MERCADOS
Crédito: ATON
La solicitud que hizo el Ministerio de Hacienda a la Superintendencia de Pensiones, pidiendo la nómina de afiliados que retiraron el 10% de sus fondos de pensiones, desató todas las críticas, por lo que el mismo Gobierno –a través del vocero Jaime Bellolio– y el titular de la cartera, Ignacio Briones, salieron a poner paños fríos, asegurando que es una práctica habitual para cruzar datos, y que “no se busca individualizar a alguien (…). Lo que nos interesa es generar estadísticas”. Sin embargo, expertos advirtieron que la solicitud es improcedente, «porque además quienes tienen los datos deben ser las AFP y no la superintendencia. El titular de los fondos tendría que aceptar que las AFP entreguen esos datos personales». Desde la oposición, en tanto, recurrieron al CPLT y la Contraloría, y en el oficialismo incluso el presidente de RN, Rafael Prohens, dijo que «no le parece» la solicitud de la cartera.
La petición que realizó el Ministerio de Hacienda, liderado por Ignacio Briones, quien solicitó a la Superintendencia de Pensiones de la nómina de afiliados que retiraron el 10% de sus fondos de pensiones, desató todas las críticas.
Si bien la cartera de Briones aclaró que esta información se pidió «con fines netamente estadísticos, para evaluar el potencial impacto de la medida del retiro de fondos de pensiones sobre el sistema financiero del país y su impacto fiscal y tributario asociado”, las aguas no se calmaron, de hecho la gente increpó en la calle al ministro, lo que obligó al Gobierno a tomar partido en la situación, respaldando al titular de Hacienda.
“El Ministerio de Hacienda ha hecho uso de la Ley 20.403, en su artículo 30, donde permite que la Dirección de Presupuesto, la Subsecretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Servicios Sociales, la Subsecretaría de Evaluación Social y la de Previsión Social puedan requerir datos que están en el sistema previsional”, dijo el vocero Jaime Bellolio.
“Pero también dice que los organismos públicos, en este caso el Ministerio de Hacienda y su personal, deberán guardar absoluta reserva y secreto de la información. Y, por tanto, si eso se incumple, no solo es una gravísima falta administrativa, sino que también puede ser perseguida penalmente”, advirtió.
“Esto es algo que se hace de manera habitual por parte de la Dipres (Dirección de Presupuesto) y de las distintas subsecretarías para hacer buena política pública, por ejemplo, para calcular cuántas personas van a poder acceder al IFE y cuánto costaría aquello, cuántas podrían acceder al bono de clase media, cuántas personas si es que se aprueba este nuevo retiro van a quedar con cero fondo y uno tiene que calcular cuánto significaría eso en el futuro para una pensión básica solidaria”, explicó.
“Es una habitualidad que ocupan absolutamente todos los gobiernos, pero tienen el deber y la obligación de la reserva y de mantener en la más estricta confidencialidad dichos datos y, si eso se vulnerara, por supuesto que no solo sería una grave falta administrativa, sino que también podría ser perseguido penalmente”, reiteró.
El mismo Briones también explicó esta jornada que los datos solicitados “son fundamentales para hacer cruces con fines estadísticos, las políticas públicas se construyen en buena parte a base de datos, requerimos mejores datos para poder llegar a las personas que lo necesitan, se requiere de datos para mejores diagnósticos y a partir de ahí para mejores políticas”.
Por lo mismo, aseguró que esta petición “no tiene como objeto identificar a nadie en particular, sino que hacer lo que se hace recurrentemente en el Estado, que es permitir cruces estadísticos en los sistemas informáticos del Estado, en el contexto además de las facultades exclusivas que tiene este ministerio”.
Según remarcó, “ninguna autoridad del ministerio, incluyéndome, tiene acceso a estos datos individualizados. Quiero ser muy claro y enfático, aquí no se busca individualizar a alguien o conocer si una persona en particular ha hecho uso de su derecho al retiro”.
“Lo que nos interesa es generar estadísticas que permitan una visión de conjunto, en este caso en particular se solicitaron microdatos como siempre lo hemos hecho en virtud de nuestras atribuciones legales, porque solo con esta información de microdatos podemos obtener importantes cruces de informaciones”, insistió.
«Todo el manejo de esta información sensible se hace bajo estrictos protocolos de seguridad, resguardando en todo momento la privacidad de las personas. En concreto, el envío de datos entre instituciones se hace a través de una casilla segura. A su vez, el almacenamiento de estos datos se hace en un servidor institucional con estrictas medidas de seguridad”, afirmó, los que –según su relato– se eliminan tras 15 días.
«Esto ha generado inquietud, dudas muy comprensibles, empatizo con ellas, se pudo haber explicado mejor, de forma tal de no generar esta justificada inquietud y duda, pero quiero reiterar que las personas pueden estar tranquilas de que sus datos personales no han sido ni serán utilizados para un fin distinto que el meramente estadístico”, finalizó.
El Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad que vela por la protección de datos personales, ofició al Ministerio de Hacienda, solicitando antecedentes que permitan aclarar si hubo o no vulneración a la normativa vigente: «Estamos pidiendo que se nos explique las razones por las cuales se está solicitando información personal para fines estadísticos, como ha señalado la secretaría de Estado. De todas formas, nos pronunciaremos sobre el fondo cuando tengamos una explicación del ministerio», dijo la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente al diario La Segunda.
Esto, porque en junio pasado, expertos criticaron al Gobierno por la falta de entrega de datos detallados aunque anónimos sobre los afectados por el COVID-19, sin embargo, el Gobierno se negó. Este oficio de Hacienda es muy similar a lo del coronavirus. En eso coinciden los expertos, quienes agregan que lo que hizo Hacienda no se puede hacer.
En tanto, el profesor de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, Rodrigo Momberg, dijo que este tipo de requerimiento tiene que cumplir con la Ley 19.628 de vida privada y datos personales, así que «en principio esa solicitud no corresponde, porque además quienes tienen los datos deben ser las AFP y no la superintendencia. El titular de los fondos tendría que aceptar que las AFP entreguen esos datos personales».
Desde la oposición, también han tomado cartas en el asunto. El diputado Gabriel Silber (DC) recurrió al CPLT y la bancada de diputados PPD hizo una presentación a la Contraloría.
En tanto, si bien algunos parlamentarios oficialistas respaldaron la solicitud de Briones, otros no, como el senador y presidente de RN, Rafael Prohens, quien dijo a Radio Cooperativa que «no le parece» la solicitud.
«El primer 10% fue para todos: hay algunos que lo han retirado, otros no, pero el Ministerio, para mi gusto, no puede meterse en la vida privada de la gente», dijo el timonel.
