El académico Javier Ruiz-Tagle, junto a sus colegas Alejandra Luneke, Carolina Aguilera, Elizabeth Zenteno y Martín Álvarez han realizado cuadros comparativos entre los costos de jornadas de violencia de los días 18 y 19 de octubre con los costos que denomina como «Violencia Estructural». Así, concluyó que las dos jornadas de protestas (sobre la base de información de los ingresos de Metro S.A. en 2018) habrían implicado para al Gobierno una pérdida de US$ 201 millones. La cifra no es insignificante –asegura el académico–, pero hay que ponerla en perspectiva con aquellos episodios que también han catalizado el movimiento social. Ruiz-Tagle contabilizó –a partir de la información de organizaciones de consumidores, SII, Fiscalía y Ministerio Público, entre otras– US$ 4.982 millones entre elusiones, fraudes al fisco, colusiones y otras fuentes de desigualdad. «Queremos exponer esa violencia estructural y cómo se relaciona esto con la legitimación. La violencia estructural, además de lo que hemos mostrado, sumadas las utilidades de las AFP, que ha mostrado la Fundación Sol, por ejemplo, alcanzarían para subir la pensión básica solidaria de $110 mil a $160 mil. Solamente con esas utilidades. Por otro lado, hay muchos empresarios que pagan con factura en los supermercados. Y eso es todos los días (…). En supermercados del barrio alto un tercio de las cajas reciben facturas, en los barrios bajos no hay caja de facturas. Y es una forma de evasión. El SII en 2017 estuvo investigando y encontró 33 millones de dólares mensuales con no pago de IVA», ejemplificó.
Estudió en Chicago, pero no en la universidad donde se han formado los economistas que admiran el modelo neoliberal. Javier Ruiz-Tagle es PhD en planificación y políticas urbanas por la Universidad de Illinois de esta ciudad y se ha especializado en temas de segregación residencial, políticas de vivienda, efectos de barrio, sociología urbana, y estudios comparativos.
No le gusta usar Twitter, aunque una sencilla comparación que hizo con números que le parecieron interesantes, y que subió a esta red social, rápidamente se convirtió en viral.
Este profesor de la PUC hizo un ejercicio sencillo pero de alto impacto: comparar las jornadas de movilización de los días 18 y 19 de octubre, cuando se produjeron los hechos más álgidos de evasión y de daños al metro, con la serie de episodios de corrupción, colusión, perdonazos tributarios y casos emblemáticos como el Milicogate o la elusión de las empresas zombies.
El resultado de poner esas cifras sobre la mesa, explica en entrevista con El Mostrador, fue un golpe de realidad.
Javier Ruiz-Tagle y Natalia Saavedra.
Ruiz-Tagle, parte del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la PUC, ha advertido como base de su análisis que la vivienda, y el encarecimiento del acceso a esta y a condiciones dignas de las mismas, era un síntoma temprano de una crisis social.
Inversionistas extranjeros, compañías de seguros, rentistas y otros actores del mercado que, sin mediar sensibilidad social, han elevado el valor de las rentas sin que esto tenga relación alguna con el aumento de los sueldos. «La vivienda es buena parte de lo que está pasando ahora y la gente no lo sabe», subraya.
Ya en agosto las mismas empresas del rubro habían advertido que la matemática no cuadraba. Un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) entregó conclusiones tajantes: en Chile, el PIR promedio es de 7,6 (una familia debe destinar íntegramente su salario por 7,6 años para el pago de una vivienda), equivalente a un crédito hipotecario de más de 45 años, tomando en cuenta que el dividendo no debería sobrepasar el 25% del ingreso familiar mensual, considerado inalcanzable.
La CChC entonces dijo que era necesario establecer una política privada y pública que lidiara con la problemática.
Pero, más allá del techo, el análisis de Ruiz-Tagle sacó ronchas porque puso en papel todos aquellos abusos y malos comportamientos, penados o no por la ley hasta ahora, que han roto la confianza entre los grupos de poder, las instituciones y los ciudadanos.
Así, comparó que las dos jornadas de protestas del 18 y 19 de octubre (sobre la base de información de los ingresos de Metro S.A. en 2018) habrían implicado para al Gobierno una pérdida de US$ 201 millones.
La cifra no es insignificante –asegura el académico–, pero hay que ponerla en perspectiva con aquellos episodios que también han catalizado el movimiento social. Ruiz-Tagle contabilizó –a partir de la información de organizaciones de consumidores, SII, Fiscalía y Ministerio Público, entre otras– US$ 4.982 millones entre elusiones, fraudes al fisco, colusiones y otras fuentes de desigualdad.
Ruiz-Tagle apostó por un segundo ejercicio, bautizado «Saqueo versus saqueo». Nuevamente, sobre la base de fuentes oficiales, junto a otros académicos del instituto (Alejandra Luneke, Carolina Aguilera, Elizabeth Zenteno y Martín Álvarez), analizaron un poco más atrás.
«El proceso de privatizaciones hacia el final de la Dictadura Militar fue altamente irregular, a espaldas de la ciudadanía, y con graves casos de corrupción y de conflictos de intereses no sancionados por la justicia hasta el día de hoy, donde las empresas fueron vendidas a un precio mucho menor a su valor real (entre otras varias prácticas), generando una pérdida patrimonial enorme para el Estado chileno. Monckeberg le llama a esto ‘SAQUEO’, debido a que los ideólogos de ese proceso, funcionarios del gobierno militar y dirigentes de las empresas públicas, se convirtieron en los dueños de estas grandes empresas, que lideran el país hasta el presente (el más conocido es Julio Ponce Lerou). El proceso fue también investigado en el ‘Informe comisión privatizaciones Cámara de Diputados 2004’ (que incluye además la contrarreforma agraria), liderado por el entonces Diputado Carlos Montes», explica al documento, que se basó en El Saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, estudio realizado por María Olivia Monckeberg en el año 2001.
El endeudamiento de la Corfo, la privatización de empresas estatales y la contrarreforma agraria, entre otros, implicaron para el Estado una pérdida de –por lo que se ha podido contabilizar– un patrimonio de US$ 23.338 millones. El análisis lo pone en perspectiva sobre los US$ 1.700 millones de pérdidas que se han acusado de la actividad comercial.
El objetivo del trabajo, afirman, no es aglutinar cifras de manera mañosa. Por el contrario, la idea es que, en números sencillos, la ciudadanía tenga una tabla para entender el fenómeno social de violencia estructural que se vive.
«Queremos exponer esa violencia estructural, y ya a nivel sociológico, cómo se relaciona esto con la legitimación. La violencia estructural, además de lo que hemos mostrado, sumadas las utilidades de las AFP, que ha mostrado la Fundación Sol, por ejemplo, alcanzarían para subir la pensión básica solidaria de $ 110 mil a $ 160 mil. Solamente con esas utilidades. Por otro lado, hay muchos empresarios que pagan con factura en los supermercados. Y eso es todos los días (…). En supermercados del barrio alto un tercio de las cajas reciben facturas, en los barrios bajos no hay caja de facturas. Y es una forma de evasión. El SII en 2017 estuvo investigando y encontró 33 millones de dólares mensuales con no pago de IVA», ejemplificó.
El detalle del análisis académico puede verlo completo en esta entrevista.
