MERCADOS
Crédito: Aton
El análisis de septiembre de la consultora advierte que tanto las ayudas del Estado como el “uso de ahorros personales de los fondos de las AFP”, en alusión al impacto en el consumo del retiro del 10%, “tienen un alcance muy limitado en el tiempo”. Por eso, pone el foco en la necesidad de que “las políticas públicas de inversión en obras de infraestructura y construcción en general, como por subsidios a la contratación, estén prontamente en operación”. El análisis plantea además que la preocupación debe estar puesta en lo que ocurrirá en el mediano plazo. Pero advierte que “la velocidad de recuperación” es “muy incierta, dado un escenario político-institucional ‘muy revuelto’ para los próximos dos años”, en un contexto marcado por “falta de liderazgo y conducción, tanto en la centroderecha como en la oposición”.
Incertidumbre es la palabra que marca el informe de septiembre de la consultora Gemines, tanto en el plano económico como político.
El análisis de Tomás Izquierdo Silva si bien señala que el efecto en el consumo del retiro de fondos del 10% de las AFP representa un alivio y contribuirá a mejorar el nivel de actividad en la última parte del año, el Gobierno debe apurarse en concretar sus promesas en materia de recuperación del empleo.
“Es importante tener en cuenta que tanto el alivio recibido por transferencias del Estado como el uso de ahorros personales de los fondos de las AFP, tienen un alcance muy limitado en el tiempo, y que las transferencias del Estado no pueden mantenerse indefinidamente, simplemente porque los recursos para ello no existen”, añade.
Por eso, recomienda que “las políticas públicas de inversión en obras de infraestructura y construcción en general, como por subsidios a la contratación, estén prontamente en operación, de manera de contener la prolongación de altas tasas de desocupación que afectan en forma muy aguda el ingreso de las familias”.
En término de cifras, recuerda que “se han perdido 1.837.000 puestos de trabajo (20,6%), lo que a su vez ha estado acompañado de una caída también muy aguda en la fuerza de trabajo, que en el mismo lapso disminuyó en 1.500.000 personas (15,6%)”.
Si bien las cifras oficiales hablan de un desempleo en torno al 13%, los números reales son más lapidarios porque -remarca el informe- “si no hubiese disminuido la fuerza de trabajo y la mantuviéramos en igual nivel de julio de 2019, la tasa de desempleo alcanzaría a 26,6 %, es decir, más del doble de la que registra oficialmente el INE”.
Más allá de lo inmediato, Fernández plantea que el foco de preocupación debe estar puesto en el mediano plazo y estar más centrado en “la velocidad de recuperación en los próximos dos años”. En términos de proyecciones, añade que “por ahora seguimos pensando que solo el año 2022 se recuperaría el nivel de actividad máximo, alcanzado el tercer trimestre del año pasado, lo que significa en la práctica perder casi tres años de crecimiento”.
Sin embargo, advierte que “la velocidad de recuperación de la inversión y su efecto sobre el mercado laboral serán críticos para adelantar o retrasar la recuperación, cuestión por ahora muy incierta dado un escenario político-institucional ‘muy revuelto’ para los próximos dos años”.
A su juicio, los “altos niveles de incertidumbre en materia político institucional afectarán las decisiones de inversión” que vienen, aludiendo al proceso constituyente que atraviesa el país y que tendrá como primera escala el plebiscito del 25 de octubre.
En lo político, el analista vislumbra un escenario de alta incertidumbre, reflejada en una “falta de liderazgo y conducción, tanto en la centroderecha como en la oposición”. En este contexto, asegura que “solo la extrema izquierda, los grupos anárquicos y una masa de jóvenes nihilistas, pueden vislumbrar un ‘futuro promisorio'», pero la gran mayoría “mira perpleja hacia un futuro incierto y muchas veces amenazante”.
“Mientras no tengamos redactada una nueva Constitución, razonable y que dé plenas garantías a los inversionistas, es difícil imaginar que nuestra economía tenga un nuevo impulso que permita dinamizar su crecimiento económico. Por ahora se administrará la salida de la crisis, pero los lineamientos más importantes que permitan proyectar el marco regulatorio de largo plazo, quedarán en compás de espera de la mano del proceso constitucional”, añade.
El análisis de Tomás Izquierdo Silva señala que “la mayor precariedad de nuestra economía, particularmente en el ámbito político institucional post 18 de octubre, se ha mantenido ‘camuflada’ por la crisis global asociada a la pandemia, crisis que Chile ha enfrentado adecuadamente tanto en materia sanitaria como en capacidad de respuesta de sus políticas económicas”.
Al hacer una comparación con la región, añade que “despejada la urgencia sanitaria, digamos hacia comienzos del próximo año, saldrá a la luz el hecho de que Chile, alumno destacado entre las economías emergentes latinoamericanas durante las últimas décadas, perdió gran parte de sus virtudes”.
De este modo, precisa, “de las tres fortalezas que distinguían a la economía chilena del resto de las emergentes latinoamericanas, a saber, estabilidad político-institucional, solidez macro-económica y alto dinamismo en el crecimiento, nos está quedando solo una, y con menos robustez que antes, la solidez macroeconómica».
