El Senado acaba de aprobar el proyecto que modifica la Ley N°21.230 para extender y aumentar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). La iniciativa continúa esta tarde su tramitación en la Cámara de Diputados, que en caso de ratificar las modificaciones realizadas, quedará en condiciones de convertirse en ley.

Sin duda, es un logro en el combate contra los efectos económicos de la pandemia. Recordemos que el «IFE 2.0» es un aporte entregado por el Estado que complementará los ingresos de las familias que hayan tenido una reducción o eliminación de sus ingresos, a causa de la crisis.

El beneficio estatal –que contempla 100 mil pesos por persona– pretende llegar al 80% de los chilenos más vulnerables según los datos del Indicador Socioeconómico de Emergencia. Sin embargo, de acuerdo a una propuesta presentada por la Fundación Socialdemócrata, la mano que tenderá el Gobierno no llegará a lo prometido, ya que –según sus cálculos– alcanzará solo una parte del tramo más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

«El IFE tendrá una cobertura potencial de 2,1 millones de hogares. Bajo estas cifras queda claro que el Ingreso Familiar de Emergencia no llega al 80% de mayor vulnerabilidad que está en el RSH. Este llegará al 67% del tramo 40 (% de más vulnerabilidad) del RSH», puntualizan desde la organización sin fines de lucro.

«Esta situación genera altas expectativas de acceso a ingresos frescos a poblaciones que finalmente no podrán acceder a estos beneficios, ya que, por una parte, la demanda es mayor a la cobertura del IFE 2.0 y, también, porque muchos de ellos deben ingresar por primera vez al RSH, sistema que está con dificultades de accesos y verificación», añadieron. La fundación acusa que con esto queda en evidencia que la clase media que se ha empobrecido durante esta crisis requiere de manera urgente una inyección de recursos a sus familias y no tiene la cobertura requerida.

Retiro de Fondos AFP

Entre otras medidas, la Fundación Socialdemócrata propone inyectar «liquidez concreta» a las familias de clase media con el retiro de fondos de sus AFP. Eso sí, con el compromiso estatal de reintegros progresivos en un plazo no mayor a 10 años.

La propuesta no queda en simples palabras y para concretar el objetivo apuntan al retiro del 10% de los ahorros previsionales para aquella población que quedó desempleada en los últimos 4 meses a raíz de la crisis económica originada por la pandemia.

Para la Fundación Socialdemócrata el monto máximo de retiro no debería exceder $1.800.000, el equivalente a cuatro líneas de la pobreza para una familia de 4 integrantes. Además, proponen insertar una corrección de género, en el cual las mujeres con baja cotización podrán superar el 10% de retiro si este no alcanza al equivalente a cuatro líneas de la pobreza para una familia de 4 integrantes ($1.800.000).

Y para aquellos cotizantes menores de 45 años que acrediten cargas familiares y cuyo 10% de retiro no cubre lo antes expuesto, se generarían las excepcionalidades para que puedan dar dicha cobertura, según la propuesta.

En otro frente, para aquellos trabajadores informales que han dejado de cotizar por pérdida de sus fuentes de ingreso, se aplicarían las mismas medidas anteriormente expuestas.

Para el resto de los trabajadores que cotizan en las AFP, y que han sufrido mermas en sus ingresos de manera parcial, se propone un retiro de hasta un 5% de sus ahorros previsionales con un monto máximo de retiro del equivalente a dos líneas de la pobreza para una familia de 4 integrantes $900.000. En este caso se definiría un reembolso por parte del Estado de estos montos ocupados en el transcurso de los próximos 10 años, «siempre y cuando no se topen con su año de jubilación, para lo cual se adelantarán dichos reembolsos», advierten.

«Necesitamos una estrategia de doble entrada, una que apunte los sectores más pobres de la población en Chile y también otra para hacerse cargo de aquellos ‘nuevos’ empobrecidos por esta crisis (clase media) y que requieren liquidez», señalan desde la fundación presidida por Juan Eduardo Faúndez.

Frente a lo anterior también se propone una generación de mecanismos de diagnósticos más eficaces y rápidos, para lo que consideran necesaria utilizar la FIBE (Ficha Básica de Emergencia) que recoja las excepcionalidades del sistema para acceder a este y otros beneficios por parte del Estado.

Cabe mencionar que esta semana, en un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de protección impuesto por la profesora María Angélica Ojeda, por lo que ordenó a la AFP Cuprum a entregar la totalidad del fondo de capitalización individual que la mujer logró acumular durante su vida laboral. El fallo sacó ronchas y descolocó tanto al Gobierno como al mundo empresarial.