MERCADOS
Crédito: Aton
En un documento titulado “Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible: Balance 2020 y los desafíos del año 2021”, los economistas Roberto Zahler, Osvaldo Rosales y Álvaro Díaz son tajantes en que “la crisis sanitaria no ha sido bien manejada por el Gobierno de Sebastián Piñera” y –para peor- “tardó en reaccionar y cuando rectificó, lo hizo regateando recursos”. En un dardo directo a las proyecciones de Hacienda recuerdan que “ya son demasiadas las ocasiones en que la autoridad ha decretado el inicio de la recuperación económica” pero advierten que “no hay que ilusionarse con el espejismo de una economía reactivada en 2021”. En este escenario, proponen para el año que se inicia la implementación de un Fondo para la Reactivación y el Empleo Decente, concentrado en las pymes y en las regiones, bajo la tesis de que “lo que impulsará la reactivación es el apoyo al ingreso de las familias, en primer lugar, y la inversión pública en segundo”.
“El costo social de esta crisis aún no es bien percibido por el Gobierno” es el lapidario diagnóstico expresado por Roberto Zahler (ex presidente del Banco Central), Osvaldo Rosales (exdirector General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores ), y Alvaro Díaz (exsubsecretario de Economía) en un documento titulado “Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible: Balance 2020 y los desafíos del año 2021”, en el que proponen la implementación de un Fondo para la Reactivación y el Empleo Decente para enfrentar la crisis provocada por la pandemia este próximo año.
En el texto, los economistas y académicos parten de la base de que la crisis sanitaria no ha sido bien manejada por el Gobierno de Sebastián Piñera, lo que se ha visto agravado por el hecho de que “la política comunicacional ha sido errática y contradictoria”.
Entre las falencias, mencionan que “los especialistas indicaron desde el inicio la necesidad de una estrategia TTA (testeo, trazabilidad y aislamiento)” y en este contexto plantean que “hay que evitar expectativas desmedidas con la llegada de la vacuna”.
“Con suerte, el grueso de la población objetivo estará vacunada en el segundo semestre de 2021. El mensaje del Gobierno debe ser claro: no hay que bajar la guardia y para que la gente lo crea, el Gobierno no debe adoptar medidas contradictorias”, señalan.
Al analizar la respuesta económica de la administración Piñera, los académicos son tajantes en que se implementó “una política económica fracasada”, que se tradujo en que “el Gobierno tardó en reaccionar y cuando rectificó, lo hizo regateando recursos”.
“Para que las cuarentenas fuesen efectivas, el Gobierno debería haber asegurado el ingreso familiar. Sin embargo, lo hizo con tardanza, a cuentagotas, con recursos muy menores y con protocolos llenos de letra chica que buscaban la hiper focalización, criterio que hoy critican hasta abanderados presidenciales de la derecha como (Joaquín) Lavín y (Mario) Desbordes”, detallan.
En este contexto, los autores advierten que “el apoyo a las pymes ha sido muy insuficiente”, apuntando a la debilidad de instrumentos implementados por Hacienda como el Fogape, y finamente “el costo de la crisis lo han pagado básicamente los trabajadores”.
En términos macro, sostienen que “la debilidad de la política fiscal favoreció una contracción económica superior a la media de la economía mundial”. “Mientras la economía mundial se contraería 4% este año, la chilena lo hará en 6% y de no mediar los dos retiros de fondos previsionales, la caída habría sido cercana al 9%, uno de los peores desempeños en América Latina”, señalan.
En un dardo directo a las proyecciones del Gobierno recuerdan que “ya son demasiadas las ocasiones en que la autoridad ha decretado el inicio de la recuperación económica. Lo concreto es que el IMACEC de octubre es aún inferior en 11% al de diciembre 2019 y octubre es el octavo mes consecutivo de caídas en la actividad económica”.
Y en otra alusión que golpea de lleno a las autoridades de Hacienda, advierten que “la política fiscal no está colaborando a salir de la crisis. El ministro Briones hace malabares estadísticos que confunden a la opinión pública” y señalan que en el corto plazo “es posible aumentar el gasto público, vía endeudamiento y uso de fondos soberanos”.
A la hora de evaluar las perspectivas económicas para 2021, el documento pone el foco en que “el nivel de actividad de septiembre 2019 se retomará recién en el primer semestre de 2022” pero advierte que “la situación de la economía y el empleo post pandemia 2021-2022 dependerá críticamente de cómo salgamos de la pandemia”.
En este contexto, piden poner los pies en la tierra. “No hay que ilusionarse con el espejismo de una economía reactivada en 2021; salvo que ese crecimiento supere el 6%, ello no será propiamente crecimiento sino más bien rebote después de la caída, recuperación de capacidad productiva que se había perdido”, señalan.
Uno de los temas más sensibles es el empleo. “El drama del desempleo es una tragedia nacional. El desempleo efectivo afecta a casi 2,5 millones de personas, casi ¼ de la fuerza de trabajo”, advierten, y de cara a lo que viene señalan que “no basta recuperar los empleos perdidos; hay que preocuparse de su calidad”.
Por eso concluyen que “el costo social de esta crisis aún no es bien percibido por el Gobierno. A fines de 2019, la mitad de los trabajadores ganaba al mes $ 400 mil o menos (450 mil los hombres y 352 mil, las mujeres) y la mitad de las familias percibía un ingreso de $ 849 mil pesos o menos. Cualquier cálculo elemental de gasto en arriendo, transporte, alimentación, salud y educación conduce a una elevada deuda familiar para poder subsistir. De acuerdo al INE, la caída de ingresos durante este año afecta a 1/3 de la población ocupada y a casi la mitad de los ocupados informales. La situación social se ha agravado. El impacto social de la pandemia afecta a no menos de 4 millones de personas: 2 millones por el shock ocupacional y una cantidad parecida por caídas de ingresos”.
En este escenario, proponen la implementación de un Fondo para la Reactivación y el Empleo Decente, concentrado en las pymes y en las regiones, bajo la tesis de que “lo que impulsará la reactivación es el apoyo al ingreso de las familias, en primer lugar, y la inversión pública en segundo. Por ello, es fundamental mantener políticas monetarias y fiscales expansivas durante 2021”.
La propuesta contiene 6 medidas, que contempla entre otros “sostener los ingresos familiares mientras dure la emergencia sanitaria, jugándose porque nadie quede al margen de financiar su canasta básica, a través de un IFE más ágil y expedito que atienda regiones afectadas y no discrimine por comunas. Al mismo tiempo, se requiere utilizar el fondo solidario de cesantía, ampliando sus recursos”.
Asimismo, plantean “apoyar con más recursos humanos, tecnológicos y financieros a los centros de salud primaria en la prevención y contención de la pandemia; asegurando la logística y oportuna distribución de las vacunas”.
Además, proponen un “apoyo efectivo a las pymes con un Fogape fortalecido, con créditos de largo plazo, con bajo interés y renegociación de deudas. Esto debe ser acompañado por subsidios a micro y pequeñas empresas” e “impulsar inversiones públicas intensivas en empleo”.
Asimismo, consideran que “es fundamental asegurar el Empleo decente” y “fortalecer gobiernos regionales y locales”, con descentralización en las políticas para combatir pobreza y vulnerabilidad y traspaso efectivo de recursos y atribuciones a los gobernadores regionales.
