MERCADOS
Los líos judiciales de la sociedad Ramón Valente y Cía. Ltda., de cuya propiedad el ministro posee el 12%, le siguen complicando la gestión al titular de la cartera de Economía. Ahora, el 28º Juzgado Civil de Santiago ordenó el embargo de las cuentas corrientes que tiene la sociedad en Banco Security y Banco de Chile, por el no pago de dos facturas –por un total de más de 70 millones de pesos– que hace dos años le adeuda a uno de sus pequeños proveedores. La resolución judicial ocurre a tres meses de que el ministro de Economía y el Presidente Sebastián Piñera anunciaran, con satisfacción, la promulgación de Ley de Pago a 30 días, con que se busca asegurar el pago oportuno a las pymes.
El 03 de enero de este año, el Presidente Sebastián Piñera y su ministro de Economía, José Ramón Valente, no ocultaron su satisfacción al promulgar la Ley de Pago a 30 días, que puso fin a 15 años de espera para solucionar uno de los graves problemas que afectan a las pymes, como es el pago fuera de plazo de sus facturas por parte de empresas de mayor tamaño.
En esa oportunidad, Valente sostuvo que «el Presidente Piñera nos encomendó terminar esa espera. No más promesas incumplidas, que finalmente hubiese una aprobación para el pago oportuno de las facturas a proveedores, y lo logramos”, remarcó.
En las declaraciones que dio por esos días, el titular de Economía reconoció que algunos de los grandes deudores eran las empresas del propio Estado, por lo que esta ley buscaba que el sector público se pusiera a tono con lo que se le exige al sector privado.
Mientras Valente visitaba medios de comunicación para amplificar la noticia, la sociedad Ramón Valente y Compañía Limitada, en la que el ministro comparte propiedad con su hermano Álvaro, había sido demandada en un juicio ejecutivo precisamente por el no pago de dos facturas a la Sociedad Comercial Lennox, que fueron reconocidas por la sociedad Valente ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
[cita tipo=»destaque»]Aunque desde el área de Comunicaciones del Ministerio de Economía señalaron que el ministro no participa de esa sociedad y que su 12 % de participación en la misma fue «a cambio de un préstamo que le hizo a su hermano hace años», por lo que no tiene ninguna injerencia, «en nada», dicho préstamo por aproximadamente 200 millones –según consignó El Mostrador, en abril pasado, en el reportaje sobre los líos judiciales asociados a las empresas ligadas el ministro Valente– se materializó mediante cuatro mutuos firmados entre junio y septiembre de 2016, en el momento más complejo financieramente de Ramón Valente y Compañía. Poco más de un año después, el 25 de octubre de 2017, se realizó una junta de accionistas, donde se elevó el capital de 600 mil pesos a 207 millones de pesos, siendo Injoval –la sociedad que tiene el secretario de Estado con su esposa– la que aportó como capital la deuda que Valente y Compañía tenía con ellos. Así, de ser acreedor de la sociedad de sus padres y su hermano, el ministro José Ramón Valente pasó a ser socio.[/cita]
Desde que partió el juicio, fuentes conocedoras del caso, señalaron que la estrategia de los representantes jurídicos de la compañía de los hermanos Valente fue dilatar la causa, mediante la presentación de excepciones, para no dar cumplimiento a su obligación de pagar a uno de sus proveedores. Hace siete días, sin embargo, el 28º Juzgado Civil de Santiago emitió una resolución que terminó con la dilación.
El tribunal ordenó que se embargaran dos cuentas corrientes de la sociedad Ramón Valente y Cía. Ltda., vinculada a la importación y comercialización de productos de semilujo, por incumplimientos comerciales con la Sociedad Comercial Lennox, del rubro del diseño de interiores para tiendas del retail.
El juicio ejecutivo contra la sociedad Ramón Valente y Cía. Ltda., cuyas órdenes de embargo afectan a cuentas corrientes en los bancos Security y de Chile, tiene su origen en el no pago de las facturas 164 y 165 a la comercial Lennox, del rubro de la construcción y de propiedad de Hernán Briones Aros. La deuda data del 16 de diciembre del 2016, cuando se emitieron las mencionadas facturas, que alcanzan un total de $ 73.233.945 por las labores de instalación de la tienda Fossil en Casa Costanera.
La sociedad Ramón Valente y Compañía Limitada es manejada por el hermano del ministro, Álvaro Valente Vías, y se dedica a la representación de marcas de retail, con presencia en distintos centros comerciales.
Aunque desde el área de Comunicaciones del Ministerio de Economía señalaron que el ministro no participa de esa sociedad y que su 12 % de participación en la misma fue «a cambio de un préstamo que le hizo a su hermano hace años», por lo que no tiene ninguna injerencia, «en nada», dicho préstamo por aproximadamente 200 millones –según consignó El Mostrador, en abril pasado, en el reportaje sobre los líos judiciales asociados a las empresas ligadas el ministro Valente– se materializó mediante cuatro mutuos firmados entre junio y septiembre de 2016, en el momento más complejo financieramente de Ramón Valente y Compañía.
Poco más de un año después, el 25 de octubre de 2017, se realizó una junta de accionistas, donde se elevó el capital de 600 mil pesos a 207 millones de pesos, siendo Injoval –la sociedad que tiene el secretario de Estado con su esposa– la que aportó como capital la deuda que Valente y Compañía tenía con ellos. Así, de ser acreedor de la sociedad de sus padres y su hermano, el ministro José Ramón Valente pasó a ser socio.
La sociedad Ramón Valente y Cía. Ltda. lleva 30 años en el rubro comercial, con 45 empleados. En la actualidad maneja dos tiendas Fossil, un local de Adidas, más cuatro módulos de esta última marca y una relojería en Costanera Center. De esta forma la sociedad mantiene relaciones comerciales con reconocidas cadenas de centros comerciales como Parque Arauco, Marina Arauco (Viña del Mar), Costanera Center (Cencosud) y el mall Easton.
De la mano de Álvaro Valente, la marca Fossil aterrizó en Chile en 2015, en uno de los malls más exclusivos de la capital: Casa Costanera.
Pero las cosas no han andado bien en relación con su apuesta por el retail, al enfrentar –apenas echaron a andar el negocio– una serie de litigios en tribunales.
El primero de ellos, un juicio precisamente con el centro comercial Casa Costanera –ligado al grupo Vivocorp, sociedad relacionada con el grupo Saieh–, donde fueron condenados a pagar 44,6 millones de pesos por arriendos y otros conceptos pendientes, correspondientes al período de enero-septiembre de 2017.
Paralelamente, la sociedad fue demandada ante tribunales por la Municipalidad de Vitacura, esta vez por el no pago de las patentes comerciales desde julio de ese año, aunque rápidamente se allanó a cancelar, dado lo acotado del monto (318 mil pesos).
Sin embargo, el juicio ejecutivo por cobro de facturas de la sociedad Lennox sigue sin destrabarse, en especial ahora que fue decretado el embargo de las cuentas bancarias, las que –según fuentes ligadas al caso– son el precedente para el embargo de otros bienes de propiedad de la sociedad demandada y en la que el ministro tiene participación.
