Los integrantes del «Foro para un desarrollo justo y sostenible», entre los que se encuentra el expresidente del Banco Central, Roberto Zahler, el exministro de Economía, Carlos Ominami y el economista Ricardo Ffrench-Davis, plantearon una serie de recomendaciones para el paquete de medidas del Gobierno, señalan que la prioridad deben ser las pymes y que la salud privada, clínicas y laboratorios deben quedar bajo la administración del sector público, ya que «resulta insólito que el Estado pague a privados para atender durante la emergencia».
Sin duda la pandemia del coronavirus golpeará con fuerza no solo a la economía sino que también pondrá en jaque al sector público, sobre todo cuando -en palabras del Presidente Sebastián Piñera- «esta es una emergencia sin precedentes». En La Moneda dicen estar preparados y es por eso que hace unos días el Mandatario anunció el plan económico de emergencia para hacer frente al virus, un paquete de medidas por 11.750 millones de dólares, que equivale a cerca del 4,7% del PIB, utilizando la facultad presidencial del 2% constitucional.
Las medidas del Gobierno darán cara al coronavirus, sin embargo, hay quienes tienen otra propuesta.
Un grupo de economistas de la ex Concertación pusieron sobre la mesa una serie de medidas económicas y sociales para evitar el colapso. Según consigna El Mercurio, el expresidente del Banco Central Roberto Zahler, el exministro de Economía Carlos Ominami, el economista Ricardo Ffrench-Davis, el exsenador PS Jaime Gazmuri, además de otras figuras, como la abogada Jimena Orrego o la economista María José Becerra, crearon el año pasado el «Foro para un desarrollo justo y sostenible», grupo que, coordinado por Álvaro Díaz, exsubsecretario de Economía, busca generar un espacio de debate sobre las políticas públicas y hace unos días se pronunció sobre la emergencia del coronavirus.
«Si bien valoramos la dictación del decreto de Estado de Catástrofe, esperamos que se concentre exclusivamente en el control de la epidemia. Sin embargo, instamos al Gobierno a asumir como propias las recomendaciones del Colegio Médico y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Por ello creemos que debe avanzarse hacia una cuarentena plena, al menos en las regiones más afectadas», dijeron al matutino.
«Es evidente el costo económico que implica, pero no hay opción si lo que deseamos es aplanar la curva de incidencia del virus y evitar el colapso del sistema de salud», añadieron.
El grupo plantea además como iniciativa que la salud privada, clínicas y laboratorios deben quedar bajo la administración del sector público. «Resulta insólito que el Estado pague a privados para atender durante la emergencia», fustigaron.
Los economistas de la antigua Concertación piden además «incorporar al Código del Trabajo una cláusula transitoria que impida durante 90 días invocar como causal de despido caso fortuito, fuerza mayor o necesidades de la empresa».
Además, advierten que es necesario asegurar un ingreso a quienes deban permanecer en sus casas. «Como en general son las mujeres las que estarán a cargo de hijos y/o familiares, incorporar el enfoque de género en las medidas laborales, dado que serán las que cargarán con el peso de la pandemia».
Finalmente, llamaron a que la prioridad deben ser las pequeñas y medianas empresas. «Para ello recomendamos postergar pago de contribuciones, de impuestos, patentes comerciales y permisos de circulación, sin acumular intereses. Del mismo modo, líneas de crédito sin intereses a las actividades de turismo y pequeño comercio», concluyeron.