Opinión
La huella hídrica de un kilo de paltas en la provincia de Petorca es de alrededor de 400 litros, lo que es inferior a, por ejemplo, los 800 litros de un kilo de limones, los 1.600 litros de un kilo de nueces, y los 2.500 litros de un kilo de almendras. Así, si usamos esta comparación, el gremio de las paltas no se equivoca al decir que “un kilo de paltas” no devasta los ecosistemas.
El problema es que el mayor rendimiento de este cultivo –en comparación con otros–en la provincia de Petorca, ha generado que la plantación paltos se haya incrementado sustancialmente en las últimas décadas. Entre 1930 y 1989 existían escasamente cerca de 2 mil hectáreas de paltos en la región de Valparaíso. Pero en los últimos 30 años se han plantado alrededor de 17 mil hectáreas de este frutal en la zona. Entonces, si bien un kilo de paltas no sería el causante de la crisis del agua que se experimenta en localidades como Petorca, algo totalmente distinto nos indican las 177.238,5 toneladas de ellas que se exportaron el 2017 desde nuestro país al mercado internacional, provenientes mayoritariamente de la Región de Valparaíso, en donde se concentra el 66% de las plantaciones de paltos del país y en donde el 40% del total de frutales plantados en esta región, son paltos.
De esta forma, la relación que se ha establecido entre este frutal y la crisis del agua en localidades como Petorca proviene precisamente de la desproporcionada escala de plantaciones, situación que no será solucionada con una mayor tecnificación del riego, que en gran medida es parte del problema; tampoco con certificaciones internacionales, ni con ser carbono positivo, que solo sirven para la autocomplacencia del gremio paltero; mucho menos mediante carreteras hídricas, embalses y desalinización de agua de mar, que solo vendrían a aumentar la demanda y a seguir afianzando la estrecha relación que ha existido en materia de aguas entre el Estado y las empresas, asegurando a los privados la propiedad legal y funcional sobre un recurso cada vez más escaso.
Las verdaderas soluciones deben llegar con mayores regulaciones, fiscalizaciones y ordenamiento de los territorios con las cuencas como unidades esenciales que orienten una gestión basada en la disponibilidad u “oferta” de agua y no en la demanda, en este caso del devastador modelo agroexportador, de lo contrario, esta situación se seguirá replicando.
Por ejemplo, la actual “fiebre” por las cerezas en el mercado asiático ha llevado a un importante aumento de las exportaciones de esta fruta, de hecho, se coronó como la más exportada, desplazando a las uvas. Así, en 2013, se enviaron al mercado internacional alrededor de 54 mil toneladas, mientras que en 2018 la cifra aumentó a 184.873, un incremento de 343%. Esto ha significado que en tan solo cinco años (periodo 2013-2018) la plantación de cerezos haya aumentado de 16 mil hectáreas a cerca de 40 mil, según cifras del catastro frutícola de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Incluso FEDEFRUTA señala que las plantaciones ya alcanzaron las 50 mil hectáreas al 2019, concentradas principalmente en las regiones de O’Higgins (36% del total) y el Maule (46%).
Así, la historia se repite. Los monocultivos frutales de exportación se siguen expandiendo sin control ni ordenamiento territorial en nuestro país, mediante procesos destructivos y modificadores del paisaje, que afectan la disponibilidad de agua para consumo humano e intensifican la degradación de la vegetación nativa y los suelos, afectando sus funciones ecosistémicas ya mermadas. En esta línea, consideramos que es absolutamente necesario que las plantaciones agrícolas sean evaluadas ambientalmente.
El actual modelo de producción de alimentos genera altos impactos en los ecosistemas, ya sea por medio de la sustitución de bosque, uso intensivo de agua, suelos erosionados, entre otros, los que deben ser evaluados, idealmente contemplando criterios sobre efectos sinérgicos relacionados con la disponibilidad de agua en las cuencas.
Lo anterior, se relaciona además con la necesidad de contar con un ordenamiento territorial en zonas rurales, que permitan regular las plantaciones agrícolas y, en especial, las que se realizan en zonas de pendiente (laderas de los cerros) sin ningún control, como se realiza con los paltos.
