MERCADOS
Crédito: Agencia UNO
La normativa ha sido destacada por el Gobierno como un instrumento clave para mantener a raya las cifras de desempleo, que ya están en dos dígitos, e incluso el Banco Central subrayó en su Informe de Política Monetaria que ha permitido que “un número importante de trabajadores haya mantenido el vínculo con su empleador, lo que propiciaría una reincorporación más rápida a sus empleos”. Sin embargo, un porcentaje alto de empresas que ha recurrido a la normativa ve complejo reintegrar a los empleados, y un 24% dice que buscará mecanismos para no terminar con su relación laboral, “aunque sin poder mantener sus remuneraciones”. Estas cifras confirman la necesidad de poner el acelerador en los perfeccionamientos a la ley, tal como se acordó en las negociaciones del Gobierno con las comisiones ampliadas de Hacienda del Congreso, y donde figuran ideas como entregar a las empresas incentivos para la contratación.
Un dato que viene a confirmar el crudo panorama que atraviesa el mercado laboral a raíz de la crisis del coronavirus arrojó un sondeo del Banco Central, que indica que casi la mitad de las empresas con trabajadores suspendidos, mediante la Ley de Protección del Empleo, asegura que los despedirá.
La normativa ha sido destacada por el Gobierno como un instrumento clave para mantener a raya las cifras de desempleo, que ya están en dos dígitos, e incluso el Banco Central subrayó en su Informe de Política Monetaria que la normativa ha permitido que “ un número importante de trabajadores haya mantenido el vínculo con su empleador, lo que propiciaría una reincorporación más rápida a sus empleos”.
Sin embargo, la encuesta del instituto emisor –aplicada a 230 empresas de todas las regiones y todos los sectores económicos que participan en el Informe de Percepción de Negocios– señala que el 47% de las consultadas asegura que deberá despedir a los trabajadores acogidos a la nueva normativa, aunque tienen la expectativa de reincorporarlos en el futuro.
En tanto, un 24% dice que buscarán mecanismos para no terminar con su relación laboral, aunque sin poder mantener sus remuneraciones; y un 15% asegura que buscará fuentes de financiamiento para mantener la remuneraciones de los trabajadores.
Otros son más tajantes, y un 6% señala que estarán obligados a terminar con la relación laboral sin expectativas de reincorporarlos en el futuro. De hecho, un porcentaje elevado de dichas empresas ya despidió personal desde marzo a la fecha, y “alrededor de un tercio cree que estas desvinculaciones tendrán un carácter permanente”, puntualiza el reporte.
Estas cifras confirman la necesidad de poner el acelerador en los perfeccionamientos a la Ley de Protección del Empleo, tal como se acordó en las negociaciones del Gobierno con las comisiones ampliadas de Hacienda del Congreso, y donde figuran ideas como entregar a las empresas un crédito tributario equivalente al 23% del costo de la remuneración para incentivar la contratación. En efecto, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, ha planteado que “este tema es lo más urgente, y luego vienen las medidas de creación de nuevos puestos de trabajo”.
Asimismo, un porcentaje elevado de los encuestados cree que la suspensión temporal del empleo y las reducciones parciales de jornadas se extenderán por varios meses más, incluso más allá del plazo estimado para la ley. Un 54% cree que los trabajadores se mantendrán dos a tres meses con suspensión laboral y el 34% cree que será por 4 o 5 meses. Es más, hay un 6% que cree que la suspensión se puede extender por “más tiempo si se pudiera”.
Para el instituto emisor, “los resultados de la encuesta confirman el complejo panorama para el mercado laboral y señalan elementos que podrían retrasar su recuperación”.
