MERCADOS
Crédito: Agencia UNO
La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, informó que durante marzo hubo un aumento de 100 mil despidos respecto al mismo mes del año anterior. Además, la titular de la cartera precisó que 56.986 empresas, que abarcan 786.790 trabajadores, han decidido acogerse a la Ley de Protección del Empleo y aseguró que «nunca hicimos un énfasis en que esta ley iba solo a beneficiar a pymes». Las cifras tienen impacto político. El diputado de la UDI e integrante de la comisión del Trabajo, Guillermo Ramírez, señaló que estos datos son “el adelanto de la profunda crisis económica que vamos a vivir, no solamente en Chile, sino en todas partes del mundo”. Por su parte, el senador socialista Juan Pablo Letelier sostuvo que los guarismos dan cuenta de que “es necesaria una intervención robusta del Estado” e insistió en la idea de una renta o ingreso garantizado. En la DC, en tanto, piden congelar las dietas de los directores de grandes empresas que recurran a la nueva normativa [ACTUALIZADA]
A pocos días de su entrada en vigencia, la polémica ha rondado la nueva Ley de Protección del Empleo. La normativa impulsada por el Gobierno que permite a las empresas suspender contratos laborales o pactar reducciones de la jornada laboral, permitiendo a los trabajadores acceder a las prestaciones del Seguro de Cesantía, suma y suma compañías que se arriman a su sombra, la noticia vislumbra al empleo como una de las posibles víctimas del Covid-19 en el país.
La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, informó que desde que la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) habilitó el pre-registro para acogerse a la nueva normativa a través de su sitio web, ya son 56.986 las empresas que han decidido acogerse a la iniciativa estatal, que abarcan 786.790 trabajadores.
Cabe mencionar que esta mañana desde la cartera de Trabajo reportaron que ya había más de 23 mil compañías que se inscribieron para optar a la suspensión del vínculo laboral o bien la reducción de jornada.
«Durante la discusión del proyecto de ley en el Congreso nosotros nunca hicimos un énfasis en que esta ley iba solo a beneficiar a pymes. Siempre se planteó que esta ley tenía un foco en el trabajador, y por lo tanto, lo que nosotros teníamos que proteger eran los ingresos de los trabajadores. Ese es el primer gran principio detrás de esta ley», aseguró la ministra respecto a la polémica por la decisión de grandes empresas de recurrir a esta normativa.
Asimismo, la ministra reportó un alza -durante marzo- de cerca de 100 mil cartas respecto de febrero de este año. Así, en el tercer mes del año, la Dirección del Trabajo recibió 299.519 cartas de despidos.
Respecto a las causales de las cartas, Zaldívar apuntó a un incremento de los términos de contrato por «vencimiento del plazo», anotando un aumento de 101 mil cartas de despido por esa causal, cifra 44% mayor a la de marzo de 2019 y que representa el 34% del total de las cartas del pasado mes. Esto mientras que la causal de «caso fortuito o fuerza mayor» muestra un incremento de 2,8% respecto a marzo de 2019, con un total de 5.465 cartas de despido, representando un 1,82% del total.
Las actividades económicas que se han visto más afectadas son la construcción, servicios administrativos, comercio y en mayor cantidad -respecto al año anterior- es el turismo y los servicios de comida.
La región más afectada es la de Magallanes, que pese a no tener un número absoluto alto presenta una variación del 76,5% respecto a marzo del 2018. Luego sigue Tarapacá, (59,6%), Coquimbo (56,5%), Los Lagos (51,7%) y Biobío (51,6%).
La Región Metropolitana es en la cual se han emitido cartas de despido para una mayor densidad de personas, con una variación de un 39,9% respecto a marzo del año pasado.
Las cifras tienen impacto político. El senador PS y presidente de la comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier, sostuvo que “estas cifras entregadas ponen nuevamente el énfasis que exigimos hace semanas: es necesaria una intervención robusta del Estado para garantizar que a nadie le faltarán los ingresos en los meses que vienen”.
«Los trabajadores y trabajadoras no pueden ser quienes deban sobrellevar el mayor peso de esta pandemia (…) El Gobierno no puede seguir quedando atrás. Debe tomar medidas más rápidas, directas y profundas. Al Gobierno le ha costado asumir los problemas y por lo mismo, llegar a las soluciones. Los socialistas venimos planteando una renta o ingreso garantizado desde hace tiempo para quienes no están obteniendo ni obtendrán ingresos en los próximos meses», agregó el parlamentario.
En medio de este debate, en la Democracia Cristiana propusieron congelar las dietas de los directores de grandes empresas que suspendan relación laboral de sus trabajadores, acogiéndose a la Ley de Protección
Esto, tras conocer un listado con las 70 mayores remuneraciones de directores publicado por Pulso. El presidente de la Falange Fuad Chahín recordó que el balance del 2019 arroja que directores de empresas como Latam, Ripley y Cencosud –que rebajaron el sueldo a la mitad o se acogieron a la ley- ganaron entre 1.200 y 300 millones.
Por lo tanto, “y como se trata de empresas que o contarán con apoyo del Estado vía la Banca –como Latam- o empresas que se acogieron a la Ley de Protección, la señal sana es que las empresas suspendan esas remuneraciones mientras dure la suspensión de la relación laboral, cuyo importe escapa a lo que cualquiera persona ganará en su vida”. “No puede ser que los directores mantengan intactas sus millonarias dietas, mientras los trabajadores vean suspendidas sus remuneraciones”, indicó.
En concreto, la DC ingresará esta propuesta en la Comisión Mixta en el trámite del proyecto que modifica la Ley 21.227 que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo.
Por su parte, el diputado de la UDI e integrante de la comisión del Trabajo, Guillermo Ramírez, señaló que estos datos son “el adelanto de la profunda crisis económica que vamos a vivir, no solamente en Chile, estas cifras son consistentes con lo que está ocurriendo en todas partes del mundo”.
Respecto a la nueva Ley de Protección de Empleo, Ramírez aseguró que «hay 800 mil personas que se acogieron a la suspensión de contrato y que van a recibir parte de sus ingresos habituales con cargo al seguro de cesantía; el vaso medio vacío es que son 700 mil personas a las cuales se les suspendieron el contrato de trabajo, el vaso medio lleno es que esas personas podrían haber triplicado la cantidad de despidos y afortunadamente ellas mantienen su trabajo”.
