MERCADOS
Las medidas recomendadas por unanimidad apuntan a reforzar aspectos de transparencia y probidad, a través de medidas que permitan “no solo un adecuado seguimiento ex post, sino que también incentiven preventivamente un mejor gasto de los recursos públicos”. El documento plantea asimismo la necesidad de modernizaciones y reformas necesarias en materia fiscal para los próximos años, con el objetivo de robustecer el sistema presupuestario frente al mayor endeudamiento que se considera, junto con una reforma presupuestaria que permita poner el foco en los objetivos y resultados del gasto público.
Un conjunto de 18 recomendaciones de transparencia y seguimiento entregó la Comisión Asesora Ministerial de Gasto Público al Ministerio de Hacienda para el fondo de US$ 12.000 millones acordado en el marco del plan económico pactado entre el Gobierno, el oficialismo y la oposición para enfrentar la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.
En primera instancia, los integrantes del comité piden que se aclare si se tratará de un fondo extrapresupuestario o de un fondo presupuestario especial, al alero, por ejemplo, del Tesoro Público. Esto, porque “la creación de un fondo extrapresupuestario introduce riesgos de opacidad y probidad si no se regula de forma adecuada”, sostiene el documento de la entidad liderada por Jeannette Von Wolfersdorff.
De ahí que las medidas recomendadas por unanimidad apuntan a reforzar aspectos de transparencia y probidad, a través de medidas que permitan “no solo un adecuado seguimiento ex post, sino que también incentiven preventivamente un mejor gasto de los recursos públicos”.
“En caso de considerarse de forma extrapresupuestaria, y dado que se trata de una cantidad relevante de recursos, el fondo requeriría de altos estándares de preparación, seguimiento y transparencia, como los que se exigen, en general, para el gasto público”, sostiene el documento.
De acuerdo a la instancia, el fondo debe ser sometido a altos estándares en cuanto a su diseño, ejecución, elegibilidad (respecto a los destinatarios de los recursos), rendición y transparencia. Por ejemplo, “no debería poder eximirse de cumplir la ley de compras públicas Nº 19.886 y su reglamento, así como su registro y publicidad a través del portal Mercado Público, cuando una parte de los recursos del fondo requiera la adquisición de bienes o servicios de suministro para llevar adelante las prestaciones asociadas a la ciudadanía”, recalcan.
Asimismo, plantean que “es importante que la selección de las organizaciones de la sociedad civil que vayan a ser beneficiarias de recursos provenientes de este fondo extrapresupuestario, se realice de manera transparente, explicitando los criterios de elegibilidad de las instituciones, los objetivos de las transferencias y recurriendo a los instrumentos ya creados para estos propósitos como el fondo Compromiso de todas y todos (Ministerio de Desarrollo Social y Familia) y el fondo de fortalecimiento (Ministerio Secretaría General de Gobierno) y, cuando ello no sea posible, que se entreguen a través de mecanismos que contemplen un cuerpo colegiado o comité que realice la selección, para evitar la discrecionalidad en la asignación”.
Por otro lado, el documento plantea asimismo la necesidad de modernizaciones y reformas necesarias en materia fiscal para los próximos años, con el objetivo de robustecer el sistema presupuestario frente al mayor endeudamiento que se considera, junto con una reforma presupuestaria que permita poner el foco en los objetivos y resultados del gasto público.
Lo anterior, dado que -según estima la comisión- “la Ley de Presupuestos arrastra deficiencias históricas, como programas presupuestarios que carecen de objetivos, metas y medición de resultados, y que no cuentan con un marco metodológico y explícito para su formulación. Por su lado, los programas gubernamentales son la base del sistema de monitoreo y de evaluaciones, pero no están asociados a la Ley de Presupuestos y se vinculan de forma solo parcial a la contabilidad pública, siendo difícil evaluar de forma certera y sistémica su costo-efectividad y eficiencia”
La Comisión Asesora Ministerial de Gasto Público está integrada por Isabel Aninat, Harald Beyer, Bernardita Escobar, Matías Cociña, Daniel García, Natalia González María Paz Hermosilla, Jaime Pilowsky, Verónica Pinilla, Alberto Precht, Hans Rosenkranz, Ernesto Silva, Soledad Ovando y Macarena Lobos.
