Un reportaje de Reuters develó una estafa con la exportación a Canadá de frambuesas rotuladas como productos orgánicos de primera calidad cultivados en Chile, pero que en realidad eran bayas congeladas de bajo costo de origen chino. Hay un solo condenado por estos hechos, pero el caso abre varias aristas. De acuerdo a la investigación, Chile no notificó a Canadá que algo andaba mal. Además, desde Frutícola Olmué -la empresa propiedad de Juan Sutil, que hizo la denuncia que destapó el caso- acusaron que en su momento las autoridades de la Direcon “no tomaron cartas en el asunto”. Además, Reuters acota que “ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni Aduanas accedieron a comentar respecto a si Chile ha tomado nuevas medidas para disuadir las trampas y garantizar la integridad de sus exportaciones de productos agrícolas”.
“Cómo una estafa chilena con frambuesas esquivó controles desde China a Canadá”, se titula un reportaje de Reuters que desató todo un escándalo al denunciar un esquema de exportación a Canadá de estos frutos rotulados como productos orgánicos de primera calidad cultivados en nuestro país, pero que en realidad eran bayas congeladas de bajo costo de origen chino.
El caso salpicó a Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile (CPC), quien en 2015 compró Frutícola Olmué, la empresa que hizo la denuncia de este caso tras detectar las irregularidades de sus socios en el negocio, Frutti di Bosco.
Según una carta fechada el 24 de octubre de 2016 vista por Reuters, una auditoría interna de esta firma levantó señales de alerta sobre el trabajo que la planta había realizado para Frutti di Bosco, la empresa que está en el centro de este fraude comercial de alimentos que se extendió por tres continentes, porque también realizó envíos a Estados Unidos, Kuwait, Holanda y los Emiratos Árabes Unidos.
El documento firmado por el gerente general de Frutícola Olmué, Juan Miguel Ovalle, revela que descubrió que la planta había reempacado la fruta importada en bolsas de plástico etiquetadas como orgánicos chilenos, una práctica que comenzó bajo los dueños anteriores de la empresa en 2014 y todavía estaba sucediendo cuando la nueva administración la descubrió, según documentos de la investigación de Aduanas.
«Era tan burdo. Era todo materia prima importada”, dijo a Reuters a Ovalle, quien ya no trabaja para Frutícola Olmué, empresa que cortó lazos con Frutti di Bosco el 24 de octubre de 2016, el mismo día en que alertó a Aduanas.
El negocio estaba en que la fruta convencional representada como «orgánica» podría alcanzar precios superiores en el mercado canadiense, aprovechando la reputación de Chile en cuanto a seguridad y calidad, además de no pagar los aranceles que este producto debió haber cancelado en Canadá.
El caso terminó con el propietario de Frutti di Bosco, César Ramírez, condenado el año pasado por falsificar documentos de exportación para facilitar el plan. Tanto él como su abogado se negaron a hablar con Reuters.
Sin embargo, el caso abre otras aristas. De acuerdo a la investigación de Reuters, Chile no notificó a Canadá que algo andaba mal, según funcionarios canadienses.
Además, Reuters acota que “ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni la aduana chilena accedieron a comentar respecto a si el país ha tomado nuevas medidas, además de las que ya existen, para disuadir las trampas y garantizar la integridad de sus exportaciones de productos agrícolas”.
El Servicio Nacional de Aduanas emitió una declaración esta tarde señalando que “una vez recibida la denuncia presentada el año 2016, activó los procedimientos de fiscalización respectivos, de lo que resultó la dictación de una sentencia condenatoria en materia penal en contra de un ciudadano chileno, por parte de un tribunal de justicia de Chile, la que nos cabe acatar (…). La investigación se desarrolló en el ámbito de nuestras competencias y con la profundidad que el caso ameritaba, lo que concluyó con los resultados antes descritos”.
En entrevista con Emol, Juan Sutil explicó que tras adquirir Frutícola Olmué se llevó a cabo una investigación interna. “Al no cuadrarnos el origen (de la fruta), hicimos la denuncia inmediatamente, con las autoridades gremiales correspondientes, a las autoridades de Aduanas en los canales que corresponde», dijo.
En este tipo de casos, comentó que «es muy importante que las empresas no tiren la pelota al córner y cuando ocurren este tipo de cosas, se denuncien de inmediato (…) Esa es la manera de actuar con ética, responsabilidad y transparencia. Condeno a Frutti di Bosco y, a juzgar por el artículo (de Reuters), a todos los que están involucrados. Los condeno y por algo los denunciamos”.
Sutil negó de todos modos que el caso ponga en riesgo la imagen de la industria alimentaria de Chile y dijo que esta estafa se trata de un «caso aislado”. “Esto ratifica la seriedad con la que Chile actúa, porque hay otros países que se hacen los distraídos. Aquí lo que está haciendo Chile es que está denunciando correctamente estas prácticas, y cuando se denuncia se puede regular y actuar mejor».
Desde Frutícola Olmué emitieron una declaración señalando que en su momento denunció las irregularidades al Servicio Nacional de Aduanas, la Dirección de Relaciones Económicas de la Cancillería (Direcon), Chilealimentos AG y la Asociación de Exportadores de Fruta (Asoex).
En este contexto, declararon que “es altamente frustrante para Frutícola Olmué que en la práctica este gravísimo delito que motivó nuestra denuncia haya quedado impune y que la justicia haya condenado a un solo responsable, con una multa absolutamente absurda que no dice relación con la gravedad ni magnitud del ilícito cometido, y menos con los beneficios que los defraudadores obtuvieron de él”.
Asimismo, indicaron que “resulta igualmente frustrante que las autoridades de Direcon (Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería), responsables de las relaciones económicas internacionales, al parecer no tomaron cartas en el asunto y a nuestro entender ni siquiera informaron a su contraparte canadiense”.
En tanto, el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas, Ronald Bown, también indicó que “al tomar conocimiento de la situación de re-embalaje de frambuesas importadas congeladas (…) procedimos a denunciar en forma inmediata el hecho a las autoridades competentes, como es el caso del Servicio Nacional de Aduanas y la ex-Direcon, considerando que esta situación estaba afectando la imagen de Chile como país exportador serio«.
“Al existir un sistema de auto-certificación, como es el caso de Canadá, son las autoridades chilenas las que deben resguardar que se cumpla con los compromisos internacionales, para efectos de evitar perjudicar la imagen de la inmensa mayoría de los exportadores, así como del país (…). Lamentamos esta situación que, si bien, obedece a un hecho puntual, requiere que se adopten medidas más exhaustivas al respecto”, agregó.
En la Cámara, en tanto, los diputados PS Emilia Nuyado, Jenny Álvarez y Jaime Tohá anunciaron que pedirán una sesión especial por el caso.
“Las autoridades del Ministerio de Agricultura y Aduanas deben explicar qué pasó y por qué se guardó tanto silencio respecto a estas exportaciones (…). Este tipo de prácticas son muy peligrosas para nuestra economía tomando en cuenta que nuestros productos cuentan con un cierto prestigio internacional. La imagen país puede venirse abajo, si se detecta que los productos que son exportados no son nacionales y vienen de mercados con barreras sanitarias menos exigentes», dijeron los parlamentarios, que tampoco descartaron, incluso, solicitar una Comisión Investigadora para analizar más en profundidad este tema, porque las autoridades nacionales guardaron silencio respecto a este hallazgo, reiteraron.
Según Reuters, el esquema revela la facilidad con la que los productos potencialmente peligrosos y mal etiquetados pueden pasar por alto las agencias de salud y aduanas globales, incluso cuando las autoridades de todo el mundo se esfuerzan por garantizar que los alimentos que ingresan a sus países estén libres de un nuevo flagelo, el COVID-19.