MERCADOS
Crédito: Aton
El documento realizado con el apoyo del Instituto Igualdad –»Presupuesto 2021: ayuda para las empresas y costo para los/as trabajadores/as»– revela que «los trabajadores han concurrido mayoritariamente con sus propios fondos a enfrentar la crisis, con cerca de US$17.500 millones, que se desglosan en más de US$16.000 millones por el retiro del 10% de las AFP y US$1.500 millones de sus cuentas del Seguro de Cesantía, a través de la Ley de Protección del Empleo». En tanto, el fisco solo ha destinado US$5.000 millones para ayudas sociales directas, considerando el Bono Covid, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Bono Clase Media, entre otros. De acuerdo al estudio, “el gasto fiscal en la pandemia fue insuficiente y tardío”, mientras la diputada Daniella Cicardini dijo que “da rabia ver cómo el Gobierno anuncia que recurrirá al Tribunal Constitucional ante el avance del proyecto de segundo retiro de fondos de las AFP, cuando el Ejecutivo no está entregando ninguna alternativa”.
La crisis la pagan las trabajadoras y los trabajadores y el Gobierno no protegió a las personas. Esas son dos de las conclusiones del sexto informe de seguimiento sobre los proyectos de Gobierno para proteger a las familias frente a la crisis generada por el COVID-19, elaborado por el Partido Socialista (PS) con el apoyo del Instituto Igualdad.
El documento, titulado «Presupuesto 2021: ayuda para las empresas y costo para los/as trabajadores/as», revela que el aporte directo desde los ahorros de los propios trabajadores supera en casi cinco veces al apoyo estatal.
De acuerdo al estudio, el fisco solo ha destinado US$5.000 millones para ayudas sociales directas, considerando el Bono Covid, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Bono Clase Media, entre otros.
En cambio, «los trabajadores han concurrido mayoritariamente con sus propios fondos a enfrentar la crisis, con cerca de US$17.500 millones, que se desglosan en más de US$16.000 millones por el retiro del 10% de las AFP y US$1.500 millones de sus cuentas del Seguro de Cesantía, a través de la Ley de Protección del Empleo».
También señala que «los casi 800.000 trabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo vieron reducidos sus ingresos con el correr de los meses, además de agotar los fondos de sus cuentas individuales del seguro de cesantía –previsto originalmente para otro tipo de contingencia– sin recibir ninguna ayuda adicional que permitiera complementar sus ingresos».
La investigación sugiere que «esta situación escapa al espíritu del Marco de Entendimiento de junio de 2020, cuando se acordó un cuadro presupuestario para llegar con ayuda efectiva a las personas a través de un plan de emergencia que se fue diluyendo con el tiempo».
«En Chile, hay aproximadamente 15,7 millones de personas en edad de trabajar y actualmente los ocupados ascienden a menos de la mitad, un 46% o 7,2 millones de personas. Hace exactamente un año, ese mismo porcentaje ascendía a 58%, o sea, casi 2 millones de personas menos que ya no participan del mercado laboral. Si a esto se suman los ocupados ausentes, con apoyos de suspensión del empleo y otros instrumentos, que en el período de un año se han incrementado en 680 mil personas, estamos llegando a 2,7 millones de personas con fuertes necesidades de empleo», dice el documento.
En ese sentido, indica que «particularmente compleja es la situación de las mujeres frente al mercado laboral, ya que la pandemia ha recargado fuertemente las labores del cuidado de los hijos con las demandas de la educación remota, el teletrabajo y las tareas del hogar. Esto ha significado su salida del mercado laboral formal y un retroceso en su tasa de participación en más de 10 puntos en un año».
Por último, el informe sostiene que «el gasto fiscal en la pandemia fue insuficiente y tardío, lo que terminó creando un cuadro donde los propios trabajadores debieron hacerse cargo con sus ahorros destinados originalmente a seguridad social, y para el 2021, el Gobierno subvalora la persistencia de altas tasas de desempleo».
En ese contexto, la diputada socialista, Daniella Cicardini, fue tajante en calificar de “indignante” la ayuda del Gobierno para paliar la crisis económica producto de la pandemia del COVID-19.
«Da rabia ver cómo el Gobierno anuncia que recurrirá al Tribunal Constitucional ante el avance del proyecto de segundo retiro de fondos de las AFP, cuando el Ejecutivo no está entregando ninguna alternativa. A 8 meses del inicio de la pandemia, este Gobierno no solo ha sido incapaz de ofrecer una alternativa sino que además pretende cortarle los caminos a la gente a sus propios recursos, anunciando que si se aprueba irá al TC para impedir el segundo retiro del 10% de las AFP”, indicó respecto al proyecto que se debatirá en particular este miércoles en la Comisión de Constitución.
La parlamentaria añadió que “me parece indignante además que el Gobierno dijo que tampoco harán una nueva entrega del Ingreso Familiar de Emergencia. Yo le diría al Gobierno que, si no va a ayudar, que por lo menos no estorbe, y que con su actitud demuestra que sigue sin entender nada de los problemas de la gente”.
El informe sostiene además que el proyecto de Presupuesto 2021 «no cumple con las necesidades actuales de nuestro país».
A juicio de la entidad, “se seguirá cargando el costo de la crisis a los trabajadores y las trabajadoras. El retiro del 10% de los ahorros previsionales y ocupar los fondos de cesantía han sido una clara muestra de que la crisis la terminaron pagando los trabajadores y trabajadoras», concluyen.
El informe recalca que “en materia social, el Presupuesto 2021 es decepcionante. Con excepción de la Subsecretaría de Servicios Sociales que incrementa su presupuesto en un 166,1% pero debido a que prácticamente la totalidad de este incremento se debe a los recursos destinados al pago del Subsidio Ingreso Mínimo Garantizado que implica 126 mil millones para 2021, importantes programas ven recortados sus recursos”.
