En medio del cruce de declaraciones entre el gobierno saliente y el entrante, la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió a trámite un recurso de protección y dictó una orden de no innovar que suspende el proceso de licitación de contratos de explotación, exploración y beneficios del litio.

La acción judicial fue presentada hace algunos días por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, antes de que el Ministerio de Minería anunciara la adjudicación de 2 de los 5 cuotas que se ofrecían.

Cabe recordar que el Gobierno informó que estas dos cuotas, de 80.000 toneladas de litio metálico comercializable (LME) cada una, fueron adjudicadas a las empresas BYD Chile SpA (de capitales chinos) y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A (chilena, del Grupo Errázuriz).

Tras el anuncio, desde los partidos políticos de oposición anunciaron la presentación de acciones legales para paralizar el proceso, en donde incluso un grupo de parlamentarios recurrió a la Contraloría General de la República.

«Con carácter provisional se accedió a las ordenes de no innovar a fin de que mientras se tramitan los recursos se proceda a la paralización de los procedimientos de licitación y adjudicación, ordenes que dejaran de tener vigencia al momento de resolverse el fondo de lo debatido, conforme a lo que disponga la sentencia ejecutoria que haya que dictarse en esta causa», detalló Marcela Araya, ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó.

Asimismo, la decisión del Ejecutivo fue cuestionada por el Presidente electo, Gabriel Boric, quien la calificó como “una mala noticia para Chile”.

«Es una señal muy alentadora y demuestra que no estamos equivocados, en el sentido que esta licitación del litio adolece de serios vicios, de tal manera que la miramos con muy buenos ojos y esperamos que el requerimiento que presentamos en la Contraloría tenga el mismo curso de acción y sea acogido también», planteó tras conocerse la noticia el diputado del PS Jaime Naranjo.

Su par del PPD, Raúl Soto, valoró tremendamente «la valentía de la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que hizo lo que evitó la Corte de apelaciones de Santiago, conceder un recurso de protección fallando favorablemente una orden de no innovar para suspender y frenar esta ilegítima licitación del litio, que significaba un robo a mano armada a los chilenos y chilenas».

Y agregó: «Valoramos esta decisión. Todas las acciones, la presión política y social que se ha ejercido en los últimos días no quedarán en vano, y finalmente el litio será resguardado para Chile y para los chilenos, y tendremos la oportunidad de rediscutir como sociedad cuál es la estrategia que queremos para el futuro de nuestros recursos naturales, y en especial de éste que es tan estratégico, como lo es el litio».

La diputada RD Catalina Pérez manifestó, en tanto, que «es evidente la afectación de derechos de las comunidades que implica esta adjudicación. Los diversos recursos de protección y hoy el pronunciamiento de la corte han dado cuenta de ello. La decisión del Gobierno es un problema económico, estratégico, ambiental y de derechos que, sin duda, seguirá dando que hablar en las cortes de nuestro país».

Giorgio Jackson, asesor político del Presidente electo, también se refirió a la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Consultado por la prensa, el diputado RD afirmó que “no nos vamos a pronunciar respecto a medidas que hayan tomado tribunales. Nuestros equipos están recién analizando cuáles son las definiciones de la corte”.

Por otra parte, el parlamentario se refirió a las declaraciones del ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, quien aseguró que “nos juntamos con el equipo del Presidente electo y acordamos aspectos muy razonables (por la licitación del litio), que están transcritos en un acta hecha por ellos mismos. Todo eso lo acogimos”.

Al respecto, Jackson sentenció que «la primera solicitud, y por supuesto la más importante de todas las solicitudes que nosotros le hicimos al ministro de Energía, fue que creíamos que lo prudente era postergar el proceso de adjudicación. Esa fue una postura clara desde el primer momento y ustedes la han conocido también desde el primer momento, yo mismo de hecho el informe en este mismo lugar. Al mismo tiempo nosotros también proponíamos en una minuta de trabajo que tuvimos con el Ministerio Energía cuáles son puntos sensibles que nos parecían de la licitación, que creíamos debían de manera urgente ser mejorados. Eso no significa que nosotros hayamos concordado los términos de la licitación, por ningún motivo, y eso el ministro de Energía lo sabe. Nosotros lo que le hacíamos la solicitud es que esto sea postergado, fue la principal solicitud que se hizo desde el gobierno entrante, pero sabemos que las facultades del Ejecutivo hasta el 11 de marzo son del Presidente Piñera y sus ministros, y por lo mismo, yo al menos no creo que haya que seguir redundando en esto. Nosotros no estamos de acuerdo con que la adjudicación se haya hecho ahora, pero por cierto hay algunos aspectos que nos parecían muy graves dentro de la primera posibilidad licitación y algunos de esos puntos efectivamente fueron enviados en una minuta al ministro Jobet».

«Nuestra principal observación al ministro Jobet fue que esta adjudicación se postergara. Es cierto que hubo una minuta de trabajo para ver los detalles de aquellos aspectos que no nos gustaban de la licitación, pero aún así fue prerrogativa del Ejecutivo no acoger la principal solicitud que se hiciera desde el gobierno entrante, que no adjudicar, más allá de algunas recomendaciones que nos parecían las cosas que a primera vista eran la más vistosamente perjudiciales, y que pudieran o no ser recogidas. La principal, la anterior, la primera de todas era que esto fuera una decisión postergada, cosa que no acogió el gobierno saliente», añadió Jackson.

El diputado RN Francisco Eguiguren también salió al paso de la decisión del tribunal de alzada copiapino, pero sostuvo que «le restaría todo dramatismo a este fallo de la corte, que se ha pronunciado respecto a la forma en espera de pronunciarse respecto del fondo». A juicio del parlamentario oficialista, «la verdad es que en Chile las instituciones funcionan, y yo creo que el Gobierno debiera recurrir de reposición de este recurso, y que tengamos tranquilidad, las cosas van a ir decantando porque tengo la certeza de que éste ha sido un buen proceso, que ha estado visado con la toma de razón de Contraloría, que ha cumplido con todas las etapas que las bases se propusieron y que en fin, entre más transparencia y claridad haya, más viabilidad y más validez va a tener este proceso de licitación».

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Corte de Antofagasta también acogió recurso contra licitación del litio

Tras conocerse el dictamen desde Copiapó, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió a trámite un recurso de protección presentado por una comunidad indígena, en contra del presidente Sebastián Piñera y el Ministerio de Minería, también por la licitación del litio.

Esto porque, a juicio de la demandante, la Comunidad Atacameña de Coyo, habría una presunta vulneración de derechos en las que se incurriría de licitarse el metal a las dos empresas que se adjudicaron su explotación.

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