MERCADOS
Aseguran que el Gobierno no tiene a la fecha medidas concretas ni propuesta alguna para abordar la crisis en la que declaran encontrarse, por lo que han decidido congelar su participación en la instancia de trabajo compartida con el Ministerio de Salud. Cabe recordar que un fallo de la Corte Suprema determinó que todos los planes que actualmente ofrecen deben adecuarse según la tabla de factores del año 2019, orden que debería traducirse en la devolución de los pagos en exceso a los afiliados, lo que a juicio de las isapres complicaría más aún su actual panorama financiero. Por eso, el gremio de estas empresas le está pidiendo al Ejecutivo, representado por la Superintendencia de Salud, mayor celeridad para poder materializar el fallo. Desde el Minsal no se han pronunciado, respecto del congelamiento de la mesa. En tanto, Alejandro Torres, de la Escuela de Auditoría de la UV, enfatiza que en últimos diez años las aseguradoras privadas han obtenido ganancias por 200 millones de dólares y descarta que se encuentren en una situación de inminente quiebra.
A casi dos meses del fallo de la Corte Suprema y tras una nueva reunión de la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Salud (Minsal), las isapres de Chile se mostraron en alerta y preocupadas porque, según denuncian, el Gobierno «no tiene a la fecha medidas concretas ni propuesta alguna» para abordar la crisis en la que se declaran. Por esto, decidieron congelar su participación en dicha instancia de encuentro con el Ejecutivo.
Restan 120 días, conforme al plazo que entregó la Corte Suprema, para definir un mecanismo que evite el colapso de las Isapres, lo que, de acuerdo a las aseguradores, afecta a la red de salud completa. Pero, «la única propuesta que ha esbozado el Ejecutivo apunta a un paquete de reformas al Fonasa», critican.
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Dicha iniciativa, según señalan, no evitaría la quiebra de las Isapres, sino que traspasa a los afiliados al Fonasa, una vez que se haya desencadenado la caída del sector. A su juicio, tampoco previene el término de las coberturas de más de 3 millones de afiliados, sino que reacciona tardíamente.
Por ello, piden aclarar si la intención del Gobierno es «dejar caer el sistema privado de salud», lo cual creen que es un profundo error del que no quieren ser parte, pues «pone en riesgo la vida de personas y genera un daño inestimable a la red de prestadores de salud».
La Corte Suprema ratificó ayer que la Superintendencia de Salud debe cumplir el fallo, sin desbaratar el sistema privado de salud ni ponerlo en jaque, identificando el mecanismo más eficiente. Pero, para las isapres, «las acciones del Gobierno no solo han sido extemporáneas, también han dilatado la respuesta que se requiere para mantener las operaciones y responder a la incertidumbre que hoy afecta a los afiliados, prestadores, proveedores y trabajadores del área».
«Vemos con preocupación que los plazos corren y que cada día nos aproximamos a una debacle, cuyos alcances han sido alertados por médicos, prestadores, parlamentarios, expertos y organizaciones de pacientes. Sin embargo, el diagnóstico, la gravedad y sus consecuencias parecen ser aún ajenas para las autoridades», agregan.
La delicada situación que atraviesa el sistema de isapres es consecuencia de lo que denominan «vacío legislativo y de una judicialización desmedida, amparada en la demora de una reforma integral al sistema de salud». Insisten que cumplen con la norma vigente y las acuciosas fiscalizaciones (200 anuales, por institución), además de las instrucciones y solicitudes de información emanadas a través de circulares definidas por la autoridad regulatoria, en todos los aspectos de la operación.
«Creemos que la envergadura de este problema amerita la concurrencia de todos los poderes del Estado. Estamos disponibles y atentos para colaborar con las distintas autoridades de gobierno y legisladores, tan pronto exista una propuesta seria y viable que garantice la continuidad de las coberturas de salud de los afiliados y evite el deterioro de la red privada de salud», concluyeron.
El académico Alejandro Torres Mussatto, de la Escuela de Auditoría de la Universidad de Valparaíso (UV), sostuvo que el problema financiero de las isapres hay que mirarlo con una perspectiva más amplia, descartando que se encuentren en una situación de inminente quiebra o de insolvencia.
El académico explica que, si bien las isapres han registrado resultados negativos en el año 2021 y el 2022 hasta septiembre (aún no se publican los datos a diciembre en la Superintendencia de Salud), “no hay que olvidar que en una década las isapres han logrado ganancias por 200 millones de dólares y, de hecho, el único año en que registraron pérdidas previo a 2021-22 fue en el año 2016”.
Cabe recordar que las diferencias entre las aseguradoras privadas de salud y el gobierno tienen en vilo a los más de 3,2 millones de usuarios del sistema. ¿La razón? Un fallo de la Corte Suprema determinó que todos los planes que actualmente ofrecen deben adecuarse según la tabla de factores del año 2019, orden que debería traducirse en la devolución de los pagos en exceso a los afiliados, lo que a juicio de las isapres complicaría más aún su actual panorama financiero. Por eso, el gremio de estas empresas le está pidiendo al Ejecutivo, representado por la Superintendencia de Salud, mayor celeridad para poder materializar el fallo.
El experto en finanzas destaca que, si se analizan las series estadísticas y reportes financieros del sistema, publicadas por la propia Superintendencia de Salud, “los ítems publicidad y las remuneraciones y comisiones del personal de venta, suman más de 600 mil millones de pesos (equivalentes a 683 millones de pesos, considerando un dólar promedio de diciembre de 2022), que en cualquier empresa sería justificable. Sin embargo, es la lógica de mercado la que presiona a las isapres a incurrir en este tipo de costos, pues se hace necesario vender la mayor cantidad de planes posible y, como tal, hay que gastar en publicidad y remuneraciones y, sobre todo, en comisiones al personal de ventas. Pero las propuestas de planes de salud no necesariamente deberían homologar la estrategia de ventas de sectores como el retail”.
Para dimensionar esas cifras, el académico ilustra que “podemos considerar la inversión del Hospital Cordillera en la Región Metropolitana. Según cifras del Ministerio de Salud, dicho recinto tuvo una inversión de 168 mil millones de pesos, que representaron más de 92 mil metros cuadrados de infraestructura, más de 350 camas y una población beneficiada de cerca de un millón y medio de personas”.
Considerando lo anterior, opina que “el sistema requiere ajustes, con una reforma tan profunda como el sistema de pensiones, pues lo que está en juego finalmente es la seguridad social vista como algo integral y no resiste más medidas de corto plazo”.
“Cuando se habla de catástrofe en el sistema hay que ser cautos, pues es lógico que los dueños de las isapres intentarán defender su modelo de negocios con los argumentos que tengan a la mano. Por otro lado, hay que reconocer que el sistema no goza de buena imagen entre muchos de sus afiliados”, comenta el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UV.
Torres precisa que, de acuerdo con los últimos reportes financieros de las isapres, “estas presentan en sus activos más de 41 mil millones de pesos en efectivo y equivalente a efectivo (generalmente saldo en bancos, depósitos a plazo y fondos mutuos) disponible para el corto plazo y más de 264 mil millones en activos financieros. Si bien para esta última cifra no tenemos el detalle, en la mayoría de las empresas se trata de inversiones en instrumentos de deuda (bonos), renta variable (acciones) y derivados, entre otros”.
En resumen, arguyó el académico, “las cifras de las isapres nos muestran dos años de pérdidas para la empresas debido a dos períodos difíciles para la actividad, pero con recursos disponibles importantes tanto a nivel de dinero en efectivo como una serie de recursos invertidos que me llevan a sostener que la insolvencia es lejana aún».
