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Crédito: Archivo
Gerardo Sepúlveda ha sido implicado en la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado, como parte de las investigaciones que se siguen contra Kuczynski por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.
Un juez peruano declaró infundado el pedido de la Fiscalía para que dicte 36 meses de prisión preventiva al empresario chileno Gerardo Sepúlveda, en el marco de una investigación que se sigue por presunta corrupción contra el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.
La decisión fue tomada este martes por el magistrado Jorge Chávez, quien sí impuso comparecencia con restricciones y el pago de una fianza de 100.000 soles (unos 30.000 dólares) a Sepúlveda, informó la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
El empresario chileno ha sido implicado en la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado, como parte de las investigaciones que se siguen contra Kuczynski por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.
El pedido de prisión preventiva fue presentado por el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, quien señala que Sepúlveda es dueño de la empresa First Capital y fue socio de Kuczynski en la empresa Westfield Capital, ambas investigadas por haber recibido pagos de Odebrecht.
Durante la audiencia, Pérez sostuvo que existe riesgo de fuga, ya que Sepúlveda tiene más de un domicilio en Chile, pero el abogado del empresario, Percy García, señaló que en la evaluación del arraigo domiciliario tenía que considerarse que reside en su país.
Tras rechazar el pedido fiscal, el juez Chávez indicó que Sepúlveda deberá cumplir reglas de conducta como presentarse cada tres meses ante el juzgado, fijar un domicilio estable en Chile, no comunicarse con los otros investigados y acudir ante cualquier requerimiento fiscal o judicial.
Al término de la audiencia, García declaró a periodistas que Sepúlveda no piensa fugar y considera que las «exigencias» impuestas por la justicia peruana «son muy altas», aunque colaborará con todo lo que se disponga.
El expresidente Kuczynski (2016-2018), de 81 años, cumple desde abril pasado una orden de arresto domiciliario durante 36 meses en su residencia del barrio limeño de San Isidro, mientras es investigado por un presunto lavado de activos por sus vínculos con Odebrecht.
Kuczynski está imputado por presuntas irregularidades cuando era ministro en el Gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006), ya que la Fiscalía investiga si ocultó pagos ilícitos por intermedio de Westfield Capital, con la que facturó 782.000 dólares entre 2004 y 2007 a Odebrecht en consultorías sobre proyectos de obra pública que luego fueron adjudicados a la empresa brasileña.
La fiscalía investiga, además, los depósitos efectuados por Odebrecht Latinvest en cuentas de Latin American Enterprise, vinculada a Kuczynski, y a First Capital de Gerardo Sepúlveda.
El exgobernante ha declarado que, mientras fue ministro, Westfield era administrada por Sepúlveda y él no conocía de los contratos que suscribía, mientras que su socio chileno dijo que «no hacía gestión ni administración» de la empresa, sino que prestaba servicios de estructuración financiera por los que recibió un pago en cuentas de la misma compañía.
