MERCADOS
Crédito: ATON
Los abogados de Latam Airlines Group salieron a argumentar en contra de la petición presentada por BancoEstado y un grupo de firmas chilenas que solicitan ponerle pausa al proceso de reorganización de la aerolínea, y afirmaron que los balances de sus subsidiarias se dieron a conocer correctamente y dentro de los plazos del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense.
Un grupo de acreedores solicitó al juez que lleva el proceso de reorganización por Capítulo 11 de Latam en Estados Unidos, permiso para litigar por US$1.300 millones que la aerolínea tiene en sociedades establecidas en el paraíso fiscal de Islas Caimán y que, según acusan, no habrían sido informadas debidamente, lo que dejaría el millonario monto fuera del alcance de estas empresas chilenas.
De ser aceptado el litigio por el juez, el proceso de reorganización de Latam quedaría en pausa por al menos dos meses para solucionar el asunto, retrasando de paso la salida de la aerolínea del Capítulo 11.
“Son US$1.300 millones que Latam movió de su matriz a Latam Finance, una sociedad en Islas Caimán, sin revelarlo adecuadamente al mercado, y que nosotros queremos hacer retornar a la matriz. Si tenemos éxito, un montón de bonistas chilenos y todos los acreedores de esta matriz, incluidos pilotos y trabajadores, tendrán US$1.300 millones más para disponer cómo recupero de sus acreencias”, explicó a La Segunda Andrés Mena, abogado y socio del estudio norteamericano Paul Hastings LLP, que representa a los bonistas locales.
De acuerdo al vespertino, los acreedores locales en cuestión están representados por BancoEstado, que aparece como acreedor de Latam por US$490 millones relacionados a bonos locales emitidos por la aerolínea, pero que es mandatado por los dueños de la deuda: los principales son la AFP Provida, MetLife, 4Life Seguros, AFP Cuprum, BICE Vida, Penta Vida, Vida Security, AFP Capital, Moneda Asset Management y la administradora de seguros de cesantía, AFC Chile. Todos representados por el estudio norteamericano Paul Hasting LLP.
BancoEstado y las firmas nacionales piden al juez que todas estas sociedades se consoliden en una, para así poder acceder a los recursos.
Cabe mencionar que en mayo del año pasado, Latam se declaró en quiebra en Estados Unidos, junto a todas sus subsidiarias, incluida Latam Finance. Con esto, todos los acreedores y bonistas, locales y extranjeros, se pusieron a la cola para ver cuánto podrían recuperar de sus inversiones.
La matriz de Latam habría traspasado, durante el proceso del Capítulo 11, US$1.300 millones a sus sociedades en paraísos fiscales, dejando la cantidad fuera de su alcance, ya que quien les debe dinero a los chilenos (el deudor) es la matriz de Latam y no estas otras sociedades.
“Nosotros no escatimaremos en ningún esfuerzo para recuperar el máximo de lo que se nos debe. Tenemos un mandato explícito al respecto”, aseguró Pascal Verbruggen, gerente de Inversiones de AFC Chile.
Desde AFP Provida agregaron que “hemos realizado solicitudes al Tribunal de Nueva York con el fin de obtener el mejor recupero posible de los fondos adeudados por Latam. Esto ha implicado no solo la contratación de abogados y asesores tanto en Chile como en EE.UU., sino también realizar todas las diligencias necesarias con el fin de cumplir nuestro rol fiduciario y proteger los ahorros de nuestros afiliados”.
Latam Airlines Group salió al paso de la petición de BancoEstado y las firmas chilenas. Los abogados de la aerolínea afirmaron que los balances de sus subsidiarias se dieron a conocer correctamente y dentro de los plazos del Capítulo 11.
“BancoEstado pide a la corte interrumpir los esfuerzos de Latam para formular y negociar un plan de reorganización con sus stakeholders para concentrar toda su atención en litigar una disputa especulativa”, declararon los juristas representantes del comité de acreedores Ad Hoc, que dice representar al 70% de los bonistas internacionales.
