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Créditos: Agencia Uno
Las cifras oficiales entregadas hoy indican que 66.500 empresas han solicitado acogerse a la Ley de Protección, un dato que más que duplica las 23 mil empresas reportadas el 17 de abril, en el primer balance que realizó el Ejecutivo sobre la marcha de la nueva normativa. Además, equivalen a 516 mil trabajadores, casi el doble respecto a los 270 mil que fueron informados en dicha instancia. Asimismo, en una semana aumentaron de un 17% a un 20,6% las solicitudes al Seguro de Cesantía con respecto al mes anterior. “Este es un dato que nos complica muchísimo”, asumió la ministra Zaldívar.
Un total de 66.500 empresas han solicitado acogerse a la Ley de Protección al Empleo y las peticiones para suspensiones de contratos involucran a 516 mil trabajadores a lo largo del país. Esos son los duros datos entregados por la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, en un nuevo balance del cumplimiento de la normativa puesta en marcha para paliar los estragos laborales que ha provocado la actual emergencia sanitaria.
Las cifras más que duplican las 23 mil sociedades reportadas el 17 de abril, en el primer balance que realizó el Ejecutivo sobre la marcha de la ley, y equivalen a casi el doble en relación con los 270 mil que fueron informados en dicha instancia.
Con respecto a las empresas que se pueden acoger a esta nueva normativa, el balance indica que 875 corresponden a grandes compañías. “Lo que hemos señalado como Ministerio del Trabajo es que las empresas que se acojan a esta ley, tienen que ser empresas que necesariamente tienen que estar con alguna situación que les impida cubrir con todas sus obligaciones de manera ordinaria, por lo tanto, cualquier empresa que no se ha visto afectada en sus ingresos, no debería de acogerse a esta ley”, acotó la secretaria de Estado.
De acuerdo con los datos entregados por la ministra, además, el 73,9% de las que se acogieron a la ley se trata de micro (49.202), el 18,5% pequeñas (12.308), el 3,4% medianas (2.271), el 1,3% grandes (875), y 2,9% no han sido identificadas (1.917).
El tema es que el volumen de afectados es mayor en las grandes empresas, dado que la suspensión contractual impacta a 151.568 trabajadores, cifra que es superior a la de empleados del segmento de micro empresas (141.670 personas).
Sin embargo, Zaldívar mantuvo que es importante tener presente que el tamaño o la actividad de la empresa no es un factor discriminante de si se debe o no acoger a esta nueva ley, “sino que vamos a tener que entrar a determinar si realmente se dan los supuestos en cada una de las actividades productivas, ya que en cada una de las empresas, tendremos que hacer un análisis respecto de si realmente se han visto afectados sus ingresos, si pueden cumplir con sus obligaciones, si por ejemplo una empresa que se acoja a esta medida ha hecho reducciones de las remuneraciones de sus altos ejecutivos o ha tomado otro tipo de medidas que justifique que esté optando con esta determinación respecto a sus trabajadores».
Además, sostuvo que existen mecanismos a través de los cuales “se pueden hacer estas fiscalizaciones”, mecanismos por los cuales “podemos realizar las denuncias” y mecanismos en los que “podemos sancionar cuando hay conductas abusivas”.
En cuanto al trabajo que se está realizando en el análisis de estos datos, precisó que “estos antecedentes han sido puestos en conocimiento de una Comisión Mixta de seguimiento que se hizo a la Ley de Protección al Empleo, comisión que acordamos en el marco de entendimiento del acuerdo para poder sacar esta ley, en la que nos íbamos a reunir para ir evaluando las medidas que se habían implementado, determinando si las medidas eran ajustadas o había que ir haciendo correcciones e ir haciendo seguimiento de las medidas que se podrían implementar”.
“Hoy tuvimos nuestra primera reunión que contó tanto con parlamentarios del Senado, como de la Cámara de Diputados del Gobierno y de la oposición y fue una reunión constructiva que nos permitió analizar los datos y establecer metas para las próximas sesiones”, aseguró Zaldívar.
“Con las solicitudes respecto al Seguro de Cesantía, como yo les dije hace una semana, que habían aumentado las solicitudes de prestación del Seguro de Cesantía en un 17% respecto de la misma fecha del mes anterior, la cifra que manejamos hoy es que hay un aumento de un 20,6%, respecto de la misma fecha anterior”, añadió la titular de Trabajo. Este mes se han anotado 11.8506 solicitudes, y en lo que va del año el registro asciende a 402.664, un 2,70% más que en los cuatro primeros meses de 2019.
“Este es un elemento y un dato que nos complica muchísimo, porque por lo general, independiente de cuántas sean las cartas de despido, las solicitudes del Seguro de Cesantía no son lineales, porque no todas las personas que se desvinculan recurren al beneficio del Seguro de Cesantía”, sostuvo.
La titular del Trabajo argumentó que este es un fenómeno que no se da en muchas situaciones, ya que las personas generalmente “encuentran trabajo en otro lugar o porque el mes de aviso o la indemnización me sirve para estar financiado durante los primeros meses, lo que no está ocurriendo hoy”.
“Estamos teniendo un aumento significativo en el Seguro de Cesantía y esto quiere decir que estos trabajadores desvinculados durante el mes anterior no han encontrado trabajo rápidamente y esa es otra noticia que nos viene a preocupar”, aseguró la ministra.
