lira, el presidente de la empresa, Sebastián de Cárcer, reconoció a los demás participantes que efectivamente se había reunido en París, Francia, con Fuente-Alba cuando este era comandante en Jefe, que habían convenido un negocio de compraventa de muchos Land Rover al Ejército y que la operación se hizo pagándole una “comisión” a Virgilio Cartoni, dejando en claro que este no había tenido una real participación en el negocio. Todo lo cual, efectivamente, habría ocurrido entre los años 2011 y 2012.
A esas historias se suma ahora otro capítulo de la investigación, también vinculado con autos exclusivos, que tiene ribetes aún más complejos, ya que involucra directamente al Ejército de Chile y el posible pago de comisiones ilegales.
Participan en la trama, en distintos grados, los empresarios Sebastián de Cárcer y Cristóbal Lira, dueños y controladores de la concesionaria de autos de lujo Ditec (representantes en Chile de Land Rover, Volvo, Jaguar y Porsche), uno de los principales actores del mercado de lujo y semilujo del país.
Cristóbal Lira fue subsecretario de Prevención del Delito en el primer Gobierno de Sebastián Piñera y en este segundo mandato es asesor remunerado como Coordinador de Políticas Públicas Intersectoriales del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es decir, mano derecha de Andrés Chadwick. Lira tiene, además, negocios vinculados con zapatos junto con el ex alcalde UDI y actual operador y lobista Pablo Zalaquett.
También aparece como actor de esta nueva trama el cuestionado proveedor de insumos del Ejército Virgilio Cartoni, aunque en sus declaraciones Fuente-Alba ha negado reiteradamente cualquier tipo de vinculación con él.
Fuente-Alba y De Cárcer mantuvieron reservadas reuniones en París, Francia, en el año 2011, donde Ditec selló la venta al Ejército de más de 100 vehículos Land Rover, que fueron entregados en dos partidas: ese mismo año y el siguiente. El negocio, ascendente a varios millones de dólares (100 mil dólares aproximadamente en su versión básica por cada auto), incluye pago de “comisiones” por venta a Cartoni.
El directorio de Ditec, durante los años 2011 y 2012, estaba conformado por Sebastián de Cárcer, quien lo presidía, además de Cristián Neely, Juan Carlos Fantoni, Vicente de la Fuente (abogado de la compañía y cuñado de De Cárcer) y por un representante de Cristóbal Lira, quien estaba en el Gobierno como subsecretario de Prevención del Delito. El gerente general de Ditec era Daniel Purcell.
La estructura actual de la compañía mantiene en la propiedad a Lira y De Cárcer, luego que Eduardo Costabal les vendiera –en mayo del año pasado– su 22 % de la empresa a los otros dos socios.
De Cárcer, sin vínculos políticos evidentes, fuera de su estrecha amistad con Cristóbal Lira, es conocido como un hombre reservado y muy poderoso en la industria automotriz. Fue el precursor de traer la marca Porsche a Chile en 1991 y el responsable de introducir el lujo tempranamente al mercado chileno. Hace poco más de un año su firma invirtió millones de dólares en el centro ícono de la marca alemana, el Porsche Center de La Dehesa.
Lira, en tanto, está mucho mejor contactado con el mundo de la política, especialmente con los Gobiernos del Presidente Piñera. Posee profundas redes, ya que es sobrino de Pedro Ibáñez –uno de los fundadores y financistas de RN– y primo de Nicolás y Felipe Ibáñez (excontroladores de D&S). Trabajó en el mundo supermercadista durante 22 años y fue gerente de D&S entre el 2002 y el 2004. Hasta el momento de convertirse en subsecretario de Prevención del Delito, en el 2010, era dueño de cerca del 5 % de las acciones de Cruzados, sociedad anónima propietaria del equipo de fútbol Universidad Católica.
Durante el primer Gobierno de Piñera, Lira dejó a un lado sus negocios para asumir la cabeza de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por ende, no siguió en el directorio de Ditec, posición que, en todo caso, recuperó el año 2014, al volver a la actividad privada. Aunque actualmente sigue en este negocio automotriz, tiene también un vistoso pie en el mundo de lo público, específicamente en La Moneda, toda vez que es uno de los principales asesores remunerados del Ministerio del Interior en este segundo mandato de Sebastián Piñera.
Ya con Lira de regreso en el directorio de Ditec, durante el año 2017 se celebraron significativas reuniones de ese directorio que, a la luz de los hechos de hoy, cobran su real dimensión.
Fueron sesiones muy disputadas y agresivas, tanto así que testigos señalan a este medio que los gritos se escuchaban “hasta en el otro piso” de la sede de la empresa. En ese entonces, el directorio estaba conformado por Sebastián de Cárcer, Cristóbal Lira, Cristián Neely, Vicente de la Fuente y el abogado Alberto Eguiguren, en representación de Eduardo Costabal (hasta la venta de sus acciones en el año 2018). Participaban también el gerente Tomás Etcheverry y otros funcionarios administrativos de la firma.
Los testigos señalan que al menos en una ocasión el director Alberto Eguiguren exigió, perentoriamente y a viva voz, que De Cárcer informara y transparentara a los demás participantes de las sesiones acerca de las reuniones sostenidas en París entre De Cárcer y el entonces comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y los pormenores de la venta de más de 100 vehículos Land Rover a esa rama castrense. Sobre todo, exigió saber si se habían pagado comisiones irregulares a terceras personas por dichas transacciones, especialmente al comerciante de armas y pertrechos militares favorito del Ejército, Virgilio Cartoni.
Por esos días la figura de Cartoni aparecía en la prensa en calidad de “comisionista” en la venta de pertrechos militares, junto al nombre de Fuente-Alba, envueltos en un escándalo vinculado a licitación de visores nocturnos para el Ejército y otras anomalías en la compra de helicópteros y otras aeronaves, en la época en que Fuente-Alba era el número 1 del Ejército.
En una de esas acaloradas discusiones al interior del directorio de DITEC, en las que participó el actual asesor del Ministerio del Interior Cristóbal Lira, el presidente de la empresa, Sebastián de Cárcer, reconoció a los demás participantes que efectivamente se había reunido en París, Francia, con Fuente-Alba cuando este era comandante en Jefe, que habían convenido un negocio de compraventa de muchos Land Rover al Ejército y que la operación se hizo pagándole una “comisión” a Virgilio Cartoni, dejando en claro que este no había tenido una real participación en el negocio. Todo lo cual, efectivamente, habría ocurrido entre los años 2011 y 2012.
En esa reunión se habló de 90 vehículos Land Rover vendidos al Ejército el año 2011 y otros 70 el año 2012, siendo ambos años Fuente-Alba su comandante en Jefe. Las compraventas se realizaron bajo la modalidad de compra directa.
Cabe recordar que los negocios con el Ejército de Virgilio Cartoni, empresario y ex militar, y cercano a Fuente-Alba, son de antigua data. De acuerdo a una investigación de Ciper, es probable que los privilegios que le han permitido a Cartoni realizar millonarios negocios con la institución castrense estén relacionados con un lazo familiar. Su única hermana, Magali Cartoni Maldonado, está casada desde 1985 con Eugenio Ponce Lerou, el hermano del ex yerno de Pinochet, Julio Ponce, quien a través de Soquimich tejió una telaraña de redes políticas de todos los colores, que lo convirtieron en el mecenas del financiamiento ilegal de la política.
Contactados los protagonistas de esta nueva trama que persigue a Fuente-Alba, el ex subsecretario Cristóbal Lira no respondió a ninguno de los llamados realizados por El Mostrador. El abogado y ex director de DITEC, Alberto Eguiguren, aunque sí pudo ser consultado sobre estos hechos, declinó emitir comentarios al respecto.
Consultada la empresa DITEC, donde Sebastián de Cárcer es el presidente del directorio, respecto a su relación como proveedor del Ejército y su vínculo con Cartoni y Fuente-Alba, la empresa envió a El Mostrador la siguiente declaración: “Desde sus inicios, Land Rover –a través de su división Special Vehicule Operation (SVO)– ha desarrollado y fabricado vehículos todoterreno, con los más altos estándares, cumpliendo con diversos requerimientos de las fuerzas armadas, policías, Cruz Roja y Naciones Unidas, entre otras, a nivel global. DITEC, como representante oficial de la marca en nuestro país, ha sido proveedor del Ejército de Chile. Sin embargo, dichas operaciones se encuentran sujetas a un deber de reserva legal y contractual de carácter obligatorio. Por otro lado, la legislación de defensa nos imposibilita para hacer referencias a transacciones con las Fuerzas Armadas –vinculadas a pertrechos militares–, de acuerdo con el Artículo 255 del Código de Justicia Militar”.
En fuentes abiertas del propio Ejército, como en Mercado Público, Ditec aparece prestando servicios de “comercialización de vehículos nuevos de las marcas Land Rover, Jaguar, Porsche y Volvo. Servicio técnico para las marcas comercializadas. Venta de repuesto para las marcas. Venta de automóviles usados de las marcas comercializadas y otras”. En la página 273, del documento de 1.243 hojas, el Ejército registra como parte de sus proveedores inscritos a la sociedad “Comercializadora Ditec Automóviles S.A.”, dicha relación indica estar vigente por resolución desde 2015.
