MERCADOS
Crédito: Agencia Uno
Las isapres afirmaron que “la metodología que pretende impulsar el Ejecutivo equivale casi a 100 años de utilidades. Es inviable”. “Incumple la promesa del Gobierno de proteger las coberturas de los beneficiarios”, agregaron.
El Gobierno del Presidente Gabriel Boric, a través de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, evitó definir plazos para la presentación del proyecto de ley corta de isapres y aseguró que será “pronto” y “cuando esté totalmente revisado”. Dichos que no dejaron contentos a las AFP.
De esta forma, el Ejecutivo buscaría garantizar que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, donde ordenó a las instituciones de salud privada aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, junto con fortalecer a Fonasa. Algo que para las isapres “conduce al colapso de gran parte del sistema privado de salud, perjudicando no solo a los afiliados, sino al sector salud completo”.
“Estimados los costos hacia el futuro, la metodología que pretende impulsar el Ejecutivo equivale a casi 100 años de utilidades. Es inviable, e incumple la promesa del Gobierno de proteger las coberturas de los beneficiarios, pues dichos montos son diez veces el patrimonio de las isapres y no pueden generarse, independiente de los plazos que se proyecten”, indicaron a través de un comunicado.
En la misma línea, las isapres afirmaron que la propia Corte Suprema, al fijar el nuevo criterio de operación, enfatizó “en que las soluciones no deben desbaratar el sistema privado”. “Pero la propuesta del Ejecutivo causa eso y más”, adicionaron.
“Restringirá el derecho constitucional de elección entre un sistema privado y uno público, empujando hacia un monopolio estatal de salud, de facto, muy lejos del ordenamiento requerido en la sentencia”, complementaron las aseguradoras.
Asimismo, expresaron que, reiteradamente, han informado al Gobierno sobre los posibles alcances y efectos “irreversibles” que tendría persistir en la propuesta, la que “no tiene lógica sanitaria ni persigue mejoramiento alguno”.
“No comprendemos, más allá de la captura política que ha marcado su definición, por qué se impulsa, aún a riesgo de menoscabar el acceso a la salud de todos los chilenos, haciendo partícipe al Congreso y pretendiendo endosarle responsabilidad en una eventual crisis sanitaria”, indicaron.
En vista de lo anterior, las isapres sentenciaron que la salud “debe pesar sobre cualquier consideración ideológica” y que “eso pasa por buscar un mecanismo que permita cumplir el fallo, manteniendo el funcionamiento del sector privado de salud”.
