MERCADOS|OPINIÓN
El derecho a retirar fondos de las AFP está abriendo un debate inicialmente judicial, con el caso recientemente fallado en Antofagasta, y ahora político, con la propuesta de un retiro puntual y a discreción del 10% de los fondos, como lo sostiene Mario Desbordes. Son de dos naturalezas muy diferentes. El primero es de carácter individual: ¿puede uno libremente, o con qué restricciones, retirar dinero de su fondo de pensiones? El segundo es más bien colectivo y se refiere al contexto actual de la crisis sanitaria.
Tal vez de forma inesperada, queremos tratar aquí este tema bajo la noción de solidaridad: todo sistema de pensiones, sea cual sea, se basa en la solidaridad y es a través de esta que se juzgan los méritos de cada una de estas dos propuestas. En un sistema de reparto, la solidaridad se muestra de inmediato: pago mis cotizaciones hoy porque espero que la próxima generación estará allí para pagar mi pensión. Hay un pacto social que une a las generaciones. En un esquema de capitalización, incluso individualizado hasta el extremo, como es el sistema chileno («¡El dinero que yo ahorro es mío!»), ¡y sí!, la solidaridad también existe, aunque sea intermediada por los mercados financieros.
Así, mientras yo tenga total libertad para retirar mis fondos cuando lo deseo, las AFP siempre tendrán que mantener un colchón de liquidez, y son los cotizantes los que se verán penalizados por el menor rendimiento. Solidaridad también en el caso del riesgo moral: estoy hoy día gastando mis ahorros de pensión, pero ¡me da lo mismo! En el caso extremo, contaré con la pensión básica solidaria pagada por todos. O más, nuestra personalidad nos lleva a pensar con miopía: es bueno que haya un Estado, es decir, la comunidad política, que me obligue, con un paternalismo idóneo, a ahorrar para mi jubilación, a ser una hormiga en vez de una cigarra.
Viene algo más importante: lo que ahorro hoy solo tendrá valor si la próxima generación sigue trabajando bien, es decir, a través de su trabajo, para valorar bien las empresas, para pagar buenos impuestos, etc., de modo que los valores financieros que componen mis ahorros valgan algo mañana. Y al inverso: si no ahorro, las empresas no pueden financiarse y producir para la generación siguiente. No hay escapatoria: los inactivos viven del trabajo de los que permanecen activos. Estamos todos en el mismo barco. Si hay bocas que quieren papas, tiene que haber brazos que planten las papas.
(Por esta suerte de igualdad contable, un sistema de reparto y uno de capitalización tienen solo diferencias de segundo orden. Por ejemplo, los riesgos son más bien demográficos para el reparto, más bien financieros para la capitalización. Por eso se recomienda en el área de las pensiones no poner todos los huevos en la misma canasta: ambos sistemas deben combinarse.)
Con esta solidaridad de hecho, el sacrosanto «derecho de propiedad» nunca existe en forma pura, a la Locke, en la vida cotidiana. Si soy “dueño” de una casa que arriendo o soy el accionista de una empresa cotizada, mis derechos son muy acotados: por ejemplo, no puedo entrar libremente en “mi” casa o en la fábrica; el arrendatario o el jefe de seguridad sabrá rápidamente cómo echarme. Bueno, igualmente, no soy plenamente «dueño» de mi fondo de pensiones. Es una grave desviación ideológica de muchos políticos chilenos el haber insistido siempre en esta visión estrecha de la propiedad, que se basa en la premisa que, si no fuera dentro de una AFP, corro el riesgo de ser robado. Esto equivale a despreciar al Estado y a la comunidad política en su capacidad de administrar los bienes públicos.
Es sobre esta base que podemos responder a la primera de las preguntas formuladas inicialmente. Dejar libertad individual para retirar fondos es una simple aberración. ¿Qué es una cotización obligatoria si puedo devolverla mañana? De haber excepciones, solo podrían ser extremadamente limitadas, como el caso de una enfermedad grave y costosa a una edad avanzada. Nunca pueden basarse en un criterio puramente económico, como si tuviera un dividendo hipotecario mayor a mi jubilación o a lo que me reportan «mis» ahorros en la AFP; tampoco si se trata de endeudarse por sus ahorros en el fondo. La caída tendencial de las tasas de interés, y luego del rendimiento financiero, va a hacer que esta demanda social sea cada vez más apremiante, y hay que resistirla.
La medida planteada por Mario Desbordes no es de la misma naturaleza porque es puntual y colectiva. Pero se puede considerar que es muy regresivo (solo los contribuyentes activos pueden beneficiarse de ella, y los ricos más que los pobres) y temporalmente incoherente (pan para hoy, hambre para mañana). Por eso, es difícil de aceptarla políticamente, tanto más cuando existen alternativas. Por ejemplo, el riesgo de cesantía podría estar mejor cubierto, incluso al beneficio de las clases medias objeto de atención de Desbordes: durante la crisis, el Estado podría, desde el primer mes, pagar el 50% o más del subsidio de desempleo.
En definitiva, cualquier violación individual de la regla de contribución obligatoria debe ser claramente rechazada. Y debemos ser muy cautelosos con la medida que Desbordes apoya mientras existan obvias medidas alternativas mucho mejores.
