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Con 6 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención (del UDI Joaquín Lavín León), la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados desestimó el veto ingresado por La Moneda y nuevamente un voto oficialista fue clave para propinarle una derrota a un proyecto de Gobierno. La votación abre una nueva incógnita para el Ejecutivo, junto al retiro del 10% de los fondos previsionales que esta semana debe zanjarse en particular en la Sala. De acuerdo a la diputada DC Joanna Pérez, “el veto suprime artículos perjudicando a las personas” y “aquí el Gobierno solo busca defender los intereses de las grandes empresas”. Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD) acusó que “el Presidente hace semanas que tiene este proyecto sobre su escritorio para que sea promulgado, pero ha optado por ser obstruccionista” ACTUALIZADA]
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados decidió rechazar el veto ingresado por el Presidente Sebastián Piñera al proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos en el contexto de la pandemia de Covid-19.
En primer término, por 7 votos a 6, la instancia parlamentaria declaró admisible el veto, con el voto decisivo del independiente Pedro Velásquez. Sin embargo, al pronunciarse sobre el contenido, con 6 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención (del UDI Joaquín Lavín León, hijo del alcalde de Las Condes y presidenciable del partido), la comisión lo desestimó. Nuevamente un voto oficialista fue clave para propinarle una derrota a un proyecto de Gobierno.
Ahora, el veto presidencial a la ley de servicios básicos pasa a la Sala, aunque cabe consignar que la decisión de la Comisión no es vinculante sino solamente una recomendación.
La votación abre una nueva incógnita para el Gobierno en una compleja semana para el Ejecutivo, luego de la aprobación del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, y que este miércoles debe zanjarse en particular en la Sala de la Cámara de Diputados.
En este proyecto en particular, la decisión del Ejecutivo de vetar el proyecto -comunicada la semana pasada- indignó a la oposición y sorprendió incluso a parlamentarios de Chile Vamos que esperaban la promulgación de la iniciativa, despachada hace más de un mes por el Congreso.
En este sentido, la impulsora del proyecto de ley «Anticortes», la diputada DC Joanna Pérez fue enfática en declarar que “digamos las cosas como son, aquí, el Gobierno solo busca defender los intereses de las grandes empresas“.
Además agregó: “Valoramos el rechazo del veto, pero creo que pudo haberse declarado inadmisible, porque definitivamente se aparta de la idea matriz porque se aprobarían mayores gastos para las personas, al traspasarle costos, y eso es precisamente lo contrario de lo que busca esta ley. Este proyecto se presentó el 18 de marzo y el Gobierno no ha logrado entender. No nos veamos la suerte en esta comisión, hoy este proyecto no solo es inadmisible, por eso lamentamos que no se haya declarado así, pero ha sido rechazado”.
“El veto suprime artículos perjudicando a las personas, traspasando costos y, además, elimina un artículo esencial que beneficiaba a las familias, un plan solidario de conectividad donde la Ministra Hutt trabajó con nosotros”, comentó.
Por último, la diputada Pérez manifestó que “no sé qué acuerdos está trabajando el Gobierno con las empresas, pero esta demanda debe quedar zanjada por ley, con transparencia, de cara a la ciudadanía».
Por su parte, el jefe de la bancada del PPD y miembro de la Comisión de Economía de la Cámara, Raúl Soto, destacó el rechazo al veto, señalando que “lamentamos que el Presidente Piñera insista en vetar por secretaría un proyecto tan ciudadano como éste, que fue ampliamente discutido y transversalmente apoyado en el Congreso”.
“Lo lamentamos mucho porque el Presidente hace semanas que tiene este proyecto sobre su escritorio para que sea promulgado, pero ha optado por ser obstruccionista», añadió.
Sin embargo, de acuerdo al Ejecutivo, el veto no introduce cambios en materia de cortes y suspensión de pagos, porque ello ya está contemplado en el acuerdo con las empresas. El problema señalan, es que “suspender el cobro de cuentas por vía legal es complejo porque se corre el riesgo de que las compañías reclamen que hay una carga pública establecida por ley y limitaciones al derecho de propiedad, lo que podría traer como consecuencia acciones legales que busquen la indemnización por parte del Estado”, argumenta la Segpres.
En lo fundamental, el proyecto elimina las consideraciones sobre el sector telecomunicaciones que estaban en la norma despachada por el Congreso, argumentando que la industria ya está entregando el plan de conectividad gratuita a los sectores más vulnerables como contempla la ley.
Asimismo, el veto precisa en materia de agua potable que quienes se acojan a la norma sólo podrán postergar el pago de consumo de agua potable hasta 15 metros cúbicos. Aunque, los hogares que acrediten tener más de cuatro integrantes podrán postergar el pago de hasta cuatro metros cúbicos adicionales por persona.
Además, sugiere eliminar el artículo del proyecto que establece que se prohíbe a las empresas recuperar los costos que haya causado la implementación de la iniciativa por medio del traspaso a precio o en procesos tarifarios, y añade que “los costos no serán incorporados por las empresas ni menos por los respectivos reguladores en los futuros procesos tarifarios”.
